viernes, 19 de marzo de 2010

DECLARACIÓN PÚBLICA DE GRUPOS DE OPOSICIÓN DE TRABAJADORES DE LAS SECCIONES 147 Y 288 DE MONCLOVA, COAHUILA. CONTRA LOS SERVILES "CHARROS" Y CONTRA LA INTROMISIÓN ILEGAL DE ALONSO ANCIRA Y AHMSA, Y DE ALTOS HORNOS, EN LOS ASUNTOS SINDICALES DE SUS SECCIONES

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALÚRGICOS, SIDERÚRGICOS Y SIMILARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA

A los trabajadores de las Secciones 147 y 288 de Monclova, Coahuila
A la empresa Altos Hornos de México, SA
Al Gobierno del Estado de Coahuila
A la Ciudadanía en General

19 de marzo de 2010

Prosiguen la empresa Altos Hornos de México, SA, AHMSA, y su director Alonso Ancira Elizondo, ejecutando el terrorismo empresarial que hace ya bastantes meses vienen practicando contra los auténticos trabajadores de Monclova y de la zona carbonífera de Coahuila, en vergonzosa violación de la autonomía sindical y de los derechos fundamentales de los obreros, con la total complicidad y servilismo de los líderes “charros” y espurios de las Secciones 147 y 288 del centro de trabajo monclovense.

La última cruel y perversa acción de AHMSA en confabulación con los líderes corruptos de esas dos Secciones locales, fue su intento de reprimir la auténtica voz de los trabajadores, los cuales, con el fin de denunciar esa complicidad, el domingo 14 de marzo se presentaron a una asamblea organizada por los líderes “charros”, preparada por éstos últimos para supuestamente analizar los ofrecimientos de AHMSA en la revisión de Contrato Colectivo que está en puerta.

Los genuinos trabajadores, pacíficamente y en uso de su libertad de expresión, intentaron volantear textos en que se denuncia el sometimiento de los líderes “charros” de las Secciones 147 y 288 a la empresa, pero entraron en acción golpeadores y guaruras a sueldo de AHMSA, bajo las órdenes directas de Juan Vaquera, a quien la empresa lo tiene como su empleado en la secretaría general de la sección 147. Los genuinos trabajadores que protestaban pacíficamente fueron golpeados y despojados de los volantes en los que con gran valentía y dignidad expresaban su punto de vista de manera pacífica.

Pero a mayor abundamiento, el siguiente día, lunes 15 de marzo, al tener prohibido AHMSA todo acto de propaganda aplicando la ley mordaza en los espacios de la empresa, donde pareciera que también los locales sindicales son propiedad de AHMSA, los trabajadores que protestaban se trasladaron a la Colonia Obrera II sector de Monclova con la misma intención pacífica de volantear sus puntos de vista, pero allí también fueron golpeados y despojados de los volantes por los mismos porros y maleantes, dirigidos por Ramiro Coronado, miembro del comité local de la 147.

Esa reunión del domingo 14, llamada “asamblea de decisión”, donde los trabajadores debían tomar una resolución sobre los ofrecimientos de AHMSA para la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo que está en puerta, pretendió ser manipulada por los “charros” de la 147, calificados como lambiscones de Ancira, pero mediante esa agresión contra auténticos trabajadores se les vino abajo el teatro falsamente democrático que habían montado. Pues además, ocurrió que del total de 3 mil 500 trabajadores que componen la Sección 147 solamente asistieron 150, CIENTO CINCUENTA afiliados, lo cual es una inasistencia que muestra contundentemente el repudio generalizado que expresa la base trabajadora contra los líderes “charros” que desde hace meses mangonean las Secciones 147 y 288, en obediencia a los dictados de Alonso Ancira.

El Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Mineros, habiendo sido enterado por los auténticos trabajadores de la intolerable situación que prevalece en las Secciones 147 y 288 contra los derechos obreros fundamentales, nos hace por este conducto un nuevo llamado fraternal a los miembros de la base trabajadora de Monclova y de la región carbonífera de Coahuila, para que con nuestra acción resuelta pongamos fin al dominio que ejercen hasta hoy los líderes “charros” de esas dos Secciones, que sólo son lacayos de Alonso Ancira y de AHMSA.

Asimismo, expresa que son viles calumnias las que los “charros” han lanzado contra los auténticos trabajadores que se les oponen y con hombría los denuncian. Los genuinos trabajadores interpretan el sentir de la base trabajadora y son valientes sindicalistas que ya no quieren que los corruptos líderes “charros” sigan mangoneando los asuntos de las Secciones 147 y 288, pues los resultados obtenidos por estos son absolutamente negativos para los trabajadores y sus familias.

AHMSA ha informado que ya “adelantó” el pago de utilidades de 7 mil pesos por trabajador, pero este es un chantaje de la empresa para tener controlada a la base trabajadora, pues este dinero es de cada uno de los trabajadores, quienes por anticipado ya se lo habían ganado. Hacemos notar, igualmente, que los comités de las dos Secciones mencionadas no han enviado los 6 pesos por trabajador que por acuerdos de asambleas se deben enviar como ayuda para las secciones en huelga, que haciendo las cuentas ascienden a una millonada, ya que deben contarse los 5 mil 800 trabajadores por 80 semanas aproximadamente. Asimismo los líderes corruptos de las Secciones 147 y 288 no están enviando el pago de cuotas al Comité Nacional, que suman otra millonada. Alertamos a la base trabajadora, que es honesta, sobre dónde está ese dinero y que están haciendo con él los líderes “charros”, y a que exijan una auténtica rendición de cuentas de parte de éstos.

El Comité Ejecutivo Nacional, igualmente, ha informado que está considerando la solicitud de los auténticos trabajadores de Monclova de revocar la justa sanción que el Consejo General de Vigilancia y Justicia les impuso a las dos Secciones mencionadas, provocada por los manejos corruptos y serviles de los “charros” que obedecen a Alonso Ancira y a AHMSA.

Insistimos en que, bajo la guía experta y honorable del compañero Napoleón Gómez Urrutia, nuestro Secretario General, sólo la unidad de los trabajadores hará posible alcanzar buenos y positivos acuerdos en beneficio de ellos y de sus familias, como había sido en el pasado, antes de que Alonso Ancira se entrometiera ilegal y gansterilmente en los asuntos de las Secciones 147 y 288, con la obediencia servil de los actuales “charros” y traidores al Gran Sindicato Nacional de Mineros.

Demandamos al gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdez, que recuerde el pacto de unidad que tuvimos el día 2 de septiembre de 2008, que fue precisamente a sugerencia de usted para que se diera en Monclova, Coahuila una paz laboral y una paz social y que no solape a este empresario que siembra el terror entre las familias de los trabajadores. Asimismo, a que no abandone a la clase trabajadora, a la cual acudió en demanda de su voto y se le dio. Que obligue a AHMSA a sacar las manos de los asuntos sindicales que son competencia exclusiva de los trabajadores, quienes no merecemos una represión política empresarial. Ni en Monclova ni en Coahuila ni en el país debe haber caciques, ni corruptores de la base trabajadora.

Grupos de Oposición de Trabajadores de las Secciones 147 y 288 de Monclova, Coahuila

jueves, 18 de marzo de 2010

EXIGE GÓMEZ URRUTIA A LA PROCURADURÍA DEL DF CORREGIR SU PÁGINA DE INTERNET EN LA QUE ABSURDAMENTE SE LE ACUSA DE PRÓFUGO

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALÚRGICOS, SIDERÚRGICOS Y SIMILARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA

--BOLETÍN INFORMATIVO—

22/2010
Jueves 18 de marzo de 2010

*Exige Gómez Urrutia a la Procuraduría del DF corregir su página de internet en la que absurdamente se le acusa de prófugo.

*Son múltiples las exoneraciones que NGU tiene a su favor de parte de jueces y tribunales contra acusaciones ilegales que se le han hecho; o sea, NO HAY NINGÚN DELITO QUE PERSEGUIR CONTRA ÉL.

*Su demanda es que se deje de afectar su honra, ahora en internet, repitiendo la persecución perversa que ha sufrido estos años.

La defensa legal del Sindicato Nacional de Mineros demandó en esta fecha a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, PGJDF, que se excluya de una vez y en definitiva, el nombre de Napoleón Gómez Urrutia de la página internet de esa dependencia judicial capitalina, en la que errónea y falsamente se establece que está entre “los más buscados” de quienes han cometido delitos, precisamente porque múltiples jueces y tribunales han determinado, tras intensas, repetidas y sólidas averiguaciones y sentencias, que no hay delito que perseguir en su contra ni en contra del Sindicato Nacional de Mineros.

Respetuosamente, la defensa legal del Sindicato Minero señala la “inconsistencia de la posición del Ministerio Público del DF”, que lleva a esa instancia legal a asentar una información equivocada, que contradice absolutamente las determinaciones previas de la propia PGJDF en las cuales se exonera de manera concluyente a Gómez Urrutia y coacusados de haber cometido cualquier delito en relación con el Fideicomiso Minero. “Hay, dijo la defensa legal del Sindicato Minero, incompatibilidad con su inclusión en la lista de los que llama ‘los más buscados’”.

Y aporta Gómez Urrutia los siguientes hechos jurídicos inatacables:

1.- En otro Apartado de esta demanda, bien claro he dejado que el Ministerio Público se pronunció en reiteradas ocasiones determinando que exactamente los mismos hechos y conductas no son delictivos, por lo que resuelve en ejercicio de sus facultades y atribuciones no ejercer acción penal. Por lo tanto, NO existe pretensión punitiva estatal en contra mía.

2.- Ahora bien, a pesar de esas resoluciones de la unidad del Ministerio Público, subsiste en su página institucional de Internet una fotografía del suscrito entre “los más buscados”.

2.1.- Tal aberración se erige en un claro contrasentido en tanto que esta Procuraduría ya determinó como no delictivas las conductas que se me imputaron.

3.- Ello, al margen de que nadie debe de buscarme: Estoy en Canadá, dispuesto a enfrentar cualquier petición en este país y confrontar a toda acusación desde México en los Tribunales.

4.- Conviene además recordar el Acuerdo de fecha 30 de marzo de 2009 dictado por el Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Investigación D-2 de la Fiscalía para Delitos Financieros de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales que le fuera presentado al propio JUEZ QUINCUAGÉSIMO PRIMERO EN MATERIA PENAL EN EL DISTRITO FEDERAL por el Ministerio Público Adscrito al Juzgado mediante escrito fechado el 1º de abril de 2009:

Afirma la Representación Social, esto es, el Ministerio Público, que NO EXISTE SIQUIERA QUERELLA DE PARTE OFENDIDA. Lo que es más, se pronuncia expresamente en el sentido de que el fideicomiso y sus recursos fueron legalmente manejados. Remata que una vez ingresados los recursos a las cuentas bancarias del Sindicato tenía plena disposición.

Afirma también la Representación Social que los denunciantes no sufrieron daño alguno. Es preciso el Ministerio Público en señalar que el único fideicomisario es el Sindicato. Dice con toda claridad que los denunciantes no reúnen la calidad de sujeto pasivo, ni mucho menos se administró su patrimonio (ya que reclaman sobre bienes que les son ajenos).

Lo que es más, al Ministerio Público le resulta y así lo dice IMPROCEDENTE FORZAR LA CONCATENACIÓN DEL HECHO A LA EXIGENCIA DEL TIPO PENAL POR TANTO, HABRÁN DE ENCUADRARSE SIN FORZADURAS E INTERPRETACIONES JURÍDICAS ABERRANTES.

Concluye el Ministerio Público afirmando que no se justificó el requisito de querella; no hay delito alguno, los hechos son atípicos; las conductas plenamente legales.

Las peticiones legales de la defensa de Napoleón Gómez Urrutia se reducen en esta ocasión a sólo una:

1.- Que se me excluya de inmediato de la página institucional de Internet del listado de “los más buscados”, ya que con ello se pretende afectar mi honra.

En su escrito de fecha de hoy al Procurador General de Justicia del Distrito Federal, Napoleón Gómez Urrutia le detalla los hechos resultantes del largo periodo en que ha sido injusta e ilegalmente acusado por delitos que nunca cometió.

Ofrecemos a continuación la relación detallada y explícita de esos hechos jurídicos desenvueltos en este proceso legal:

C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.

P r e s e n t e.

NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA, actuando por propio derecho, reiterando la designación de defensores que he hecho en los amplios términos del artículo 20º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a favor de los abogados Marco Antonio Del Toro Carazo, Luis Campos Carriedo, Luis Ricardo Chávez Coronado, José Everardo López Serratos y Jorge Montoya Rodríguez, señalando como domicilio para recibir cualquier notificación el ubicado en la calle José María de Teresa, número 25, colonia Campestre San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01040, en México, Distrito Federal, respetuosamente le expongo:

En primer término, y con el ánimo de alcanzar una mayor claridad en el planteamiento jurídico materia del presente escrito, he de proporcionarle los antecedentes necesarios para ello.

I.- ANTECEDENTES: PRIMERA APROXIMACIÓN AL PROBLEMA.

1.- Exactamente por los mismos hechos, se iniciaron en la Fiscalía Central en Investigación para Delitos Financieros, tres distintas averiguaciones previas en la Procuraduría a su digno cargo, a saber:

FDF/T/T1/854/07-11, FDF/T/T3/794/08-10 y FDF/T3/884/06-12.
1.1.- En las tres distintas indagatorias tuve el carácter de indiciado por la supuesta comisión de los delitos de fraude, administración fraudulenta y asociación delictuosa.

En todas ellas de manera indebida se me imputó la ilegal modificación y extinción de un fideicomiso en Scotiabank Inverlat, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S. A. de C. V., institución fiduciaria del Fideicomiso número 10964526 (antes 9645-2)- (el Fideicomiso Minero), así como un supuesto mal manejo de los fondos del mismo una vez extinguido. Lo anterior sintetiza la imputación.

1.2.- Las tres averiguaciones previas concluyeron con sendas resoluciones firmes de NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL (dos de ellas incluso después de haberse agotado amparo indirecto por los supuestos ofendidos y la otra firme también por no haber mediado impugnación). Todas ellas surgen a partir de la premisa de que: A) No hubo delito, no se cometió delito alguno; B) No hay víctimas, quiénes se ostentaron como tales no reúnen dicha calidad; C) No existe daño patrimonial; D) Los entonces indiciados (incluyendo, claro ésta, al suscrito), no incurrimos en conducta típica, por el contrario nuestras acciones fueron ajustadas a Derecho; E) No hay lesión patrimonial, no hay resultado material; F) No hay querella. G) Toda erogación realizada se llevó a cabo en ejercicio de la autonomía sindical reconocida por el Convenio 87 de la Organización del Trabajo, suscrito por México y por ende Ley Suprema.

2.- Por otra parte, en el Estado de San Luis Potosí, el Ministerio Público de aquella entidad federativa integró también averiguación previa exactamente por los mismos hechos a los que originaron las averiguaciones previas FDF/T/T1/854/07-11, FDF/T/T3/794/08-10 y FDF/T3/884/06-12 de las que conoció la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y por las que se resolvió, insisto, no ejercicio de la acción

2.1.- Tal averiguación previa potosina fue objeto de ejercicio de acción penal. Producto de ello, el Juez Quinto del Ramo Penal en San Luis Potosí dictó orden de aprehensión por dichos hechos; aquellos que, como he dicho, ya dieron lugar a que cesara la pretensión punitiva estatal ante la determinación ministerial de inexistencia de delito.

2.2.- Producto del cumplimiento de sentencias concesorias de amparo, la entonces autoridad judicial responsable potosina, procedió al acatamiento de tales Ejecutorias y lo hizo precisamente declarándose incompetente a favor del Distrito Federal.

2.3.- En consecuencia, el asunto fue radicado en el Juzgado 18º Penal en el Distrito Federal, quién aceptó la competencia.

2.4.- Es el caso, que mi coacusado Juan Linares Montúfar fue aprehendido y puesto a disposición de la Juez 18º precitada; iniciando así el plazo constitucional que fue duplicado a petición de su defensa.

2.5.- Fenecido el plazo constitucional ampliado, la juzgadora resolvió el pasado 14 de diciembre de 2008 decretar auto de libertad por falta de elementos para procesar, quedando la causa penal bajo los efectos del artículo 36 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal.

2.6.- Aún cuando el Ministerio Público del Distrito Federal ya había resuelto para entonces el no ejercicio de la acción penal por los mismos e idénticos hechos que dieron lugar al auto de libertad del Juzgado 18º; tal autoridad ministerial incurrió en el contrasentido de impugnarlo mediante recurso ordinario de apelación.

2.7.- Correspondió conocer del recurso a los Magistrados de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, quiénes con fecha 8 de mayo de 2009 resolvieron confirmar el auto impugnado por ser este legal.

2.8.- Una vez que quedó firme el auto de libertad, se remitieron copias certificadas de la causa penal a la Fiscalía Central de Investigación de Delitos Financieros de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para el efecto de que se continuara con la integración de la averiguación previa (artículo 36 CPPDF).

2.9.- El pasado 6 de agosto de 2009 se propuso por la Representación Social el NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL con relación a dicha indagatoria (FDF/T/T2/0610/07 derivada de la causa penal 79/2007 del Juzgado 18º Penal).

2.10.- El día 17 de agosto de 2009, la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador aprobó la propuesta de no ejercicio de la acción penal, y con fecha 1º de septiembre de 2009 feneció el plazo para la interposición de recurso de inconformidad sin haberse presentado este. Por ende, se concluyó en definitiva con el asunto en cuestión.

2.11.- Las razones que fueron legalmente invocadas como sustento de la resolución firme de no ejercicio de la acción penal coinciden esencialmente con aquellas que dieron lugar a las resoluciones ministeriales –también de no ejercicio de la acción penal-, a que hice referencia con antelación respecto de las indagatorias FDF/T/T1/854/07-11, FDF/T/T3/794/08-10 y FDF/T3/884/06-12. Esto es: A) No hubo delito, no se cometió delito alguno; B) No hay víctimas, quiénes se ostentaron como tales no reúnen dicha calidad; C) No existe daño patrimonial; D) Los entonces indiciados (incluyendo, claro ésta, al suscrito), no incurrimos en conducta típica, por el contrario nuestras acciones fueron ajustadas a Derecho; E) No hay lesión patrimonial, no hay resultado material; F) No hay querella. G) Toda erogación realizada se llevó a cabo en ejercicio de la autonomía sindical reconocida por el Convenio 87 de la Organización del Trabajo, suscrito por México y por ende Ley Suprema.

2.12.- Por otra parte, producto de sentencia de amparo la Juez 18º dictó NEGATIVA DE ORDEN DE APREHENSIÓN respecto de aquella dictada al suscrito. Tal resolución fue apelada y confirmada por la propia Segunda Sala del TSJDF. En vista de ello, esta Procuraduría también resolvió confirmar el que no es necesario realizar diligencias adicionales ante la inexistencia de delito.

3.- De lo hasta aquí dicho, resulta que tenemos claro que el Ministerio Público –que guarda una unidad-, ha resuelto cinco distintos asuntos cuya imputación fue exactamente la misma y cuyos hechos son también los mismos. Lo anterior pone de manifiesto que cesó en definitiva la pretensión punitiva estatal ya que se determinó en cuatro indagatorias el no ejercicio de la acción penal por los mismos hechos.

4.- Por otra parte, he de referir ahora que el Ministerio Público del Estado de Sonora también integró averiguación previa por EXACTAMENTE LOS MISMOS HECHOS –IDÉNTICOS- a los que me he venido refiriendo con antelación y que el Ministerio Público (titular constitucional de la acción penal que monopoliza), ya determinó como no delictivos de manera firme y formal.

4.1.- Tal autoridad ministerial sonorense, procedió a ejercer acción penal ante la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Estado de Sonora.

4.2.- Tal autoridad judicial sonorense dictó orden de aprehensión en la causa penal 203/2006.

4.3.- Producto de sentencias de amparo firmes, se declaró la incompetencia de la autoridad judicial sonorense a favor del Distrito Federal.

4.4.- Fue así, que el asunto se radicó en el Juzgado 51º Penal del Distrito Federal.

4.5.- Es el caso, que en cumplimiento a Ejecutoria de Amparo de mi coacusado JOSÉ ÁNGEL ROCHA PÉREZ, dicho Juez 51º negó finalmente la orden de aprehensión dictada en su contra.

4.6.- En contra de dicha resolución y a pesar de que los hechos materia del asunto que nos ocupa son exactamente los mismos a los que he referido y que fueron determinados como no delictivos por el Ministerio Público, dicha Representación Social presentó recurso de apelación contra la negativa de orden de aprehensión.

4.7.- El recurso se radicó en la 9ª Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y se identificó con el número de Toca de Apelación 196/2008.

4.8.- Pues bien, resulta que los Magistrados de la 9ª Sala Penal resolvieron confirmar la negativa de orden de aprehensión, dejando muy en claro que A) No hubo delito, no se cometió delito alguno; B) No hay víctimas, quiénes se ostentaron como tales no reúnen dicha calidad; C) No existe daño patrimonial; D) Los entonces indiciados (incluyendo, claro ésta, al suscrito), no incurrimos en conducta típica, por el contrario nuestras acciones fueron ajustadas a Derecho; E) No hay lesión patrimonial, no hay resultado material; F) No hay querella. G) Toda erogación realizada se llevó a cabo en ejercicio de la autonomía sindical reconocida por el Convenio 87 de la Organización del Trabajo, suscrito por México y por ende Ley Suprema.

4.9.- Esencialmente la 9ª Sala coincide con las cuatro resoluciones de no ejercicio de acción penal dictadas por el Ministerio Público en averiguaciones previas cuyos hechos y conducta imputada es exactamente la misma a la que fue materia de la sentencia de apelación.

4.10.- Como consecuencia de lo anterior, el asunto dio lugar a que se dictara sendo Acuerdo de fecha 30 de marzo de 2009 dictado por el Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Investigación D-2 de la Fiscalía para Delitos Financieros de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales que le fuera presentado al propio JUEZ QUINCUAGÉSIMO PRIMERO EN MATERIA PENAL EN EL DISTRITO FEDERAL por el Ministerio Público Adscrito al Juzgado mediante escrito fechado el 1º de abril de 2009.

4.11.- El pronunciamiento ministerial hecho conforme al artículo 36 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, materializado en el Acuerdo de fecha 30 de marzo de 2009 citado ut supra, reitera que A) No hubo delito, no se cometió delito alguno; B) No hay víctimas, quiénes se ostentaron como tales no reúnen dicha calidad; C) No existe daño patrimonial; D) Los entonces indiciados (incluyendo, claro ésta, al suscrito), no incurrimos en conducta típica, por el contrario nuestras acciones fueron ajustadas a Derecho; E) No hay lesión patrimonial, no hay resultado material; F) No hay querella.

4.12.- Ante ello, el suscrito promoví incidente de sobreseimiento de la causa penal. El Juez 51º Penal negó la procedencia del sobreseimiento planteado. Sin embargo, la Novena Sala del TSJDF resolvió en apelación planteada por mi defensa el resolver con eficacia de cosa juzgada la procedencia del sobreseimiento planteado. Por ende, se canceló el mandamiento de captura librado en mi contra ya que UNA VEZ MÁS, bien claro quedó –y de manera firme-, la inexistencia de delito.

5.- De lo dicho, no queda ni el menor asomo de duda de que la postura del Ministerio Público ha sido consistente en los distintos asuntos (todos por los mismos e idénticos hechos y conductas imputadas), en el sentido de que no se cometió delito alguno. Tales determinaciones ministeriales tienen pleno sustento jurídico de conformidad con los artículos 21 de rango constitucional; 1, 2, 3, 4 y 5 del Código Penal para el Distrito Federal; 3, 9 bis fracción IX, 122, 124, 246 y 261 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal; 2 fracción II, 3 fracción X inciso a), 20 y 21 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; 1°, 10, 13 fracción I y II; 15, 18, 20, 30 fracción II y 74 fracción II y IX de su Reglamento; 20 fracción I, 52, 60 fracción I y II; 64, 66, 67 y Décimo quinto Transitorio del Acuerdo A/003/99, emitido por el C. Procurador General de Justicia del Distrito Federal.

ARTÍCULO DE GERARDO FERNÁNDEZ CASANOVA: "LA BATALLA ESTÁ EN EL TEMA LABORAL"

LA BATALLA ESTÁ EN EL TEMA LABORAL

Gerardo Fernández Casanova

“Que el fraude electoral jamás se olvide”

El régimen espurio, a través del troglodita a cargo de la secretaría del trabajo, anuncia que, ahora sí, se llevarán al congreso las propuestas de reforma a la Ley Federal del Trabajo que atenderán al reclamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) para “flexibilizar” las condiciones del mercado laboral. En la reunión de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (CONCANACO) Javier Lozano Alarcón, alias el Porro o el Perro, formuló el anuncio flanqueado por el inefable Claudio X. González, preclaro prestanombres de la muy desprestigiada Kimberly Clark y por el no menos desprestigiado líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) el multimillonario Joaquín Gamboa Pascoe. En su brillante exposición, Alarcón (también conocido como el “coopelas o cuello”) advirtió que la propuesta no sería aprobada por consenso, sino por mayoría sumando los votos de PRI, PAN, Verde y PANAL, pero que ya había sido “consensuada” con las organizaciones sindicales “más serias, responsables y sensatas, que han ayudado a mantener la paz laboral, como la CTM y la CROC.” Desde luego que lo dicho supone que las organizaciones “rijosas” que han despertado del sueño de los justos y roto la paz de los sepulcros, así como los partidos de la misma índole que los acompañan, harán sus acostumbrados berrinches, incluidas las tomas de tribuna, para tratar de rehuir a la modernidad.

Nuevamente, y también por casualidad, el Grupo de Directores del FMI publica su análisis anual sobre la economía mexicana, en el que felicita al régimen por su atinada gestión ante la crisis mundial y por el golpe a Luz y Fuerza del Centro, y le insta para seguir adelante en la flexibilización de la ley laboral y en la privatización de la energía, al efecto de lograr la tan anhelada competitividad. Por lo menos eso se entiende de la declaración que aparece en la página electrónica del FMI que, por cierto, está etiquetada como “versión pública”. Vaya usted a saber lo que diga la versión privada del documento, pero es de advertirse que lo que aparece como recomendación adquiera tintes de mandato. Vale la pena anotar que, a diferencia de lo hecho por los gobiernos de Argentina Brasil y Venezuela, México se mantiene como deudor y, por tanto, esclavo, del FMI.

Considero relevante comentar ambas informaciones como antecedente para comprender lo que está sucediendo en el medio laboral mexicano; son importantes para interpretar lo que sucede con los sindicatos de electricistas y mineros, no sólo como capricho del régimen espurio y obsecuencia a los caprichos de empresarios voraces, sino como una decisión política de allanarse a los dictados del gran capital internacional expresados por la vía del FMI.

El gran objetivo global es abaratar el costo de la mano de obra de manera de potenciar la capacidad de la economía para recuperar el terreno perdido en la velocidad y magnitud de la acumulación de capital. La llamada competitividad no significa otra cosa que la aplicación de medidas que reduzcan el costo laboral de manera de competir en el mercado internacional sin merma del nivel de rentabilidad del capital. Ello lleva implícito el abandono del objetivo del pleno empleo y del estado de bienestar, para colocar a la gran masa trabajadora en condición de desventaja ante la clase patronal, a quien ahora tiene que mendigar para obtener una oportunidad de trabajo decente y, como consecuencia, la destrucción de los instrumentos de defensa de los trabajadores: el sindicato y el derecho de huelga. Es el regreso a las condiciones decimonónicas de explotación de los trabajadores.

Cuando Alarcón elogia a la CTM y a la CROC como organizaciones serias, responsables y sensatas, que han ayudado a mantener la paz laboral, no está haciendo más que destacar su capacidad de desvirtuar su finalidad de defensa de los intereses legítimos de sus agremiados, en términos de allanarse a los afanes que los violentan. En contrapartida, emplea todo el peso del estado para perseguir a los líderes que expresan una actitud diferente y que se mantienen en el “obsoleto” afán de procurar un equilibrio eficaz en las relaciones obrero patronales. Para los primeros, las tomas de nota se otorgan sin chistar a manera de ahogar la disidencia contra los líderes charros (Gordillo, Deschamps, etc.) mientras que para los segundos son negadas en beneficio de las disidencias que garanticen “seriedad”.

Este martes se entabló la huelga del SME por la revisión del contrato colectivo de trabajo con LyFC en razón de su vencimiento. Es una medida política, amparada en la legalidad y en la legitimidad. La materia de trabajo persiste, independientemente de la ilegal extinción por decreto de la empresa; el patrón sustituto es quien absorbió la prestación del servicio público y, por consiguiente, las obligaciones en materia laboral. Están en lo justo y en lo legal. En respuesta, el régimen lo desconoce y lo reprime en descarada violación del estado de derecho por el que tanto propugnan. Entre la fuerza de la represión y la de las triquiñuelas extralegales, el perro de Calderón (ambas acepciones son válidas) se solaza convocando a la unidad nacional. Igual sucede con los mineros, a cuyo sindicato pretende, hasta ahora infructuosamente, destroncar.

Lo importante es que el pueblo está despertando y acompaña a los trabajadores en sus luchas. Me llama la atención que los estudiantes universitarios y politécnicos están retomando su vocación libertaria y de lucha. La cosa está caliente.

Correo electrónico: gerde999@yahoo.com.mx

miércoles, 17 de marzo de 2010

SINDICATOS PIDEN AL FONDO DE PENSIONES DE NORUEGA DESPRENDERSE DE LAS ACCIONES DE GRUPO MÉXICO

SINDICATOS PIDEN AL FONDO DE PENSIONES DE NORUEGA DESPRENDERSE DE LAS ACCIONES DE GRUPO MÉXICO

Dos federaciones mundiales de sindicatos cuyos afiliados representan sobre 45 millones de trabajadores, junto con cuatro sindicatos noruegos, han pedido al Consejo de Ética del Fondo de Pensiones del Gobierno de Noruega desprenderse de sus activos en el conglomerado minero mexicano Grupo México debido a alegatos de violaciones laborales y ambientales.

La Federación Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Química, Energía, Minas y en General (ICEM) y la Federación Internacional de Trabajadores del Metal (FITIM) enviaron una carta pidiendo el retiro de la inversión al Consejo de Ética, que está encargado de la supervisión responsable de las inversiones del Fondo de Pensiones del Gobierno, el segundo fondo de pensiones más grande del mundo. El Grupo México está acusado de violaciones a los derechos laborales, de destrucción ambiental y de fraude de accionistas. La carta también pide el retiro de inversiones de Southern Copper, una subsidiaria totalmente propiedad del Grupo México.

“Estamos apoyando esta acción en nombre de los sindicalistas de México para llamar la atención de abusos extremos del Grupo México y pedir al Consejo de Ética que descarte al Grupo México como un inversionista de acuerdo con los muy altos estándares del Fondo y de la ley Noruega,” dijo Arve Bakke, Presidente del sindicato Fellesforbundet. “El bienestar de futuras generaciones en Noruega no debe ser invertido en compañías que sistemáticamente atacan a los sindicatos y dañan el ambiente, como Grupo México lo ha hecho.”

Manfred Warda, Secretario General de la ICEM, declaró, “Tenemos sindicatos mineros nacionales en cerca de 60 países, y en ningun lugar habiamos encontrado un comportamiento mas despreciable que el mostrado por Grupo México.

“El evidente intento del Grupo México de aplastar al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM o Los Mineros) y todas las violaciones a los derechos de los trabajadores a asociarse libremente y a negociar colectivamente como lo define la Organización Internacional del Trabajo son los argumentos básicos establecidos en la carta para retirar las inversiones.

“Las prácticas ilegales del Grupo México, desafortunadamente apoyadas por el corrupto gobierno mexicano, incluyen la incautación de activos del sindicato, tratar de reemplazar al sindicato legitimo por uno seleccionado por la compañía, y el lanzamiento de una prolongada campaña de represión contra el liderazgo del sindicato,” dijo Jryki Raina, Secretario General de la FITIM.

En agosto de 2007, el gobierno y el Grupo México obligaron a trabajadores en ocho minas a unirse a un sindicato patrocinado por la compañía usando “elecciones” en las cuales los trabajadores tuvieron que votar públicamente en frente de su patrón. Un líder sindical ha estado encarcelado sin fianza desde diciembre de 2008. También hay alegatos creíbles de que el Grupo México es responsable de las muertes violentas de dos trabajadores en dos ocasiones separadas.

A pesar de estos ataques, los Mineros continúan negociando incrementos salariales a través del país, que en promedio duplican el tope salarial impuesto por el gobierno, lo que los sindicatos creen es la mayor motivación de los ataques del Grupo México. Es especialmente digno de hacer notar que Los Mineros mantienen relaciones laborales sin confrontaciones con la mayoría de los patrones y tiene cerca de 70 contratos colectivos con patrones multinacionales como Goldcorp, Bombardiery Arcelor Mittal.

La compañía es acusada de muchas violaciones de salud y seguridad en la mina de Pasta de Conchos, donde 65 trabajadores murieron en una explosión en 2006, y en la mina de cobre en Cananea, donde los trabajadores están en huelga desde julio de 2007.

Estudios de operaciones de fundición de Grupo México en México iluminan el vergonzoso registro ambiental de la compañía, donde niveles anormales de minerales tóxicos, tales como plomo, zinc, cobre, cadmio, mercurio y magnesio fueron encontrados entre la población en general, incluyendo altos niveles de arsénico y cadmio entre los niños. En Perú, el Grupo México ha forzado a pagar cientos de millones de dólares para remediar su contaminación del agua y del aire. En Chile, la compañía ha sido acusada de desarrollar un proyecto minero en tierras indígenas sin la consulta con los nativos locales o la evaluación del daño ambiental.

De acuerdo con fuentes citadas por los sindicalistas que presentaron la carta, el costo para los accionistas de Grupo México por las abismales prácticas laborales exceden los $ 3 billones (USD), por encima de los cientos de millones requeridos para remediar la destrucción ambiental de la compañía en Perú. El Grupo fue condenado por un tribunal de EEUU en 2009 por defraudar a los accionistas en una subsidiaria totalmente de su propiedad. Otra subsidiaria ha sido vinculada con el tráfico de drogas.

El Sistema Covalence Ethical Quotation , que averigua sobre la reputación ética de las empresas multinacionales, pone al Grupo México en el lugar 573 de un total de 581 compañías mundiales en 2009.

Los sindicatos y federaciones laborales que presentan la solicitud de retirar la inversión anticipan que el Consejo de Ética investigará a fondo la información y tomará una decisión conveniente para retirar la inversión.

Los Mineros están afiliados tanto a la ICEM como a la FITIM. Los sindicatos noruegos que firman la petición incluyen a Fellesforbundet, Handel og Kontor i Norge, Industri Energi y Norsk Arbeidsmandsforbund.

La ICEM representa 467 sindicatos en 132 paises y la FITIM aglutina mas de 200 sindicatos en 100 paises.

lunes, 15 de marzo de 2010

ASIMETRÍAS: LA HUELGA POLÍTICA NACIONAL

ASIMETRÍAS: LA HUELGA POLÍTICA NACIONAL

Por Fausto Fernández Ponte
Agencia Mexicana de Información: 15 de Marzo de 2010

“Por medio de la huelga… se han obtenido rectificaciones en la conducción política global del Estado”.

Rodrigo Borja
Pensador, jurista y político ecuatoriano.

I

El sindicalismo independiente mexicano ha convocado a una huelga política nacional a realizarse el martes 16 del mes que corre. A esa convocatoria han respondido no pocas vertientes del los movimientos sociales a favor de modificar el muy crítico statu quo .

Ese statu quo, no es pueril señalarlo, es de opresión de los estratos societales económicamente marginados y, a la vez, oprimidos políticamente dada la espuriedad de sus representantes formales en el poder político del Estado mexicano.

Esa ausencia de representación real de los trabajadores mexicanos en el poder político el Estado –un fenómeno que no es nuevo, sino que se remonta al apogeo de la “dictadura perfecta”, una de simulación-- los ha convertido en parias.

Emblemático de ello son las actuaciones oficiales de los personeros del poder político del Estado, devenidos de las entrañas de un régimen de partidos políticos que actúan cínicamente como grupos facciosos de interés y de presión.

En ese régimen, los partidos políticos opuestos a los intereses verdaderos de sus militantes de a pie y, en general, a los de la población y la ciudadanía del país. No son partidos políticos de masas, sino de élites que promueven su perpetuación en el poder.

Por definición estadística e incluso sociológica, la ciudadanía mexicana está conformada en su grueso mayoritario por trabajadores de variopinta laya y estrato societal, predominando aquellos de las llamadas capas sociales populares.

II

Ésas capas son las que en las ciencias sociales y políticas suélense identificar como proletariado, compuesto por aquellas personas que se ven forzadas a vender su fuerza de trabajo según las leyes artificiales –por lo general arbitrarias-- de un mercado laboral.

La fuerza de trabajo que es vendida por la inmensa mayoría de la ciudadanía se extiende en México (y en países con enorme población económica y políticamente marginada) y arriba otros estratos demográficos como el de los niños.

Los niños venden –si acaso— su fuerza de trabajo y su propio cuerpo, en un mercado monstruosamente creciente de humanos cuya trata abarca también a las personas de sexo femenino; ese es el execrable tráfico de humanos, muy extendido en México.

Bajo las premisas ya descritas, los trabajadores somos todos, independientemente de las modalidades y tasas o precios en los que vendamos cada uno su fuerza de trabajo --que puede ser general o especializada, manual o física o intelectual-- en gradación varia.

Empero, el mercado laboral está deprimido, pero esa condición es consecuencia de (1) la filosofía que inspira y determina las actuaciones de los personeros panistas y priístas del poder político del Estado y, por tanto, a éste mismo, y (2) su naturaleza.

Así, por su filosofía y naturaleza, el poder político del Estado tiene actuaciones de diseño criminógenos y aplicación franca, impune y cínicamente antisocial. En esa subcultura aberrante se insertan la brutal persecución a sindicatos independientes.

III

La filosofía del poder político del Estado mexicano es la que conócese como neoliberal, lo que da forma a la naturaleza de éste, que es plutocrática, para servir a la gran oligarquía, lo cual agravia a los trabajadores; es decir, agravia a las mayorías.

La huelga política nacional convocada es un instrumento –como lo es la huelga laboral-- de presión sobre el poder para obligar a éste a ceder a las demandas ciudadanas. Una huelga requiere motivaciones y organización; ambas están allí.

¿Por qué se le identifica a ésta huelga nacional como política? Por principio, es una acción política; ese atributo ciudadaniza la búsqueda de objetivos reivindicadotes dadas las convergencias de motivaciones y organización. Es una acción política de masas.

Ello le otorga a dicha acción política el carácter de movilización popular cuyo objetivo trasciende la protesta mera y accede al estadio de la exigencia social de revertir decisiones del poder político que atentan severamente contra los intereses de casi todos.

¿Atenderá el poder político del Estado mexicano esas justísimas demandas sociales de gran representatividad y envergadura? A la luz de la experiencia reciente, es probable que no. Pero esa negativa tendrá sin duda graves consecuencias para el propio poder.

CANANEA PODRÍA ARDER OTRA VEZ

Forum 197. Marzo de 2010. Edición sólo electrónica.  www.forumenlinea.com

CANANEA PODRÍA ARDER OTRA VEZ

Roberto Robles Garnica*

Morelia, Michoacán.— Recordemos: El primero de junio del 2006 se cumplió el centenario de la huelga de los mineros de Cananea. El patronal Grupo México intentó impedir la conmemoración del aniversario de los mártires de Cananea; en respuesta a éste y otros agravios violatorios del contrato colectivo de trabajo, los trabajadores de la mina iniciaron una huelga, y lucharon junto a los de La Caridad de Nacozari, La Calera en Agua Prieta y los siderúrgicos de Sicartsa en Lázaro Cárdenas. Aquí cayeron baleados Héctor Álvarez Gómez y Mario Alberto Castillo Rodríguez y decenas de heridos en una batalla que intentó romper la ocupación de la planta industrial.

Los asesinos fueron policías michoacanos enviados a recuperar las instalaciones siderúrgicas por el gobernador Lázaro Cárdenas Batel, acatando insistencias de Vicente Fox y el empresario Germán Larrea.

Los trabajadores heridos fueron trasladados a hospitales de Morelia y del Distrito Federal.

Los mineros de Cananea semanas después tuvieron que volver a su trabajo con las manos vacías, retiraron las banderas rojinegras y se prepararon para otro episodio de lucha. Y pronto lo dieron con nueva huelga pese a diversas represiones políticas, como la del gobernador sonorense Eduardo Bours que cerró las escuelas de Cananea para que los hijos de los mineros no pudieran recibir clases.

Con resistencia singular los mineros llevaban dos años y medio en huelga cuando el Segundo Tribunal Colegiado en materia laboral emitió una resolución que dio por terminadas las relaciones colectivas e individuales de trabajo. El movimiento agredido es legítimo e inclusive había sido amparado con anterioridad por las leyes laborales; pero ahora con el legaloide recurso del tribunal lanzan a la calle a más de 1,100 trabajadores expuestos a una agresión gubernamental que podría ocasionar una gran tragedia.

El porro Javier Lozano, secretario del Trabajo, declaró a favor de que la empresa contrate nuevos elementos y reinicie labores en la mina, los huelguistas afirman que no darán un paso atrás. Están en guardia en lo que siempre ha sido su fuente de trabajo. Están dados los elementos para un choque con la fuerza policiaca o militar, de ahí la importancia de las gestiones de diputados y senadores que ya están pidiendo al gobierno federal la revocación inmediata de la concesión de la mina al Grupo México.

Reunido en la mina un foro social integrado por una diversidad de corrientes sindicales, apoyó y defendió el derecho de huelga en Cananea y emprendió medidas de apoyo a los huelguistas.

Diversos sectores perciben el riesgo de una violenta represión oficial que trae el recuerdo de la huelga minera del 1 y 2 de junio de 1906. Entre los huelguistas de entonces circuló el siguiente impreso anónimo.

“Obreros Mexicanos: un gobierno electo por el pueblo para que lo guíe y satisfaga sus necesidades en lo que cabe. Eso no tiene México.

“Por otra parte: un gobierno que se compone de ambiciosos que especulan criminalmente fatigando al pueblo… Eso no necesita México.

“Que el pueblo elija a sus gobernantes para que lo gobiernen, no para que se burlen y lo humillen, es la República.

“Pueblo, aprende lo que parece que olvidaste. Congrégate y discute tus derechos. Exige el respeto que te debe…

Mexicanos, despertad, unámonos. La Patria y nuestra dignidad lo piden.

“Cananea junio de 1906”.

A más de cien años de distancia este volante no pierde actualidad.

Ricardo Flores Magón a través del Club Liberal de Cananea ejerció valiosa influencia ideológica radical.

En vísperas de la huelga los 5 mil trabajadores mexicanos ganaban menos que los 2 mil empleados extranjeros, que además ocupaban los puestos directivos. La discriminación a los mexicanos, el trato despótico de los capataces y el anuncio de que se reduciría el personal y aumentaría la carga de trabajo, llevó a la culminación de la inconformidad. Presentaron sus demandas al director de la empresa, la más importante salario de cinco pesos y ocho horas de trabajo, fue rechazada, airados los trabajadores recorrieron las calles y pasaron por todos los centros de trabajo de la empresa, de unas decenas pasaron a centenas, y empezaron a unirse trabajadores de otras actividades. Al llegar a la maderería de la mina, chocaron con dos norteamericanos que les lanzaron chorros de agua a presión, arruinando la bandera nacional que portaban los manifestantes, el agravio indignó y quemaron la maderería y en la trifulca murieron dos norteamericanos, que habían disparado a la multitud causando varias víctimas. Ya pasaban de 2 mil los manifestantes que protestaban.

La autoridad municipal telegrafió al gobernador Rafael Izabal pidiendo su presencia, quien llegó al día siguiente con 275 rangers, rurales de Arizona. Lázaro Gutiérrez de Lara imprecó a Izabal esa fechoría de lesa patria y terminó su furia en un oscuro calabozo.

Los obreros fueron obligados a regresar a sus labores bajo la amenaza de mandarlos a combatir a los yaquis. Los líderes Manuel M. Diéguez, Esteban Vaca Calderón, Francisco M. Ibarra y cinco obreros fueron detenidos, estuvieron a punto de ser fusilados. El poderoso funcionario Ramón Corral ordenó la suspensión de la ejecución y que fueran enjuiciados rigurosamente conforme a la ley y después enviados a cumplir su condena en San Juan de Ulúa.

Los mineros, ya sin líderes, frente abrumadora fuerza militar y por hambre retornaron a sus trabajos, otros emigraron. Veinte de sus compañeros ya habían sido sepultados. Los sobrevivientes no sabían que habían escrito no una derrota sino una ejemplar historia de lucha proletaria.

Y ahora ¿qué se proponen el secretario del Trabajo Javier Lozano y el empresario Larrea: dejar sus nombres entre los provocadores de tragedias? Los Larrea ya lo consiguieron en el mineral Pasta de Conchos, Coahuila, donde hubo un crimen industrial que costó la vida a 65 mineros que murieron en una explosión, y siguen sepultados bajo las ruinas de la mina.

*Texto firmado también por José de la Luz Rodríguez y Ubaldo Fernández. .

EXIGE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A CALDERÓN NO INTERVENIR EN CONFLICTOS MINEROS

EXIGE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A CALDERÓN NO INTERVENIR EN CONFLICTOS MINEROS

Le piden desistir de usar la fuerza en Cananea, Sombrerete y Taxco

Roberto Garduño

Periódico La Jornada
Domingo 14 de marzo de 2010, p. 10

La Junta de Coordinación Política, el principal órgano de gobierno en la Cámara de Diputados, demandó al presidente Felipe Calderón no intervenir en los conflictos laborales de las minas de Cananea, Sombrerete y Taxco, y descarte la posibilidad de ordenar que entren en acción las fuerzas disuasivas del Estado.

La instancia, presidida por Francisco Rojas Gutiérrez (PRI), y conformada por los coordinadores de PAN, Josefina Vázquez Mota; PRD, Alejandro Encinas Rodríguez; PVEM, Juan José Guerra Abud; PT, Pedro Vázquez González; Nueva Alianza, Reyes Tamez Guerra, y Convergencia, Pedro Jiménez León, marcó un alto al Ejecutivo federal:

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hace un urgente llamado al titular del Poder Ejecutivo para que se abstenga de ordenar por cualquier medio o circunstancia el uso de la fuerza del Estado para ocupar las instalaciones de las minas de Cananea, Sombrerete y Taxco o desalojar y ejercer cualquier acción de contención contra los trabajadores mineros y sus familias, en tanto se resuelven los procedimientos judiciales en marcha.

La argumentación, enviada ayer al Ejecutivo federal señala que el ejercicio de los principios de legalidad y respeto a los derechos civiles y sociales es premisa básica para la vida institucional democrática en el país, y el equilibrio de los factores de la producción es también, hoy día, factor para la seguridad nacional, así como para la estabilidad y progreso de garantías sociales y protección a la propiedad privada.

Por tanto, ante la presunción de amenaza y vulnerabilidad de los principios del pacto constitucional, se pone en riesgo el permanente esfuerzo por mantener, edificar y consolidar el Estado democrático de derecho que nos hemos dado; y por tanto el Poder Legislativo tiene la obligación ética y política de observar el desempeño y de evitar los posibles abusos del poder público en su función de representante de las mayorías mexicanas frente a la obligación irrenunciable del Poder Ejecutivo para mantener el derecho de toda persona a un trabajo digno en la garantía de paz y tranquilidad pública.

El PVEM, mediante su representante Samuel Moreno, presentó un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo a instruir a las secretarías de Economía y de Gobernación para que se aboquen a estudiar la posibilidad de cancelar la concesión a Mexicana de Cananea SA de CV, tomando como premisa fundamental el deterioro social ocasionado en Cananea derivado del conflicto en la empresa minera, en perjuicio de los habitantes de Cananea y de la industria minera del país.

También la junta insta a Calderón para que instruya a las secretarías de Economía y Gobernación a emprender un programa especial de reactivación económica integral para aquella región de Sonora, que incluya la garantía de dotación de servicios básicos.

A todos es conocido el grave conflicto laboral y social del municipio de Cananea. Hasta hoy, a la ciudad le ha sido negado el auxilio de las dependencias del Ejecutivo federal, por el contrario, mediante posturas legalistas radicales se desentienden de buscar una solución con el argumento de que se atienen a la letra de la ley. Con ello hace oídos sordos a los llamados de apoyo que formulan no sólo los cananenses, sino muchas voces que conocen la magnitud de la problemática que aqueja a los habitantes del mineral.

El PVEM refiere que resulta paradójico que las instancias con las atribuciones legales y los recursos necesarios no auxilien a la población que de manera imperiosa lo necesita.

Después de 31 meses de huelga en la mina de cobre Mexicana de Cananea, los casi 35 mil habitantes del lugar continúan viviendo una situación socialmente dramática, que hace bastante tiempo rebasa el conflicto jurídico motivado por la huelga, y amenaza seriamente la convivencia armónica en esa población.

La minería es el motor de la economía del municipio y de la región, con un impacto muy importante en la actividad minera nacional: ahí se concentra 12 por ciento de la producción minera del país; 46 por ciento de la producción de cobre y una derrama económica estimada en 150 millones de pesos mensuales, de acuerdo con datos de las autoridades laborales.

GÓMEZ URRUTIA DEMANDA DERECHO A RÉPLICA ANTE CALUMNIAS DE LOZANO, QUE HIZO IMPUTACIONES FALSAS EN EL SENADO

GÓMEZ URRUTIA DEMANDA DERECHO A RÈPLICA ANTE CALUMNIAS DE LOZANO, QUE HIZO IMPUTACIONES FALSAS EN EL SENADO

Andrea Becerril

Periódico La Jornada
Domingo 14 de marzo de 2010, p. 8

El dirigente del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, demandó derecho de réplica a la comisión plural de senadores que sigue el caso Cananea, con el fin de responder a las versiones calumniosas que formuló en Xicoténcatl el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón.

Mediante un escrito dirigido al senador Arturo Núñez, presidente de esa comisión, Gómez Urrutia advierte que es absolutamente falso que haya solicitado 100 millones de dólares por daño moral como condición para levantar la huelga en Cananea, como, abunda, aseguró Lozano.

Gómez Urrutia expone que el funcionario hizo esa aseveración durante su comparecencia ante senadores el pasado 3 de marzo, cuando también sostuvo que la petición de los 100 millones de dólares quedó asentada en un acta que se levantó en su oficina en agosto de 2007, y ni una cosa ni otra fueron verdaderas.

Añade que cuando el senador petista Ricardo Monreal le exigió pruebas fehacientes, el secretario no pudo mantenerse en su dicho falaz (...) pues yo ni siquiera estuve presente en esa reunión.

Afirma que en la comparecencia el senador panista Federico Doring expresó la mentira repetida durante varios años en la propaganda televisiva pagada por Grupo México de Germán Feliciano Larrea en torno a un inexistente desvío sindical de los 55 millones de dólares del fideicomiso minero.

Expresó que está suficientemente probado en tribunales (...) que ese fideicomiso se creó, reformó y extinguió dentro de los cauces legales establecidos.

Como reside fuera de México, por la perversa persecución política y judicial de la que ilegalmente se me ha hecho objeto desde hace cuatro años, pide que en su descargo acudan a esa comisión dos integrantes del comité ejecutivo nacional y dos abogados del mismo, en la fecha que se nos asigne.

CUMBRE DE LOS PUEBLOS - LIMA - PERÚ 2008

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