Para un mayor entendimiento de este asunto, es importante destacar lo siguiente:
- Fué la empresa Grupo México y el gobierno quien propuso al Sindicato Minero, pagar una "indemnización por daños y perjuicios ocasionados a Napóleón Gómez Urrutia", CON LA CONDICIÓN QUE SE RETIRE DEL SINDICATO MINERO. Y ellos manipularlo a sus intereses.
- En esta propuesta estuvieron presentes, además del gobierno, los abogados de la empresa Grupo México: Salvador Rocha Díaz, y el actual Secretario de Gobernación del actual gobierno, Fernando Gomez Mont, quien en la fecha de la propuesta, era abogado de Grupo México.
EL TEXTO DE LA CARTA DE NESTOR DE BUEN:
Doña Carmen Lira:
Directora de LA JORNADA.
El correo ilustrado.
Querida Carmen:
Por lo visto estoy de moda y ahora de manera especial gracias a Salvador Rocha Díaz, abogado de Mexicana de Cananea y por lo tanto del señor Larrea.
Hoy publica en La Jornada un desplegado en el que hace referencia a que participé en las reuniones con el Secretario de Trabajo y que en esa ocasión, pedimos la indemnización por los daños y perjuicios que se le han causado al Lic. Gómez Urrutia por la conducta ilícita de dicha Empresa. Es cierto el hecho, pero aclaro que el importe de los daños y perjuicios reclamados era en beneficio del Sindicato y del propio Lic. Gómez Urrutia, todo ello con una clara naturaleza laboral.
Salvador Rocha sabe que es perfectamente legítimo el demandar el pago de los daños y perjuicios cuando se ha producido una conducta ilícita por parte del sujeto pasivo de la demanda, como es el caso. Sin embargo, el tema principal de los conflictos colectivos ha sido la violación sistemática por parte de la Empresa del contrato colectivo de trabajo. Con la complicidad de la Secretaría del Trabajo se declaró la inexistencia de la huelga, en tres ocasiones, mismas que generaron el beneficio del amparo a favor del Sindicato, en el sentido de declarar plenamente existentes dichos movimientos de huelga.
La afirmación de Salvador Rocha de que al Sindicato minero no le interesa terminar con el estado de inestabilidad laboral en la mina, sino satisfacer únicamente los intereses personales del Lic. Gómez Urrutia, constituye una falsedad rotunda, además de que resulta una mentira que los intereses en juego en las huelgas sean personales del Lic. Gómez Urrutia, a quien Salvador califica de exdirigente, acogiéndose a la resolución infundada de la Secretaría del Trabajo que le negó toma de nota y que es objeto de una demanda de amparo.
Por otra parte, la supuesta terminación de las relaciones laborales en la mina de Cananea por causa de fuerza mayor, no tiene fundamento alguno, ya que lo que tratan es terminar la huelga y basta examinar el artículo 469 de la Ley Federal del Trabajo, cuya lectura recomiendo a Salvador, para advertir que la supuesta fuerza mayor no está prevista como causa de terminación de la huelga. Y eso, en el supuesto no admitido de que existiera tal fuerza mayor, cuyo significado conoce Salvador de sobra como buen civilista que es, pero omite aplicarlo al caso de que se trata.
Los comentarios que se invocan de Carlos Pavón reflejan, simple y sencillamente, su deslealtad frente al Sindicato y su subordinación a la Empresa.
Cordialmente,
Néstor de Buen.
Directora de LA JORNADA.
El correo ilustrado.
Querida Carmen:
Por lo visto estoy de moda y ahora de manera especial gracias a Salvador Rocha Díaz, abogado de Mexicana de Cananea y por lo tanto del señor Larrea.
Hoy publica en La Jornada un desplegado en el que hace referencia a que participé en las reuniones con el Secretario de Trabajo y que en esa ocasión, pedimos la indemnización por los daños y perjuicios que se le han causado al Lic. Gómez Urrutia por la conducta ilícita de dicha Empresa. Es cierto el hecho, pero aclaro que el importe de los daños y perjuicios reclamados era en beneficio del Sindicato y del propio Lic. Gómez Urrutia, todo ello con una clara naturaleza laboral.
Salvador Rocha sabe que es perfectamente legítimo el demandar el pago de los daños y perjuicios cuando se ha producido una conducta ilícita por parte del sujeto pasivo de la demanda, como es el caso. Sin embargo, el tema principal de los conflictos colectivos ha sido la violación sistemática por parte de la Empresa del contrato colectivo de trabajo. Con la complicidad de la Secretaría del Trabajo se declaró la inexistencia de la huelga, en tres ocasiones, mismas que generaron el beneficio del amparo a favor del Sindicato, en el sentido de declarar plenamente existentes dichos movimientos de huelga.
La afirmación de Salvador Rocha de que al Sindicato minero no le interesa terminar con el estado de inestabilidad laboral en la mina, sino satisfacer únicamente los intereses personales del Lic. Gómez Urrutia, constituye una falsedad rotunda, además de que resulta una mentira que los intereses en juego en las huelgas sean personales del Lic. Gómez Urrutia, a quien Salvador califica de exdirigente, acogiéndose a la resolución infundada de la Secretaría del Trabajo que le negó toma de nota y que es objeto de una demanda de amparo.
Por otra parte, la supuesta terminación de las relaciones laborales en la mina de Cananea por causa de fuerza mayor, no tiene fundamento alguno, ya que lo que tratan es terminar la huelga y basta examinar el artículo 469 de la Ley Federal del Trabajo, cuya lectura recomiendo a Salvador, para advertir que la supuesta fuerza mayor no está prevista como causa de terminación de la huelga. Y eso, en el supuesto no admitido de que existiera tal fuerza mayor, cuyo significado conoce Salvador de sobra como buen civilista que es, pero omite aplicarlo al caso de que se trata.
Los comentarios que se invocan de Carlos Pavón reflejan, simple y sencillamente, su deslealtad frente al Sindicato y su subordinación a la Empresa.
Cordialmente,
Néstor de Buen.
