SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALÚRGICOS, SIDERÚRGICOS Y SIMILARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA
--BOLETÍN INFORMATIVO--
82/2009
Jueves 3 de septiembre de 2009
*La verdad del conflicto minero de México.
*Una historia de persecuciones políticas y judiciales contra el Sindicato Minero y su Dirigente Nacional, Napoleón Gómez Urrutia.
*Estos son hechos, no suposiciones, sobre el proceso legal que ha seguido el conflicto minero.
Con motivo de la visita a Guadalajara, Jalisco, de los gobernantes de Estados Unidos y Canadá a México, el lunes 10 de agosto, difundimos los motivos por los que muchos líderes, organizaciones sindicales, legisladores y personajes públicos en sus naciones los han buscado para que intervengan con motivo del conflicto minero en México. Hicimos votos para que el Presidente de México también analizara con objetividad la problemática que aquí se expone.
Es un hecho público y notorio que Grupo México (de Germán Feliciano Larrea Mota-Velasco), ha gastado una enorme fortuna en televisión, radio y prensa escrita para generar en la opinión pública la siguiente percepción:
“Que Napoleón Gómez Urrutia dispuso de 55 millones de dólares de un Fideicomiso propiedad de los trabajadores mineros.”
Esta es una vil mentira, la cual pretenden convertirla en verdad en la percepción pública a base de repetirla insaciablemente, cuando además se hace gala de derroche al contratar los espacios más caros en los medios escritos y sobre todo electrónicos.
Pero la percepción no cambia la realidad de las cosas, y ésta es simplemente la siguiente:
“Grupo México con el apoyo del Gobierno Federal quiso imponer a Elías Morales como Secretario General del Sindicato, substituyendo a Napoleón Gómez Urrutia y al Comité Ejecutivo Nacional, quiénes gozan del respaldo de los trabajadores, sin ser minero, habiendo sido expulsado en el 2000 del Sindicato por actos probados de corrupción y traición, y sin haber sido electo en Convención General, máxima autoridad de la Organización, como sí lo ha sido Napoleón Gómez Urrutia por 5 ocasiones, por unanimidad y según lo establecen los Estatutos Sindicales.
Además, para lograrlo, fabricaron acusaciones penales reiterando las mismas en distintos fueros y Estados (siendo siempre por los mismos hechos aun cuando ello está terminantemente prohibido por la Constitución), con el propósito de transitar sin obstáculos a esa nueva “dirigencia” que pretendieron imponer. Como las cosas no les salieron bien, ahora lo que quieren es que se entregue el Sindicato a Grupo México, y el Gobierno, aun cuando existen sentencias que acreditan que ni el Sindicato ni sus dirigentes cometieron delito alguno, sigue haciendo ilegales pesquisas (que México había enterrado) y formulando nuevas acusaciones por los mismos hechos; poniendo el aparato estatal a disposición de Germán Feliciano Larrea y su empresa, pero usando siempre a Elías Morales en una ya evidente persecución política.”
Para algunos actores gubernamentales, entre los que destaca el Secretario del Trabajo Javier Lozano Alarcón, es fácil e indecente el insistir, abusando del cargo que detenta, en que no existe una persecución política en contra de Napoleón Gómez Urrutia y otros miembros del Sindicato Nacional, entre ellos Juan Linares, quién se encuentra indebida e ilegalmente recluido.
Sin embargo, tal persecución política lamentablemente existe en un País que se dice democrático y respetuoso de los Derechos Humanos (aún cuando en el Mundo se diga lo contrario), y se podrá acreditar ante las autoridades canadienses –en su caso- y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de manera objetiva. El Gobierno Federal y de manera muy concreta la Secretaría del Trabajo, de la mano de Grupo México (y este a su vez de su títere Elías Morales), han hecho un uso indebido del Derecho Penal para conseguir objetivos igualmente indebidos en el ámbito laboral. Por ende, desvincular un problema del otro es simplemente la manera de pretender eludir responsabilidades propias de los abusos de autoridad en que se ha incurrido.
Son el gobierno y la empresa Grupo México quienes han pretendido convertir un problema laboral en uno penal.
La situación real es la siguiente:
La Secretaría del Trabajo no ha explicado por qué reconoció al incondicional de Grupo México, Elías Morales Hernández (en un tiempo record de menos de dos horas), como Secretario General del Sindicato, con base en documentos que presentó y en los que se falsificaron firmas del Primer Vocal del Consejo General de Vigilancia y Justicia del Sindicato, Juan Luis Zúñiga, (lo que está probado por peritos e incluso reconocido por la Procuraduría General de la República).
Tampoco nadie explicó que se “robaron” el expediente de averiguación previa de falsificación de firmas de las propias oficinas de la PGR Tres años después, no existe investigación alguna por parte de PGR, menos aún responsables de la falsificación de firmas, el cual es un delito penal.
No hay explicación del motivo que existe para que el Gobierno Federal proteja a Grupo México y sus directivos de la responsabilidad penal (de comisión por omisión) que les corresponde, congelando la averiguación previa federal 4085/07/08 relativa a los 65 mineros muertos en Pasta de Conchos como producto de su criminal negligencia.
Insiste el gobierno que se cometió un delito bancario (113 bis de la Ley de Instituciones de Crédito), cuando el órgano técnico que es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, resolvió que no existe tal delito -en un documento que por cierto fue también sustraído de la averiguación previa y se tuvo que obtener en un juicio de amparo-, y que “la conducta no se ubica en la hipótesis típica prevista y mencionada por el artículo 113 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito, ni en ningún otro tipo penal contenido en esta Ley…”
Tampoco pueden negar que en México sí hay represiones gubernamentales, lo cual se muestra en un video en el que la PFP dispara a mineros desarmados en Lázaro Cárdenas, Michoacán, desde un helicóptero, el 20 de abril de 2006, intento de represión que dio por resultado dos trabajadores asesinados y más de cien heridos.
Igualmente, nunca han podido explicar que la PGR, ante su fracaso, haya enviado a varios Estados de la República copias simples de su averiguación inicial (aquella que dio lugar a negativa de órdenes de aprehensión federales), para obtener ahora órdenes de aprehensión locales por los mismos, en todas las cuales hay las mismas faltas de ortografía. Esto es anticonstitucional pues nadie puede ser acusado dos veces por el mismo asunto.
Es evidente que hay una persecución ilegal contra el Sindicato Minero y su líder, cuando el gobernador de Coahuila Humberto Moreira hizo público en entrevista con el periodista Jacobo Zabludovsky y con cobertura mediática nacional, que fue citado a Los Pinos y el propio entonces presidente Vicente Fox Quesada junto con los secretarios de Gobernación y del Trabajo lo presionaron para que “le buscara un delito”, encarcelara a Napoleón Gómez Urrutia y encubriera las responsabilidades del entonces Secretario del Trabajo, Francisco Salazar Sáenz, con motivo de la explosión de la mina de Pasta de Conchos, manifestando Moreira que él se negó a ello en razón de que Napoleón Gómez Urrutia no había cometido delito alguno.
Es injustificable lo que acusó Moreira: "En mi estado no tenía ningún delito Napoleón. (Fox) me dijo 'vamos buscándole'. Le dije que no tenía nada. 'No jalas (le advirtió el ex mandatario)'. No, es que no tiene nada en mi estado", acusó el gobernador de Coahuila.
Inexplicablemente se acusó a los delegados fiduciarios de Scotiabank Inverlat por los mismos hechos que se le atribuyen al licenciado Gómez Urrutia y demás miembros del Sindicato y resulta que la Justicia Federal determinó que NO SE COMETIÓ DELITO ALGUNO con motivo del fideicomiso minero.
No ha contestado el Gobierno Federal la pregunta sobre el motivo de haber tolerado se transmitieran spots millonarios en dólares pagados por Grupo México (aunque en el spot se diga increíblemente que fueron pagados por mineros), en los que se dice que Napoleón Gómez Urrutia robó 55 millones de dólares en clara violación a la dignidad de la persona y a la presunción de inocencia.
No tienen cómo exponer que existe un supuesto fraude cuándo la Convención General Nacional (máximo órgano del Sindicato en el que estuvieron todas sus Secciones) aprobó de manera unánime las cuentas y negó que existiera cualquier tipo de daño patrimonial.
De igual manera no pueden explicar que exactamente por los mismos hechos por los que acusan en el ámbito federal al licenciado Napoleón Gómez Urrutia se presentaron denuncias ante la Procuraduría del Distrito Federal y esta resolvió NO EJERCER ACCIÓN PENAL EN SU CONTRA Y ARCHIVAR tres averiguaciones previas (FDF/T/T1/794/08-10; FDF/T/T1/854/07-11 y FDF/T/T3/884/06-11)
El propio Ministerio Público del Distrito Federal determinó que los denunciantes (otra vez Elías Morales), no son víctimas de daño patrimonial alguno y por ende no existe siquiera querella en tanto los recursos del fideicomiso pertenecen al Sindicato.
Resulta inexplicable que el Poder Judicial Federal, en abril de 2007, ordenó en sentencia de amparo reconocer a Napoleón Gómez Urrutia como Secretario General, señalando las ilegalidades de la Secretaría del Trabajo, cuando antes otorgó la Toma de Nota a Elías Morales. A pesar de ello nuevamente la Secretaría del Trabajo negó la Toma de Nota a Napoleón Gómez Urrutia, en junio de 2008, aun cuando fue reelecto unánimemente, lo que hoy se encuentra en juicio de amparo en revisión.
No tienen cómo responder al hecho de que la Juez 18º Penal del Distrito Federal dictó auto de libertad a Juan Linares Montúfar por los mismos hechos por los que está INJUSTAMENTE recluido con motivo de la acusación federal y que incluso la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia ya resolvió también favorablemente para el señor Linares el recurso de apelación presentado por la Procuraduría capitalina. Por añadidura, dicha Juez también negó la orden de aprehensión en contra de Napoleón Gómez Urrutia en cumplimiento a una sentencia de amparo por los mismos hechos imputados en el ámbito federal.
No hay del gobierno una respuesta lógica al hecho de que Gregorio Pérez Romo estuvo recluido durante tres años y su proceso concluyó con sentencia absolutoria de inocencia plena, ya que NO SE COMETIÓ DELITO ALGUNO CON MOTIVO DEL FIDEICOMISO MINERO, ni por él ni por ninguno de los dirigentes sindicales.
Tampoco han explicado que el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito ya se pronunció en Pleno en el sentido de que las acusaciones locales guardan directa relación fáctica con la federal e incluso todas nacen de la misma averiguación previa.
La SIEDO, en lugar de perseguir delincuencia organizada, prioridad presidencial, aseguró (sin motivo y sin que siquiera existiera denuncia) TODAS las cuentas del Sindicato en el afán del Gobierno de impedir que se sufraguen los gastos de las huelgas en Cananea, Taxco y Sombrerete que se han mantenido con tanto esfuerzo por dos años.
Es evidente que la PGR protege a Germán Feliciano Larrea Mota Velasco para que no comparezca a ser interrogado por la defensa de Juan Linares en su proceso federal. Incluso, sin motivos, apeló la decisión judicial de hacerlo comparecer (la que por cierto también ya perdió). Es un hecho notorio que Grupo México tiene trato con la PGR y el Ministerio Público adscrito al Juzgado en un asunto penal en el que supuestamente no es parte.
Tampoco tiene explicación posible que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje haya dictado un laudo en una hora con veinte minutos, dejando sin trabajo a más de mil familias de Cananea y supuestamente analizando voluminosos expedientes de miles de fojas, lo cual fue revertido totalmente como resultado de un amparo concedido por un tribunal colegiado en materia laboral.
Nadie ha respondido al hecho de que la PGR pretendió obtener una orden de aprehensión en contra de Sergio Tolano Lizárraga, Secretario General de la Sección 65 (que también perdió), por el mero hecho de haberse amparado (como lo hicieron también más de mil trabajadores de Cananea), en contra del ilegal laudo que quiso dar por terminadas las relaciones individuales y colectivas a petición de Grupo México.
Ni siquiera han explicado que en el procedimiento de supuesta extinción de relaciones laborales en Cananea, la Junta se negó a recibir pruebas del Sindicato y admitió todas las de empresa, y aun ante tantas arbitrariedades cometidas el Secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, se pronunció defendiendo el procedimiento y su laudo como si él fuera parte de Grupo México, pero actuando siempre como vocero de dicha empresa.
Además, enviaron con cargo al Erario a más de mil Policías Federales Preventivos a Cananea, los hospedaron en hoteles locales por casi dos semanas e incluso declararon por conducto de su comandante que estaban revisando hospitales y quirófanos ya que desalojarían con violencia a los trabajadores mineros de las instalaciones de Grupo México.
No hay lógica con la cual sustentar que se desviaron 55 millones de dólares cuándo 200 millones de pesos fueron asegurados al Sindicato por autoridades laborales (lo que reconoce el subsecretario del Trabajo Álvaro Castro, quién por cierto también declara como si fuera Juez), cuando Elías Morales reconoció ante el Juez Penal Federal que sí se distribuyó (conforme determinó el Sindicato en ejercicio de su autonomía), entre los trabajadores sindicalizados en Sonora; y cuando la diferencia se encuentra en el patrimonio sindical.
En el gobierno no pueden explicar que un despacho independiente de Suiza contratado por las organizaciones sindicales internacionales determinó que no se desvió ni un centavo del Fideicomiso Minero, pero aún así el Secretario del Trabajo Lozano insiste que se cometieron delitos como si él fuera Juez, haciendo total olvido de su posición institucional, al hacer comentarios y formular boletines oficiales subidos de tono y, claro está, sin jamás reconocer el principio elemental de presunción de inocencia.
Finalmente, no solicitaban la extradición al Gobierno canadiense y tuvo que ser el licenciado Napoleón Gómez Urrutia quién presentara un juicio de amparo ante la pasividad del Gobierno mexicano, en el que aseguró que tal omisión le deparaba un perjuicio al no permitírsele enfrentarles ante Cortes canadienses imparciales.
Napoleón Gómez Urrutia siempre ha manifestado encontrarse en Vancouver, Canadá y nunca se ha ocultado. Todo lo contrario. No es un fugitivo como algunas autoridades mexicanas irresponsablemente afirman. Responsablemente se ha presentado ante las autoridades canadienses y está siempre a sus órdenes para comparecer a las instancias que le requieran.
Ante todo lo aquí planteado, falta una sola cosa más:
Es evidente que estamos ante una clara e ilegal persecución política y un uso indebido del Poder Público al servicio de Grupo México y de Germán Feliciano Larrea Mota Velasco.
Es el momento, por el bien de México, de los trabajadores mineros y de la industria, de que se termine este conflicto y que se hagan, ahora sí, verdaderos esfuerzos para ponerle fin en un marco de respeto recíproco y con interlocutores propositivos y razonables que partan de un análisis objetivo.
--BOLETÍN INFORMATIVO--
82/2009
Jueves 3 de septiembre de 2009
*La verdad del conflicto minero de México.
*Una historia de persecuciones políticas y judiciales contra el Sindicato Minero y su Dirigente Nacional, Napoleón Gómez Urrutia.
*Estos son hechos, no suposiciones, sobre el proceso legal que ha seguido el conflicto minero.
Con motivo de la visita a Guadalajara, Jalisco, de los gobernantes de Estados Unidos y Canadá a México, el lunes 10 de agosto, difundimos los motivos por los que muchos líderes, organizaciones sindicales, legisladores y personajes públicos en sus naciones los han buscado para que intervengan con motivo del conflicto minero en México. Hicimos votos para que el Presidente de México también analizara con objetividad la problemática que aquí se expone.
Es un hecho público y notorio que Grupo México (de Germán Feliciano Larrea Mota-Velasco), ha gastado una enorme fortuna en televisión, radio y prensa escrita para generar en la opinión pública la siguiente percepción:
“Que Napoleón Gómez Urrutia dispuso de 55 millones de dólares de un Fideicomiso propiedad de los trabajadores mineros.”
Esta es una vil mentira, la cual pretenden convertirla en verdad en la percepción pública a base de repetirla insaciablemente, cuando además se hace gala de derroche al contratar los espacios más caros en los medios escritos y sobre todo electrónicos.
Pero la percepción no cambia la realidad de las cosas, y ésta es simplemente la siguiente:
“Grupo México con el apoyo del Gobierno Federal quiso imponer a Elías Morales como Secretario General del Sindicato, substituyendo a Napoleón Gómez Urrutia y al Comité Ejecutivo Nacional, quiénes gozan del respaldo de los trabajadores, sin ser minero, habiendo sido expulsado en el 2000 del Sindicato por actos probados de corrupción y traición, y sin haber sido electo en Convención General, máxima autoridad de la Organización, como sí lo ha sido Napoleón Gómez Urrutia por 5 ocasiones, por unanimidad y según lo establecen los Estatutos Sindicales.
Además, para lograrlo, fabricaron acusaciones penales reiterando las mismas en distintos fueros y Estados (siendo siempre por los mismos hechos aun cuando ello está terminantemente prohibido por la Constitución), con el propósito de transitar sin obstáculos a esa nueva “dirigencia” que pretendieron imponer. Como las cosas no les salieron bien, ahora lo que quieren es que se entregue el Sindicato a Grupo México, y el Gobierno, aun cuando existen sentencias que acreditan que ni el Sindicato ni sus dirigentes cometieron delito alguno, sigue haciendo ilegales pesquisas (que México había enterrado) y formulando nuevas acusaciones por los mismos hechos; poniendo el aparato estatal a disposición de Germán Feliciano Larrea y su empresa, pero usando siempre a Elías Morales en una ya evidente persecución política.”
Para algunos actores gubernamentales, entre los que destaca el Secretario del Trabajo Javier Lozano Alarcón, es fácil e indecente el insistir, abusando del cargo que detenta, en que no existe una persecución política en contra de Napoleón Gómez Urrutia y otros miembros del Sindicato Nacional, entre ellos Juan Linares, quién se encuentra indebida e ilegalmente recluido.
Sin embargo, tal persecución política lamentablemente existe en un País que se dice democrático y respetuoso de los Derechos Humanos (aún cuando en el Mundo se diga lo contrario), y se podrá acreditar ante las autoridades canadienses –en su caso- y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de manera objetiva. El Gobierno Federal y de manera muy concreta la Secretaría del Trabajo, de la mano de Grupo México (y este a su vez de su títere Elías Morales), han hecho un uso indebido del Derecho Penal para conseguir objetivos igualmente indebidos en el ámbito laboral. Por ende, desvincular un problema del otro es simplemente la manera de pretender eludir responsabilidades propias de los abusos de autoridad en que se ha incurrido.
Son el gobierno y la empresa Grupo México quienes han pretendido convertir un problema laboral en uno penal.
La situación real es la siguiente:
La Secretaría del Trabajo no ha explicado por qué reconoció al incondicional de Grupo México, Elías Morales Hernández (en un tiempo record de menos de dos horas), como Secretario General del Sindicato, con base en documentos que presentó y en los que se falsificaron firmas del Primer Vocal del Consejo General de Vigilancia y Justicia del Sindicato, Juan Luis Zúñiga, (lo que está probado por peritos e incluso reconocido por la Procuraduría General de la República).
Tampoco nadie explicó que se “robaron” el expediente de averiguación previa de falsificación de firmas de las propias oficinas de la PGR Tres años después, no existe investigación alguna por parte de PGR, menos aún responsables de la falsificación de firmas, el cual es un delito penal.
No hay explicación del motivo que existe para que el Gobierno Federal proteja a Grupo México y sus directivos de la responsabilidad penal (de comisión por omisión) que les corresponde, congelando la averiguación previa federal 4085/07/08 relativa a los 65 mineros muertos en Pasta de Conchos como producto de su criminal negligencia.
Insiste el gobierno que se cometió un delito bancario (113 bis de la Ley de Instituciones de Crédito), cuando el órgano técnico que es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, resolvió que no existe tal delito -en un documento que por cierto fue también sustraído de la averiguación previa y se tuvo que obtener en un juicio de amparo-, y que “la conducta no se ubica en la hipótesis típica prevista y mencionada por el artículo 113 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito, ni en ningún otro tipo penal contenido en esta Ley…”
Tampoco pueden negar que en México sí hay represiones gubernamentales, lo cual se muestra en un video en el que la PFP dispara a mineros desarmados en Lázaro Cárdenas, Michoacán, desde un helicóptero, el 20 de abril de 2006, intento de represión que dio por resultado dos trabajadores asesinados y más de cien heridos.
Igualmente, nunca han podido explicar que la PGR, ante su fracaso, haya enviado a varios Estados de la República copias simples de su averiguación inicial (aquella que dio lugar a negativa de órdenes de aprehensión federales), para obtener ahora órdenes de aprehensión locales por los mismos, en todas las cuales hay las mismas faltas de ortografía. Esto es anticonstitucional pues nadie puede ser acusado dos veces por el mismo asunto.
Es evidente que hay una persecución ilegal contra el Sindicato Minero y su líder, cuando el gobernador de Coahuila Humberto Moreira hizo público en entrevista con el periodista Jacobo Zabludovsky y con cobertura mediática nacional, que fue citado a Los Pinos y el propio entonces presidente Vicente Fox Quesada junto con los secretarios de Gobernación y del Trabajo lo presionaron para que “le buscara un delito”, encarcelara a Napoleón Gómez Urrutia y encubriera las responsabilidades del entonces Secretario del Trabajo, Francisco Salazar Sáenz, con motivo de la explosión de la mina de Pasta de Conchos, manifestando Moreira que él se negó a ello en razón de que Napoleón Gómez Urrutia no había cometido delito alguno.
Es injustificable lo que acusó Moreira: "En mi estado no tenía ningún delito Napoleón. (Fox) me dijo 'vamos buscándole'. Le dije que no tenía nada. 'No jalas (le advirtió el ex mandatario)'. No, es que no tiene nada en mi estado", acusó el gobernador de Coahuila.
Inexplicablemente se acusó a los delegados fiduciarios de Scotiabank Inverlat por los mismos hechos que se le atribuyen al licenciado Gómez Urrutia y demás miembros del Sindicato y resulta que la Justicia Federal determinó que NO SE COMETIÓ DELITO ALGUNO con motivo del fideicomiso minero.
No ha contestado el Gobierno Federal la pregunta sobre el motivo de haber tolerado se transmitieran spots millonarios en dólares pagados por Grupo México (aunque en el spot se diga increíblemente que fueron pagados por mineros), en los que se dice que Napoleón Gómez Urrutia robó 55 millones de dólares en clara violación a la dignidad de la persona y a la presunción de inocencia.
No tienen cómo exponer que existe un supuesto fraude cuándo la Convención General Nacional (máximo órgano del Sindicato en el que estuvieron todas sus Secciones) aprobó de manera unánime las cuentas y negó que existiera cualquier tipo de daño patrimonial.
De igual manera no pueden explicar que exactamente por los mismos hechos por los que acusan en el ámbito federal al licenciado Napoleón Gómez Urrutia se presentaron denuncias ante la Procuraduría del Distrito Federal y esta resolvió NO EJERCER ACCIÓN PENAL EN SU CONTRA Y ARCHIVAR tres averiguaciones previas (FDF/T/T1/794/08-10; FDF/T/T1/854/07-11 y FDF/T/T3/884/06-11)
El propio Ministerio Público del Distrito Federal determinó que los denunciantes (otra vez Elías Morales), no son víctimas de daño patrimonial alguno y por ende no existe siquiera querella en tanto los recursos del fideicomiso pertenecen al Sindicato.
Resulta inexplicable que el Poder Judicial Federal, en abril de 2007, ordenó en sentencia de amparo reconocer a Napoleón Gómez Urrutia como Secretario General, señalando las ilegalidades de la Secretaría del Trabajo, cuando antes otorgó la Toma de Nota a Elías Morales. A pesar de ello nuevamente la Secretaría del Trabajo negó la Toma de Nota a Napoleón Gómez Urrutia, en junio de 2008, aun cuando fue reelecto unánimemente, lo que hoy se encuentra en juicio de amparo en revisión.
No tienen cómo responder al hecho de que la Juez 18º Penal del Distrito Federal dictó auto de libertad a Juan Linares Montúfar por los mismos hechos por los que está INJUSTAMENTE recluido con motivo de la acusación federal y que incluso la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia ya resolvió también favorablemente para el señor Linares el recurso de apelación presentado por la Procuraduría capitalina. Por añadidura, dicha Juez también negó la orden de aprehensión en contra de Napoleón Gómez Urrutia en cumplimiento a una sentencia de amparo por los mismos hechos imputados en el ámbito federal.
No hay del gobierno una respuesta lógica al hecho de que Gregorio Pérez Romo estuvo recluido durante tres años y su proceso concluyó con sentencia absolutoria de inocencia plena, ya que NO SE COMETIÓ DELITO ALGUNO CON MOTIVO DEL FIDEICOMISO MINERO, ni por él ni por ninguno de los dirigentes sindicales.
Tampoco han explicado que el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito ya se pronunció en Pleno en el sentido de que las acusaciones locales guardan directa relación fáctica con la federal e incluso todas nacen de la misma averiguación previa.
La SIEDO, en lugar de perseguir delincuencia organizada, prioridad presidencial, aseguró (sin motivo y sin que siquiera existiera denuncia) TODAS las cuentas del Sindicato en el afán del Gobierno de impedir que se sufraguen los gastos de las huelgas en Cananea, Taxco y Sombrerete que se han mantenido con tanto esfuerzo por dos años.
Es evidente que la PGR protege a Germán Feliciano Larrea Mota Velasco para que no comparezca a ser interrogado por la defensa de Juan Linares en su proceso federal. Incluso, sin motivos, apeló la decisión judicial de hacerlo comparecer (la que por cierto también ya perdió). Es un hecho notorio que Grupo México tiene trato con la PGR y el Ministerio Público adscrito al Juzgado en un asunto penal en el que supuestamente no es parte.
Tampoco tiene explicación posible que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje haya dictado un laudo en una hora con veinte minutos, dejando sin trabajo a más de mil familias de Cananea y supuestamente analizando voluminosos expedientes de miles de fojas, lo cual fue revertido totalmente como resultado de un amparo concedido por un tribunal colegiado en materia laboral.
Nadie ha respondido al hecho de que la PGR pretendió obtener una orden de aprehensión en contra de Sergio Tolano Lizárraga, Secretario General de la Sección 65 (que también perdió), por el mero hecho de haberse amparado (como lo hicieron también más de mil trabajadores de Cananea), en contra del ilegal laudo que quiso dar por terminadas las relaciones individuales y colectivas a petición de Grupo México.
Ni siquiera han explicado que en el procedimiento de supuesta extinción de relaciones laborales en Cananea, la Junta se negó a recibir pruebas del Sindicato y admitió todas las de empresa, y aun ante tantas arbitrariedades cometidas el Secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, se pronunció defendiendo el procedimiento y su laudo como si él fuera parte de Grupo México, pero actuando siempre como vocero de dicha empresa.
Además, enviaron con cargo al Erario a más de mil Policías Federales Preventivos a Cananea, los hospedaron en hoteles locales por casi dos semanas e incluso declararon por conducto de su comandante que estaban revisando hospitales y quirófanos ya que desalojarían con violencia a los trabajadores mineros de las instalaciones de Grupo México.
No hay lógica con la cual sustentar que se desviaron 55 millones de dólares cuándo 200 millones de pesos fueron asegurados al Sindicato por autoridades laborales (lo que reconoce el subsecretario del Trabajo Álvaro Castro, quién por cierto también declara como si fuera Juez), cuando Elías Morales reconoció ante el Juez Penal Federal que sí se distribuyó (conforme determinó el Sindicato en ejercicio de su autonomía), entre los trabajadores sindicalizados en Sonora; y cuando la diferencia se encuentra en el patrimonio sindical.
En el gobierno no pueden explicar que un despacho independiente de Suiza contratado por las organizaciones sindicales internacionales determinó que no se desvió ni un centavo del Fideicomiso Minero, pero aún así el Secretario del Trabajo Lozano insiste que se cometieron delitos como si él fuera Juez, haciendo total olvido de su posición institucional, al hacer comentarios y formular boletines oficiales subidos de tono y, claro está, sin jamás reconocer el principio elemental de presunción de inocencia.
Finalmente, no solicitaban la extradición al Gobierno canadiense y tuvo que ser el licenciado Napoleón Gómez Urrutia quién presentara un juicio de amparo ante la pasividad del Gobierno mexicano, en el que aseguró que tal omisión le deparaba un perjuicio al no permitírsele enfrentarles ante Cortes canadienses imparciales.
Napoleón Gómez Urrutia siempre ha manifestado encontrarse en Vancouver, Canadá y nunca se ha ocultado. Todo lo contrario. No es un fugitivo como algunas autoridades mexicanas irresponsablemente afirman. Responsablemente se ha presentado ante las autoridades canadienses y está siempre a sus órdenes para comparecer a las instancias que le requieran.
Ante todo lo aquí planteado, falta una sola cosa más:
Es evidente que estamos ante una clara e ilegal persecución política y un uso indebido del Poder Público al servicio de Grupo México y de Germán Feliciano Larrea Mota Velasco.
Es el momento, por el bien de México, de los trabajadores mineros y de la industria, de que se termine este conflicto y que se hagan, ahora sí, verdaderos esfuerzos para ponerle fin en un marco de respeto recíproco y con interlocutores propositivos y razonables que partan de un análisis objetivo.
