lunes 7 de septiembre de 2009

ALEMANIA: LA BATALLA SINDICAL DE LOS MEXICANOS (UN CASO SIMILAR A LA LUCHA MINERA MEXICANA ACTUAL)

ALEMANIA: LA BATALLA SINDICAL DE LOS MEXICANOS

FUENTE: PROCESO.COM.MX
MARTA DURáN DE HUERTA

MEXICO, D.F., 4 de septiembre (apro).- La fábrica de llantas Euskadi fue vendida por Carlos Slim a la compañía alemana Continental. Los nuevos patrones llegaron con un paquete de medidas tan impopulares como ilegales, ya que violaban abiertamente las leyes laborales nacionales e internacionales.
Ante la negativa de los trabajadores y su sindicato a aceptar las nuevas reglas laborales, Continental decidió cerrar la fábrica para irse del país. Los trabajadores recibieron el aviso de su despido y de que recogieran sus liquidaciones. Las cantidades ofrecidas, a los ojos de los obreros, eran ridículas, sobre todo para quien había laborado por décadas en la fábrica.
Además, casi toda la población de El Salto, Jalisco, dependía de manera directa o indirecta de esa fábrica, que desde siempre había sido el alma de ese pueblo. Fueron pocas las personas que aceptaron la liquidación. Los obreros y su sindicato se fueron a huelga y dieron una batalla por más de tres años. El resultado: la fábrica pertenece a los obreros, funciona como cooperativa y es una de las más productivas del mundo.
La lucha que dio el sindicato de Euskadi tanto en México como en Alemania es sui géneris, al grado de que se convirtió en un objeto de estudio de los especialistas.
El politólogo alemán Lars Stubbe, profesor e investigador de la Universidad de Kassel, es un experto en movimientos obreros. El caso de Euskadi-Continental lo impresionó, y acaba de publicar un libro junto con Gregor Mass sobre ese conflicto laboral, que se convirtió en un movimiento social.
El libro titulado Contra Continental, Der Widerstand der mexikanischen Euzkadi-Arbeiter gegen den deutschen Reifernkonzern, (Contra Continental, la resistencia de los trabajadores mexicanos de Euskadi ante el consorcio llantero alemán), analiza en casi 200 páginas lo sucedido en México.
En entrevista con Apro, el doctor Stubbe, explica:
"La Euskadi fue fundada en 1935 por un exiliado vasco que producía llantas de todo tipo. La compañía fue vendida a Carlos Slim a finales de los 90. En 1998 la traspasó a la alemana Continental. En aquel entonces Manfred Weneman, el director general de Continental, tenía una estrategia de bajar los costos de producción lo más posible. Se cerraron varias fábricas en Suecia, Austria y Estados Unidos para buscar países donde se pudiera reducir el gasto en mano de obra eludiendo las leyes laborales. Pagaban una miseria".
"México era interesante para la Continental –prosigue—pues, a través de sus fábricas en El Salto, Jalisco, y San Luis Potosí, tenía acceso al mercado estadunidense y latinoamericano. Un año antes del conflicto, Continental había tenido ventas record y ellos mismo lo anunciaron.
"En cuanto la Conti adquirió las fábricas mexicanas, desconoció el contrato colectivo de trabajo, anuló los aumentos de sueldos, quiso incrementar la jornada laboral de 8 a 12 horas, sin pagar horas extras ni las tarifas de domingos y días festivos. También desconoció la antigüedad de los trabajadores y pretendió una producción de 24 horas continuas sin que esto tuviera algún beneficio para los obreros. Incluso, dejó de pagar las cuotas al Seguro Social".
El investigador señala que las medidas de la empresa fueron rechazadas tajantemente en cada junta. Dice que "el sindicato tenía voluntad de negociar, pero sin ceder en los derechos que le concede la Constitución mexicana y el derecho laboral".
--¿Cómo fue que los trabajadores salieron avante?
El profesor Stubbe señala:
--En Euskadi había uno de los pocos sindicatos autónomos y democráticos de México. Esto es importantísimo para entender su triunfo. Tenía una larga tradición de lucha independiente. El sindicato es democrático y sus representantes nunca se vendieron. Por esta razón la embestida de Continental fue feroz y a todos los niveles. A los sindicalistas se les despidió, se les amedrentó a ellos y a sus familias. Continental envió golpeadores y rompehuelgas. Sin embargo, los empleados aguantaron.
Continúa: "Como los trabajadores no aceptaron las nuevas reglas laborales, Continental decidió cerrar la fábrica alegando problemas económicos. Pero eso era falso. El único afán era deshacerse de esa mano de obra rebelde que la empresa no podía controlar o someter de ninguna manera.
El cierre tomó a los trabajadores por sorpresa, pero reaccionaron rápido: se declararon en huelga e impidieron que Continental sacara la maquinaria de las instalaciones.
"Cuando la multinacional compró Euskadi, adquirió una de las fábricas más modernas en Latinoamérica. El equipo era nuevo. No había ningún problema económico y la producción llantera de Euskadi era de lo más avanzado. La Continental no sabía que había comprado una de las mejores fabricas del continente, con una mano de obra muy calificada, muy consciente del valor de su trabajo, conocedora de sus derechos y muy combativa. La empresa alemana pensó que encontraría sumisión, temor, corrupción entre los trabajadores como los hay en otras fábricas y que sus métodos de aterrorizar a la mano obra le funcionarían, pero no fue así".
Recuerda que, en la prensa, la Continental lanzó una compaña de propaganda negra en contra de los trabajadores.
Enrique Gómez Delgado, asesor político del Sindicato Nacional Revolucionario de Trabajadores de Euskadi (SNRT) y vocero del sindicato, dijo a esta reportera: "La empresa nos presentó su paquete y nos pidió nuestra opinión, la cual no les fue favorable. Entonces hicieron una lista negra y corrieron a 18 sindicalistas en junio de 1999. En todas las asambleas sindicales fue rechazado el paquete. La fábrica nos decía que teníamos los mismos salarios que en Estados Unidos, pero los compañeros de Continental de Canadá nos mandaron los tabuladores de salarios y no hay comparación; aquí ganamos el 10% de lo que pagan allá.
"Continental cerró su planta en El Salto, Jalisco. El 17 de diciembre de 2001, la empresa lanzó un comunicado de prensa, donde afirmaba que después de años de esfuerzos por llevar a cabo estándares de productividad en la fábrica, fracasaron debido al sindicato. Los trabajadores solicitaron a las autoridades mexicanas que la decisión empresarial fuera sujeta a una revisión jurídica debido a que el consorcio no se atuvo al procedimiento legal para solicitar el cierre de una planta, como está estipulado en la Ley Federal del Trabajo.
" Gómez Delgado continúa: "El sindicato argumentó que no sólo se violaron las leyes mexicanas, sino internacionales, ya que tanto México como Alemania son firmantes del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, donde se comprometieron a respetar y proteger, entre otras cosas, el derecho a la formación libre de sindicatos (Art. 8 del PIDESC)".
La empresa, por voz de su director jurídico, Paul Korde, dijo que el cierre de la empresa se debía a la pérdida de confianza en el dirigente del sindicato. El entonces Secretario del Trabajo Carlos María Abascal dio la razón a la empresa acusando al sindicato de Euzkadi de intransigente.
Las liquidaciones deben establecerse según el promedio salarial de las últimas cuatro semanas de trabajo, pero la llantera había disminuido la producción poco a poco, de tal suerte que las liquidaciones correspondían a menos de la mitad. Aquello era un golpe terrible para quienes habían trabajado por décadas en esa fábrica.

Negociaciones en Hannover
Las pláticas en México eran un diálogo de sordos, por lo que el sindicato formó una comisión para viajar a Hannover, Alemania, a la mismísima sede de la gigantesca transnacional.
Se organizó una cooperacha con amigos, familiares y sindicatos independientes. La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) y, particularmente al capitán Jaime Luis González, secretario general, proporcionaron los pasajes de avión. El Sindicato Mexicano de Electricistas, la Cooperativa de Trabajadores de Refrescos Pascual, la Coordinadora Intersindical Democrática Jalisciense, la Liga de Unidad Socialista y el Partido Obrero Socialista, también dieron un apoyo económico.
Diversas organizaciones no gubernamentales alemanas y sindicales, dieron su apoyo a la comisión mexicana. Enrique Gómez Delgado (asesor político); Oscar Rubio González, (consejero jurídico), y Jesús Torres Nuño, hicieron de tripas corazón para presentarse ante los hombres más poderosos de la empresa.
Jesús Torres Nuño apuntó: "La política que había fijado la dirección de Continental era la de ignorar a la comisión. En México pagó una inserción en los periódicos de Jalisco, diciendo que era inútil la gira, que no se conseguiría nada. Sin embargo, ya que estábamos allá, ante la presión de las ong`s alemanas, de algunos medios de comunicación y de legisladores alemanes, que nos ayudaron y estuvieron atentos al asunto, no les quedó de otra que recibirnos".
Manfred Wennemer, director general Continental, les dio un saludo glaciar y les advirtió que no los atendería por más de media hora.
Martín Wolpod, miembro de FIAN que había guiado y traducido a los mexicanos, le entregó al empresario un documento con un resumen del conflicto, que incluía un listado de las violaciones a las leyes mexicanas e internacionales de la empresa. Wennemer montó en cólera sin siquiera ver el documento y, cortando en seco a sus interlocutores, dijo tajante que eso no lo iba a discutir, que no le interesaba y que quería hablar exclusivamente solamente con la comisión del sindicato.
En ese momento, Jesús Torres trató de explicarle la importancia de reabrir la fábrica, pero Wennemer lo interrumpió y, colorado por la rabia, extendió su índice hacia Jesús y le dijo: "Usted y solamente usted es el único responsable del cierre de la planta de El Salto y si sus compañeros se ven afectados y la población, usted es el único responsable".
El mexicano no bajó la mirada y rechazó la acusación.
Wennemer se fue calmando y, cuando recuperó el control, dijo que la empresa estaba dispuesta a establecer un diálogo para resolver el conflicto, pero en México, no en Alemania, y aseguró que Continental no violaba ninguna ley.
Al tiempo que abandonaba el edificio la delegación mexicana se despidió con un "mañana nos vemos, en la reunión anual de los accionistas".
El funcionario se petrificó de la sorpresa.
El 29 de mayo de 2002 se realizó la asamblea anual de accionistas de Continental, en el centro de convenciones de Hannover.
Enrique Gómez Delgado cuenta: "Cuando llegamos al edifico de la asamblea, vimos que la policía tenía una patrulla en la esquina y Jesús Torres alcanzó a escuchar que los uniformados reportaban la llegada de los mexicanos. Los de seguridad no nos quitaban los ojos de encima y no se nos despegaron, aunque guardaron su distancia. Entramos a la asamblea y todos nos miraban y señalaban. Llegamos en el momento en que Wennemer daba su informe anual y afirmaba que la planta de Jalisco había sido cerrada por ineficiencia y por la incapacidad de la representación sindical a aceptar el famoso paquete.Nosotros desmentimos el informe".
En esa asamblea se dijo que Continental ha gastado de 430 millones de euros en el cierre de cinco de sus plantas. Según Gómez Delgado, "a diferencia de los cierres en Europa, en México, los trabajadores no contamos con el seguro de desempleo, ni con las acciones adicionales que ha tomado Continental, como el facilitar su contratación en otras plantas o las ayudas económicas por encima de sus liquidaciones normales, que son realmente muy elevadas."
Sobre cómo la delegación mexicana pudo colarse a la reunión de accionistas, lo explica el profesor Lars Stubbe:
"Los sindicalistas que vinieron a Alemania tuvieron el apoyo de tres organizaciones no gubernamentales alemanas: FIAN, que lucha por el derecho a la alimentación en el mundo; German Watsch, que vigila que las compañías alemanas cumplan con las leyes y protejan la ecología en todos los países donde operan, y Accionistas Críticos. Estos últimos compran acciones en las compañías para poder así tener acceso a las juntas y hacer críticas duras desde dentro. Como accionistas tiene acceso a información muchas veces privilegiada, escriben informes y los hacen llegar a la prensa. Los Accionistas Críticos aprovechan las juntas para hacer preguntas incómodas y exigir cuentas a los ejecutivos".
Según Stubbe, "fueron los Accionistas Críticos quienes le abrieron las puertas a la delegación mexicana en la reunión de accionistas."
De hecho, el propio Stubbe acompañó a los mexicanos. Fue su intérprete y organizó algunos encuentros con sindicalistas alemanes de Hamburgo.
El académico agrega: "Lo que es una vergüenza es que los grandes sindicatos alemanes que tenían el deber, por lo menos moral, de intervenir y de apoyar a sus compañeros mexicanos, brillaron por su ausencia. No mostraron ni interés ni solidaridad de ningún tipo. La IGBC nunca tomó el caso ni apoyó".
--¿Por qué?--
Porque su filosofía es no entrar en confrontación con los patrones, caerles simpáticos y lograr sus objetivos por la vía del convencimiento; en algunas ocasiones les funciona, pero eso no los disculpa.
La huelga de la Euskadi-Continental se transformó en un movimiento social. Sin embargo, lo más importante fue la lucha jurídica. Los obreros ganaron los amparos en todas las instancias. A los directivos de Continental no les quedó otra que aceptar. Los acuerdos conseguidos con la empresa respecto de las liquidaciones conforme a la ley, no fueron respetados. Primero se luchó por evitar la aplicación del "paquete"; después por que no se cerrara la fábrica; luego por liquidaciones justas.
La Continental ya no podía con la monserga de un conflicto que sólo les ocasionaba pérdidas, presiones y mala imagen. Las autoridades mexicanas, tanto locales como federales, no tenían manera de justificar flagrantes violaciones a la Constitución. Les fue relativamente cómodo darles la razón a los trabajadores, quienes invirtieron todo el dinero que les correspondía de tres años de sueldos caídos, indemnizaciones y liquidaciones justas, en comprar la maquinaria a Continental. Se organizaron como cooperativa y se asociaron con una empresa de Estados Unidos que distribuye las llantas de Euskadi en ese país.

jueves 3 de septiembre de 2009

LA VERDAD DEL CONFLICTO MINERO DE MÉXICO.

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALÚRGICOS, SIDERÚRGICOS Y SIMILARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA
--BOLETÍN INFORMATIVO--
82/2009
Jueves 3 de septiembre de 2009

*La verdad del conflicto minero de México.

*Una historia de persecuciones políticas y judiciales contra el Sindicato Minero y su Dirigente Nacional, Napoleón Gómez Urrutia.

*Estos son hechos, no suposiciones, sobre el proceso legal que ha seguido el conflicto minero.

Con motivo de la visita a Guadalajara, Jalisco, de los gobernantes de Estados Unidos y Canadá a México, el lunes 10 de agosto, difundimos los motivos por los que muchos líderes, organizaciones sindicales, legisladores y personajes públicos en sus naciones los han buscado para que intervengan con motivo del conflicto minero en México. Hicimos votos para que el Presidente de México también analizara con objetividad la problemática que aquí se expone.

Es un hecho público y notorio que Grupo México (de Germán Feliciano Larrea Mota-Velasco), ha gastado una enorme fortuna en televisión, radio y prensa escrita para generar en la opinión pública la siguiente percepción:

“Que Napoleón Gómez Urrutia dispuso de 55 millones de dólares de un Fideicomiso propiedad de los trabajadores mineros.”

Esta es una vil mentira, la cual pretenden convertirla en verdad en la percepción pública a base de repetirla insaciablemente, cuando además se hace gala de derroche al contratar los espacios más caros en los medios escritos y sobre todo electrónicos.

Pero la percepción no cambia la realidad de las cosas, y ésta es simplemente la siguiente:

“Grupo México con el apoyo del Gobierno Federal quiso imponer a Elías Morales como Secretario General del Sindicato, substituyendo a Napoleón Gómez Urrutia y al Comité Ejecutivo Nacional, quiénes gozan del respaldo de los trabajadores, sin ser minero, habiendo sido expulsado en el 2000 del Sindicato por actos probados de corrupción y traición, y sin haber sido electo en Convención General, máxima autoridad de la Organización, como sí lo ha sido Napoleón Gómez Urrutia por 5 ocasiones, por unanimidad y según lo establecen los Estatutos Sindicales.

Además, para lograrlo, fabricaron acusaciones penales reiterando las mismas en distintos fueros y Estados (siendo siempre por los mismos hechos aun cuando ello está terminantemente prohibido por la Constitución), con el propósito de transitar sin obstáculos a esa nueva “dirigencia” que pretendieron imponer. Como las cosas no les salieron bien, ahora lo que quieren es que se entregue el Sindicato a Grupo México, y el Gobierno, aun cuando existen sentencias que acreditan que ni el Sindicato ni sus dirigentes cometieron delito alguno, sigue haciendo ilegales pesquisas (que México había enterrado) y formulando nuevas acusaciones por los mismos hechos; poniendo el aparato estatal a disposición de Germán Feliciano Larrea y su empresa, pero usando siempre a Elías Morales en una ya evidente persecución política.”


Para algunos actores gubernamentales, entre los que destaca el Secretario del Trabajo Javier Lozano Alarcón, es fácil e indecente el insistir, abusando del cargo que detenta, en que no existe una persecución política en contra de Napoleón Gómez Urrutia y otros miembros del Sindicato Nacional, entre ellos Juan Linares, quién se encuentra indebida e ilegalmente recluido.

Sin embargo, tal persecución política lamentablemente existe en un País que se dice democrático y respetuoso de los Derechos Humanos (aún cuando en el Mundo se diga lo contrario), y se podrá acreditar ante las autoridades canadienses –en su caso- y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de manera objetiva. El Gobierno Federal y de manera muy concreta la Secretaría del Trabajo, de la mano de Grupo México (y este a su vez de su títere Elías Morales), han hecho un uso indebido del Derecho Penal para conseguir objetivos igualmente indebidos en el ámbito laboral. Por ende, desvincular un problema del otro es simplemente la manera de pretender eludir responsabilidades propias de los abusos de autoridad en que se ha incurrido.

Son el gobierno y la empresa Grupo México quienes han pretendido convertir un problema laboral en uno penal.

La situación real es la siguiente:

La Secretaría del Trabajo no ha explicado por qué reconoció al incondicional de Grupo México, Elías Morales Hernández (en un tiempo record de menos de dos horas), como Secretario General del Sindicato, con base en documentos que presentó y en los que se falsificaron firmas del Primer Vocal del Consejo General de Vigilancia y Justicia del Sindicato, Juan Luis Zúñiga, (lo que está probado por peritos e incluso reconocido por la Procuraduría General de la República).

Tampoco nadie explicó que se “robaron” el expediente de averiguación previa de falsificación de firmas de las propias oficinas de la PGR Tres años después, no existe investigación alguna por parte de PGR, menos aún responsables de la falsificación de firmas, el cual es un delito penal.

No hay explicación del motivo que existe para que el Gobierno Federal proteja a Grupo México y sus directivos de la responsabilidad penal (de comisión por omisión) que les corresponde, congelando la averiguación previa federal 4085/07/08 relativa a los 65 mineros muertos en Pasta de Conchos como producto de su criminal negligencia.

Insiste el gobierno que se cometió un delito bancario (113 bis de la Ley de Instituciones de Crédito), cuando el órgano técnico que es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, resolvió que no existe tal delito -en un documento que por cierto fue también sustraído de la averiguación previa y se tuvo que obtener en un juicio de amparo-, y que “la conducta no se ubica en la hipótesis típica prevista y mencionada por el artículo 113 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito, ni en ningún otro tipo penal contenido en esta Ley…”

Tampoco pueden negar que en México sí hay represiones gubernamentales, lo cual se muestra en un video en el que la PFP dispara a mineros desarmados en Lázaro Cárdenas, Michoacán, desde un helicóptero, el 20 de abril de 2006, intento de represión que dio por resultado dos trabajadores asesinados y más de cien heridos.

Igualmente, nunca han podido explicar que la PGR, ante su fracaso, haya enviado a varios Estados de la República copias simples de su averiguación inicial (aquella que dio lugar a negativa de órdenes de aprehensión federales), para obtener ahora órdenes de aprehensión locales por los mismos, en todas las cuales hay las mismas faltas de ortografía. Esto es anticonstitucional pues nadie puede ser acusado dos veces por el mismo asunto.

Es evidente que hay una persecución ilegal contra el Sindicato Minero y su líder, cuando el gobernador de Coahuila Humberto Moreira hizo público en entrevista con el periodista Jacobo Zabludovsky y con cobertura mediática nacional, que fue citado a Los Pinos y el propio entonces presidente Vicente Fox Quesada junto con los secretarios de Gobernación y del Trabajo lo presionaron para que “le buscara un delito”, encarcelara a Napoleón Gómez Urrutia y encubriera las responsabilidades del entonces Secretario del Trabajo, Francisco Salazar Sáenz, con motivo de la explosión de la mina de Pasta de Conchos, manifestando Moreira que él se negó a ello en razón de que Napoleón Gómez Urrutia no había cometido delito alguno.

Es injustificable lo que acusó Moreira: "En mi estado no tenía ningún delito Napoleón. (Fox) me dijo 'vamos buscándole'. Le dije que no tenía nada. 'No jalas (le advirtió el ex mandatario)'. No, es que no tiene nada en mi estado", acusó el gobernador de Coahuila.

Inexplicablemente se acusó a los delegados fiduciarios de Scotiabank Inverlat por los mismos hechos que se le atribuyen al licenciado Gómez Urrutia y demás miembros del Sindicato y resulta que la Justicia Federal determinó que NO SE COMETIÓ DELITO ALGUNO con motivo del fideicomiso minero.

No ha contestado el Gobierno Federal la pregunta sobre el motivo de haber tolerado se transmitieran spots millonarios en dólares pagados por Grupo México (aunque en el spot se diga increíblemente que fueron pagados por mineros), en los que se dice que Napoleón Gómez Urrutia robó 55 millones de dólares en clara violación a la dignidad de la persona y a la presunción de inocencia.

No tienen cómo exponer que existe un supuesto fraude cuándo la Convención General Nacional (máximo órgano del Sindicato en el que estuvieron todas sus Secciones) aprobó de manera unánime las cuentas y negó que existiera cualquier tipo de daño patrimonial.

De igual manera no pueden explicar que exactamente por los mismos hechos por los que acusan en el ámbito federal al licenciado Napoleón Gómez Urrutia se presentaron denuncias ante la Procuraduría del Distrito Federal y esta resolvió NO EJERCER ACCIÓN PENAL EN SU CONTRA Y ARCHIVAR tres
averiguaciones previas (FDF/T/T1/794/08-10; FDF/T/T1/854/07-11 y FDF/T/T3/884/06-11)

El propio Ministerio Público del Distrito Federal determinó que los denunciantes (otra vez Elías Morales), no son víctimas de daño patrimonial alguno y por ende no existe siquiera querella en tanto los recursos del fideicomiso pertenecen al Sindicato.

Resulta inexplicable que el Poder Judicial Federal, en abril de 2007, ordenó en sentencia de amparo reconocer a Napoleón Gómez Urrutia como Secretario General, señalando las ilegalidades de la Secretaría del Trabajo, cuando antes otorgó la Toma de Nota a Elías Morales. A pesar de ello nuevamente la Secretaría del Trabajo negó la Toma de Nota a Napoleón Gómez Urrutia, en junio de 2008, aun cuando fue reelecto unánimemente, lo que hoy se encuentra en juicio de amparo en revisión.

No tienen cómo responder al hecho de que la Juez 18º Penal del Distrito Federal dictó auto de libertad a Juan Linares Montúfar por los mismos hechos por los que está INJUSTAMENTE recluido con motivo de la acusación federal y que incluso la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia ya resolvió también favorablemente para el señor Linares el recurso de apelación presentado por la Procuraduría capitalina. Por añadidura, dicha Juez también negó la orden de aprehensión en contra de Napoleón Gómez Urrutia en cumplimiento a una sentencia de amparo por los mismos hechos imputados en el ámbito federal.

No hay del gobierno una respuesta lógica al hecho de que Gregorio Pérez Romo estuvo recluido durante tres años y su proceso concluyó con sentencia absolutoria de inocencia plena, ya que NO SE COMETIÓ DELITO ALGUNO CON MOTIVO DEL FIDEICOMISO MINERO, ni por él ni por ninguno de los dirigentes sindicales.

Tampoco han explicado que el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito ya se pronunció en Pleno en el sentido de que las acusaciones locales guardan directa relación fáctica con la federal e incluso todas nacen de la misma averiguación previa.

La SIEDO, en lugar de perseguir delincuencia organizada, prioridad presidencial, aseguró (sin motivo y sin que siquiera existiera denuncia) TODAS las cuentas del Sindicato en el afán del Gobierno de impedir que se sufraguen los gastos de las huelgas en Cananea, Taxco y Sombrerete que se han mantenido con tanto esfuerzo por dos años.

Es evidente que la PGR protege a Germán Feliciano Larrea Mota Velasco para que no comparezca a ser interrogado por la defensa de Juan Linares en su proceso federal. Incluso, sin motivos, apeló la decisión judicial de hacerlo comparecer (la que por cierto también ya perdió). Es un hecho notorio que Grupo México tiene trato con la PGR y el Ministerio Público adscrito al Juzgado en un asunto penal en el que supuestamente no es parte.

Tampoco tiene explicación posible que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje haya dictado un laudo en una hora con veinte minutos, dejando sin trabajo a más de mil familias de Cananea y supuestamente analizando voluminosos expedientes de miles de fojas, lo cual fue revertido totalmente como resultado de un amparo concedido por un tribunal colegiado en materia laboral.

Nadie ha respondido al hecho de que la PGR pretendió obtener una orden de aprehensión en contra de Sergio Tolano Lizárraga, Secretario General de la Sección 65 (que también perdió), por el mero hecho de haberse amparado (como lo hicieron también más de mil trabajadores de Cananea), en contra del ilegal laudo que quiso dar por terminadas las relaciones individuales y colectivas a petición de Grupo México.

Ni siquiera han explicado que en el procedimiento de supuesta extinción de relaciones laborales en Cananea, la Junta se negó a recibir pruebas del Sindicato y admitió todas las de empresa, y aun ante tantas arbitrariedades cometidas el Secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, se pronunció defendiendo el procedimiento y su laudo como si él fuera parte de Grupo México, pero actuando siempre como vocero de dicha empresa.

Además, enviaron con cargo al Erario a más de mil Policías Federales Preventivos a Cananea, los hospedaron en hoteles locales por casi dos semanas e incluso declararon por conducto de su comandante que estaban revisando hospitales y quirófanos ya que desalojarían con violencia a los trabajadores mineros de las instalaciones de Grupo México.

No hay lógica con la cual sustentar que se desviaron 55 millones de dólares cuándo 200 millones de pesos fueron asegurados al Sindicato por autoridades laborales (lo que reconoce el subsecretario del Trabajo Álvaro Castro, quién por cierto también declara como si fuera Juez), cuando Elías Morales reconoció ante el Juez Penal Federal que sí se distribuyó (conforme determinó el Sindicato en ejercicio de su autonomía), entre los trabajadores sindicalizados en Sonora; y cuando la diferencia se encuentra en el patrimonio sindical.

En el gobierno no pueden explicar que un despacho independiente de Suiza contratado por las organizaciones sindicales internacionales determinó que no se desvió ni un centavo del Fideicomiso Minero, pero aún así el Secretario del Trabajo Lozano insiste que se cometieron delitos como si él fuera Juez, haciendo total olvido de su posición institucional, al hacer comentarios y formular boletines oficiales subidos de tono y, claro está, sin jamás reconocer el principio elemental de presunción de inocencia.

Finalmente, no solicitaban la extradición al Gobierno canadiense y tuvo que ser el licenciado Napoleón Gómez Urrutia quién presentara un juicio de amparo ante la pasividad del Gobierno mexicano, en el que aseguró que tal omisión le deparaba un perjuicio al no permitírsele enfrentarles ante Cortes canadienses imparciales.

Napoleón Gómez Urrutia siempre ha manifestado encontrarse en Vancouver, Canadá y nunca se ha ocultado. Todo lo contrario. No es un fugitivo como algunas autoridades mexicanas irresponsablemente afirman. Responsablemente se ha presentado ante las autoridades canadienses y está siempre a sus órdenes para comparecer a las instancias que le requieran.

Ante todo lo aquí planteado, falta una sola cosa más:

Es evidente que estamos ante una clara e ilegal persecución política y un uso indebido del Poder Público al servicio de Grupo México y de Germán Feliciano Larrea Mota Velasco.

Es el momento, por el bien de México, de los trabajadores mineros y de la industria, de que se termine este conflicto y que se hagan, ahora sí, verdaderos esfuerzos para ponerle fin en un marco de respeto recíproco y con interlocutores propositivos y razonables que partan de un análisis objetivo.

miércoles 2 de septiembre de 2009

AMENAZAN A ROBERTO HERNÁNDEZ MOJICA, LIDER DE LA SECCIÓN 17 EN HUELGA, DE TAXCO, GUERRERO, POR INSTRUCCIONES DE LA EMPRESA GRUPO MÉXICO

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALÚRGICOS, SIDERÚRGICOS Y SIILARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA
--BOLETÍN INFORMATIVO--
81/2009
Miércoles 2 de septiembre de 2009

*Amenazan a Roberto Hernández Mojica, líder de la Sección 17 en huelga, de Taxco, Guerrero, por instrucciones de la empresa Grupo México.

*El gremio trabajador minero, nacional e internacional, reprobamos enérgicamente dichas amenazas de violencia.

*Hacemos responsable al actual gobierno de Felipe Calderón de cualquier atentado que pueda sufrir cualquier dirigente minero.

El compañero Roberto Hernández Mojica, secretario general de la Sección 17 del Sindicato Nacional de Mineros, en huelga desde hace más de dos años, con sede en Taxco, Guerrero, ha sido objeto de reiteradas amenazas contra su seguridad y su vida, igual que su familia, y apremiado a que abandone la lucha y se retire del movimiento minero, así como que salga de Taxco, “porque no le dan ninguna seguridad”, le dicen las voces anónimas que profieren las amenazas.

Pero hay todos los indicios de que tales amenazas provienen de la empresa Grupo México de Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, quien así refrenda el carácter criminal de su conducta en el ya largo conflicto con los trabajadores huelguistas de Taxco, así como con los de Cananea, Sonora, y Sombrerete, Zacatecas, según denunció el compañero Hernández Mojica en conferencia de prensa realizada hoy en Taxco, Guerrero.

Todo el gremio minero trabajador, tanto nacional como internacional, reprobamos enérgicamente esas amenazas contra el compañero Roberto Hernández Mojica y manifestamos nuestro más profundo rechazo a esas prácticas de intimidación de parte de la empresa Grupo México. Demandamos que no haya más conatos de agresión ni agresiones contra nuestros dirigentes, porque de ocurrirle algún percance a alguno de ellos, nos iremos con todo contra quienes así actúen. No lo permitiremos.

Ahora más que nunca, es ya el momento de que el presidente Felipe Calderón actúe como representante político real de los ciudadanos, y no proteja a quienes amenazan a dirigentes mineros. Ya es el momento de que nuestros líderes sindicales sean tratados con respeto y con apego a la ley. Este gobierno, si quiere actuar dentro del estado de derecho, como a diario lo proclama, debe tomar ejemplo de cómo en Estados Unidos sus autoridades gubernamentales y locales han fincado responsabilidades judiciales al empresario Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, por sus manejos turbios y fraudulentos contra la que fue su empresa, adquirida por medios ilegales, la American Smelting and Refining Company, ASARCO, y no lo sigan protegiendo cuando actúa de manera ilegalmente criminal contra los trabajadores mineros mexicanos y sus dirigentes.

Ya basta de tanta represión e injusticia contra los trabajadores mineros y contra el Sindicato Nacional de Mineros, acciones en las que participan en complicidad algunos políticos y funcionarios del actual gobierno federal y de gobiernos de algunos estados.

Hacemos responsables de cualquier agresión que resulte en agravio del dirigente de la Sección 17 de nuestro Organismo Sindical y su familia, al gobierno federal de Felipe Calderón Hinojosa y a la empresa Grupo México, y afirmamos que el Sindicato Nacional de Mineros que encabeza el compañero Napoleón Gómez Urrutia, estará siempre vigilante de que no se violen ni la seguridad ni la integridad personales del compañero Roberto Hernández Mojica ni la de su familia, igual que también la de cualquier otro dirigente sindical minero.

CUMBRE DE LOS PUEBLOS - LIMA - PERÚ 2008

CUMBRE DE LOS PUEBLOS - LIMA - PERÚ 2008
Campaña de la actitud criminal de Grupo México

CUMBRE DE LOS PUEBLOS. LIMA-PERÚ 2008

CUMBRE DE LOS PUEBLOS. LIMA-PERÚ 2008
Denuncia de la persecusión política en contra de los Mineros Mexicanos

CUMBRE DE LOS PUEBLOS, LIMA-PERÚ 2008

CUMBRE DE LOS PUEBLOS, LIMA-PERÚ 2008
Inrterés de los delegados del mundo, frente a la criminalización de la actividad sindical en México

CUMBRE DE LOS PUEBLOS, LIMA-PERÚ 2008

CUMBRE DE LOS PUEBLOS, LIMA-PERÚ 2008
Denuncia a nivel mundial de la complicidad entre el Gobierno Mexicano y la empresa Grupo México