SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALÚRGICOS, SIDERÚRGICOS Y SIMILARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA
--BOLETÍN INFORMATIVO—
11/2010
Domingo 7 de febrero de 2010
*Agustín Acosta, abogado de Veta de Plata (creación de Grupo México) pretende justificar sus derrotas jurídicas.
*Acto de desesperación y pobreza legal el acusar a Ministerio Público del DF.
*La defensa del Sindicato Minero le responde.
Cuestionado sobre la denuncia penal que contra un Ministerio Público del Distrito Federal anunció Agustín Acosta Azcón como abogado de integrantes de la Cooperativa Veta de Plata (financiados evidentemente por Grupo México), el abogado penalista Marco Del Toro comentó:
“La denuncia en contra de un Ministerio Público del Distrito Federal, deja en claro que están llegando a tales niveles de desesperación que les llevan a tomar decisiones de una pobreza jurídica alarmante. Tan ello es así que cuando tuvieron la oportunidad de combatirlas, perdieron los juicios de amparo que promovieron contra las resoluciones del Ministerio Público que determinaron que NO SE COMETIÓ DELITO en su contra”.
Dijo: “Extraña que se acuse al Ministerio Público por haber declarado como lícita la extinción del fideicomiso minero y por ende exculpar a las personas indebidamente acusadas, cuando las resoluciones que han determinado como legal la extinción del fideicomiso minero y absuelto a Napoleón Gómez Urrutia y demás miembros del Sindicato, emanan de múltiples autoridades”.
Del Toro precisó: “Como defensores penales seguiremos trabajando en la parte jurídica del asunto hasta su total solución, que es lo que nos corresponde. El pretender que desde la parte mediática se genere una percepción de culpabilidad donde no la hay, caerá y está cayendo por su propio peso. Desde luego que es interés de esta defensa interrogar a quiénes hayan firmado la denuncia presentada por Agustín Acosta para que expliquen los motivos que los han llevado a mantener ilegalmente en prisión al señor Juan Linares Montúfar, Presidente del Consejo General de Vigilancia y Justicia del Sindicato, y a mantener una persecución política del Gobierno Federal sin precedentes”.
Afirmó, asimismo: “No cabe duda que existen Jueces y Magistrados (federales y locales) y Agentes del Ministerio Público locales que actúan conforme la Ley. Lamentablemente también existen intereses que conllevan a una persecución federal indebida de la que hay muestras claras, tal y como incluso se ha presentado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las autoridades gubernamentales de Canadá”.
En prueba de que son múltiples las autoridades que han absuelto a Napoleón Gómez Urrutia y a otros dirigentes sindicales de todo delito relacionado con el fideicomiso minero, el abogado del Toro mostró una serie de sentencias y resoluciones:
1.- Juez 18º penal del Distrito Federal que dictó:
a) Sentencia absolutoria a Gregorio Pérez Romo; b) Auto de libertad a favor de Juan Linares Montufar; c) Negativa de orden de aprehensión a favor de Napoleón Gómez Urrutia.
2.- Magistrados de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal:
a) Confirmaron la sentencia absolutoria dictada a favor de Gregorio Pérez Romo a pesar de haber sido apelada por el Ministerio Público del Distrito Federal; b) Confirmaron el auto de libertad dictado a favor de Juan Linares Montúfar aun cuando ello fue apelado por el Ministerio Público del Distrito Federal; c) Confirmaron la negativa de orden de aprehensión que la Juez 18º resolvió --en cumplimiento a una Ejecutoria de Amparo-- a favor de Napoleón Gómez Urrutia, aun cuando ello fue apelado por el Ministerio Público del Distrito Federal.
3.- Juez 51º Penal del Distrito Federal, quién dictó:
a) Negativa de orden de aprehensión a favor de José Ángel Rocha Pérez como consecuencia del cumplimiento a la sentencia de amparo concedido.
4.- Magistrados de la Novena Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, quiénes resolvieron:
a) Confirmar la negativa de orden de aprehensión del señor José Ángel Rocha Pérez dictada por el Juez 51º Penal, que fue apelada por el Ministerio Público del Distrito Federal; b) Declarar procedente el recurso de apelación de la defensa del señor Napoleón Gómez Urrutia y por tanto dictar el sobreseimiento con eficacia de cosa juzgada y plena inocencia en su favor, promovido ante la ilegal resolución del Juez 51º Penal de negarse a declarar dicho sobreseimiento.
5.- Coordinación de Asesores del Procurador General de Justicia del Distrito Federal:
a) Confirmaron las resoluciones por virtud de las cuales se determina el NO EJERCICIO DE ACCIÓN PENAL en tres distintas averiguaciones previas que intentó Grupo México por conducto de Elías Morales y su pseudo Cooperativa, alegando ilegalmente (como bien claro establecen las resoluciones) que sufrieron daño con motivo de la extinción del fideicomiso; b) Confirmaron que no existen diligencias por practicar ante la inexistencia de delito alguno; c) Confirmaron que no existe delito con base en lo atinadamente resuelto por los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
6.- Jueces Federales de Amparo y Magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito:
a) Resolvieron dejar sin efectos las órdenes de aprehensión libradas inconstitucionalmente por los Jueces locales de Sonora y San Luis Potosí; b) Resolvieron que la orden de aprehensión por el delito bancario federal es inconstitucional; c) Negaron los amparos de la pseudo Cooperativa Veta de Plata y sus muy pocos agremiados (léase Grupo México), en los que se dolían de las resoluciones de no ejercicio de acción penal dictadas a favor de Napoleón Gómez Urrutia y demás miembros del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato; d) Resolvieron la inocencia, por no haber delito con motivo de la extinción del fideicomiso minero, de los funcionarios de la Fiduciaria Scotiabank; e) Resolvieron que no existe origen ilícito alguno y por ende no se actualiza el delito de lavado de dinero.
Del Toro señaló: “Como se ve, el problema del abogado Acosta, la pseudo Cooperativa Veta de Plata y Grupo México no es lo resuelto por un Ministerio Público. Bajo sus muy peculiares pretensiones, tendrían que presentar denuncias contra muchos Jueces y Magistrados (locales y federales), que han arribado a la verdad: NO SE COMETIÓ DELITO ALGUNO y Napoleón Gómez Urrutia y los demás miembros del Sindicato Minero, son víctimas de una persecución política gestada en el Gobierno Federal, como bien claro dejó el Gobernador Moreira al hacer importantes revelaciones públicas sobre el particular.
Lo que sí debe ser motivo de aclaraciones es la razón por la que PGR no investiga y tiene detenidas las averiguaciones previas iniciadas con motivo del los homicidios de Pasta de Conchos; del robo del expediente en instalaciones de PGR respecto de la averiguación previa en la que se comprobó la falsificación de firmas en documentos con los que se pretendía ilegalmente investir como Secretario General del Sindicato a Elías Morales; del abuso de autoridad al negar la Toma de Nota de Napoleón Gómez Urrutia, entre otras.
También debe aclararse el motivo por el que el Ministerio Público Federal escondió y extrajo de la averiguación previa, la opinión técnica de la Comisión Nacional Bancaria en la que concluyó que no se cometió delito alguno con motivo de la extinción del fideicomiso minero. Sería conveniente aclarar también por qué PGR defiende a Germán y Genaro Larrea a ultranza en el proceso penal del señor Juan Linares y porqué para ello cuentan también con el apoyo incondicional de los representados del abogado Acosta”.
