SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALÚRGICOS, SIDERÚRGICOS Y SIMILARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA
--BOLETÍN INFORMATIVO--
89/2010
Jueves 21 de octubre de 2010.
*JUICIO POLÍTICO EN CONTRA DE JAVIER LOZANO ALARCÓN
El Sindicato Nacional de Mineros y distintos integrantes del mismo, tomamos la determinación de entablar juicio político a Javier Lozano Alarcón, por lo que se le encargó al equipo jurídico del Sindicato preparar la denuncia correspondiente en contra del hoy Secretario del Trabajo y Previsión Social.
Lo anterior está basado y tiene fundamento en los artículos 108, 109, 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 5, 6, 7, 9, 10, 14 y demás aplicables de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos y del Código Federal de Procedimientos Penales.
Ello, por haber incurrido Lozano en conductas que redundan en perjuicio de los intereses públicos y en contra de los derechos fundamentales de los trabajadores, que afectan seriamente la solución negociada de los problemas, y vulneran la buena marcha de las instituciones al faltar reiterada y claramente el señor Lozano Alarcón al cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales, propias de la responsabilidad política asumida desde que inició su encargo.
La intención es que Lozano Alarcón sea efectivamente sancionado y destituido de su cargo. Para ello, se cuenta con un amplio cúmulo de pruebas que acreditan su mal actuar y que serán acompañadas en los juicios políticos que se le deben de iniciar y de todo lo cual conocerá el Congreso de la Unión.
Las pruebas serán dadas a conocer a la opinión pública dada la gravedad de las mismas.
La primer demanda será presentada el próximo miércoles 27 de octubre y será a partir de entonces que el hasta hoy funcionario deberá enfrentar los cargos que se le imputan a la luz de la responsabilidad política que le corresponde y por la que se exige sea destituido e inhabilitado por 20 años para ocupar un cargo público.
Llega a tal grado la fama de incompetencia y violación de esta persona hacia sus obligaciones como funcionario público, que hasta al Senado de la República ha llegado esta percepción, con relación a las incontinencias verbales de su subordinado Álvaro Castro, quien en una carta pretendió “regañar” en estos días al senador Ricardo García Cervantes, obviamente por instrucciones del titular de la STPS.
Por ello, por unanimidad de todas las bancadas, en su pleno del martes 19 de octubre, el Senado le exigió a Lozano Alarcón rectificar o ratificar los dichos de este funcionario menor, porque con tales atropellos viola la libertad constitucional de que gozan todos los legisladores en el sentido de que ninguno de ellos podrá ser reconvenido por autoridad alguna por sus opiniones o declaraciones.
