SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALÚRGICOS, SIDERÚRGICOS Y SIMILARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA
--BOLETÍN DE PRENSA--
58/2011
Lunes 28 de noviembre de 2011
*Sin ningún sustento legal las gestiones del gobierno de Calderón en el frustrado intento de extradición de Gómez Urrutia, declara en entrevista Marco del Toro.
*El Sindicato Minero y su defensa legal han demostrado que las 11 órdenes de aprehensión son falsas y no las acepta la Justicia de Canadá.
*El embajador Barrio se muestra poco diplomático al cuestionar al sistema de justicia canadiense, cuando señala que este actúa por asuntos de política interna.
El gobierno de Canadá no le ha dado curso a la solicitud de extradición del compañero Napoleón Gómez Urrutia, Secretario General del Sindicato Nacional de Mineros, porque los argumentos del gobierno de México no son creíbles para la rigurosa justicia de aquel país, y de ninguna manera porque este asunto represente un problema de la política interior canadiense, declaró el abogado Marco Antonio del Toro, de la defensa legal de la Organización Nacional Minera.
“El gobierno de Canadá ha encontrado que la solicitud y las gestiones del gobierno de México no tienen ningún sustento legal, y eso lo demuestra el hecho, que hemos comunicado a aquel gobierno siempre en su oportunidad, de que de 11 órdenes de aprehensión lanzadas contra Napoleón Gómez Urrutia, 10 de ellas las han echado abajo los jueces mexicanos, tras la defensa legal del Sindicato Minero, y en la que queda pendiente ya fue aceptado el recurso de amparo que se interpuso”, afirmó el abogado Del Toro en entrevista radiofónica, hoy lunes 28, con el periodista Javier Solórzano en su programa de Radio Trece. Por lo tanto, agregó el abogado sindical, no se trata de que el gobierno de Canadá esté actuando por razones de política interior de aquel país, sino que el gobierno de México siempre ha presentado argumentos sin ningún fundamento jurídico y que sólo obedecen a intereses oscuros y a una persecución política, para supuestamente fundar su solicitud de extradición, y la justicia canadiense de ninguna manera violará el Tratado de Extradición existente entre ambos países sólo para satisfacer la infundada solicitud de la administración mexicana.
Incluso, añadió, en mayo de 2011 Canadá le otorgó al líder minero mexicano la residencia permanente en virtud de que “no son creíbles las imputaciones del gobierno mexicano contra Gómez Urrutia, y lo dejó establecido por escrito, refrendando con ello que estamos ante una persecución política”.
Hay que recordar, afirmó Del Toro, que en 2008 el líder minero mexicano presentó un amparo contra el gobierno de México porque este se abstenía de solicitar formalmente la extradición, amparo que tenía como propósito el poderse defender legalmente ante las Cortes Canadienses, tras lo cual la administración de México ha querido activar su solicitud, pero nunca ha presentado argumentos convincentes, y tampoco se debe a que el gobierno de Canadá interponga nuevos requisitos arbitrarios para acceder a dicha solicitud.
La solicitud del gobierno de México se ha basado siempre en las órdenes de aprehensión lanzadas contra Napoleón Gómez Urrutia con motivo de la acusación ilegal sobre el presunto e inexistente desvío de recursos del Fideicomiso Minero, pero la defensa legal del Sindicato en esos 11 casos ha demostrado y echado abajo, como falso, ese fundamento de la solicitud de extradición, en tanto que las decisiones de jueces mexicanos al respecto le han dado la razón al Sindicato Nacional de Mineros.
Posteriormente, el gobierno mexicano le lanzó a Gómez Urrutia, precisó Del Toro, 4 acusaciones por supuesto lavado de dinero, pero todas estas han sido rebatidas satisfactoriamente por los tribunales mexicanos que han visto el asunto, y tampoco con estas, por su carencia de sustento jurídico y por no apegarse a la verdad, ha logrado justificar su pedido de extradición. Se rumora que el gobierno mexicano prepara actualmente otra acusación inconstitucional y abusiva por este mismo asunto, pero estamos atentos a que se presente y actuaremos en consecuencia, apoyados en que en 2006 y en 2009 se ha demostrado que esa acusación es totalmente falsa.
Las versiones sobre la postura de Canadá en torno a esta extradición son del embajador Francisco Barrio, quien al afirmar que la renuencia de aquél país a conceder la extradición se debe a obstáculos de la política interior “se ha mostrado muy poco diplomático pues eso significa cuestionar al sistema de justicia de Canadá”. La realidad, concluyó Del Toro, es que las solicitudes del gobierno mexicano no han tenido ningún sustento jurídico válido.
