Mensaje del compañero Napoleón Gómez Urrutia, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, en el 42 aniversario de la tragedia de Barroterán, Coahuila, ocurrida en la Mina de Guadalupe, de carbón, el 31 de marzo de 1969, en la cual perdieron la vida 153 compañeros trabajadores mineros. Pronunciado por el compañero Tomás Hernández Castillo, Secretario de Seguridad Social, Previsión e Higiene. Minas de Barroterán, Coahuila, Jueves 31 de marzo de 2011.
Estimados compañeros y compañeras de la Región Carbonífera de Coahuila:
Estimados trabajadores mineros, metalúrgicos y similares:
Nos reunimos en esta ocasión, como todos los años anteriores lo hemos hecho, para recordar la inmensa tragedia sufrida por los trabajadores de la Mina de Guadalupe, de Barroterán, Coahuila, que como todas las tragedias ocurridas llevó el luto, el dolor y la consternación a nuestros corazones mineros.
A todos los descendientes y familiares de aquellos 153 trabajadores que perdieron la vida en aquel lejano día, pero nunca lejano en nuestro recuerdo y sentimiento genuinos, les envío un saludo fraternal y conmovido de solidaridad y hermandad. Ni el tiempo ni la distancia han borrado el recuerdo de nuestros compañeros y seres queridos.
Una vez más, este recuerdo nos permite condenar la negligencia criminal de las empresas que no instalan adecuados sistemas de seguridad e higiene en las minas que sólo les están concesionadas a ellas, pero que no son de su propiedad, pues la única propietaria es la Nación entera, ya que nuestra Constitución establece que todos los recursos naturales, los del subsuelo entre ellos, son su propiedad inalterable, y que el Estado sólo las da en concesión a las empresas para su explotación económica racional y técnicamente adecuada.
La operación de las minas y plantas industriales, de acuerdo con la Ley, debe realizarse con pleno respeto a la vida y a la salud de los trabajadores, obligación establecida por la propia Ley que desafortunadamente en muchas ocasiones las empresas no cumplen, y no hay autoridad responsable que las obligue a respetar el estado de derecho y la aplicación de la justicia.
De acuerdo con esto, los concesionarios de las minas, todos sin excepción, están obligados a preservar los recursos que entran en acción en la producción minera, en primer lugar los recursos humanos, o sea, los trabajadores mineros dignos que con su esfuerzo y sacrificio le arrancan a la tierra sus riquezas y luego las transforman, para contribuir así al desarrollo nacional y a la economía del país.
La tragedia de Barroterán de hace 42 años fue producto de la falta de prevención de la empresa para este tipo de siniestros, los cuales se agudizan en las minas de carbón, que son las más peligrosas en el mundo por su alta explosividad. Y donde los gobiernos y las empresas deben aplicar con todo rigor las medidas de seguridad industrial e higiene en el trabajo, pero vemos que siguen en la más absoluta e irresponsable falta de acción, y entonces se producen, en diversos grados, las tragedias como ésta que estamos recordando hoy.
Al igual que la Mina 8 de Pasta de Conchos, que terminó con la vida de 65 trabajadores el 19 de febrero de 2006, con el agravante en este caso de que 63 de los cuerpos de ellos siguen abandonados en el interior de la mina, sin que sus familiares les puedan dar digna sepultura, debido a la irresponsabilidad y al egoísmo de un gobierno y una empresa que desprecian a los trabajadores.
Hace unos días, en este mismo Barroterán de Coahuila, Mina 7 de carbón, se produjo otra explosión del gas metano. Fallecieron dos compañeros y tres más resultaron seriamente lesionados, según nuestras últimas informaciones. O sea, a sólo unos cuantos días de que se cumplieran los 42 años de aquella tragedia en esta misma zona. Como por ironía cruel, la tragedia de estos días ocurrió para indicarnos a todos, pero principalmente al gobierno y a las empresas irresponsables y exentas de solidaridad social hacia sus propios trabajadores, que algo más que declaraciones encubridoras y optimistas deben hacerse en estos casos. Pues no importa el número de fallecidos. Sean miles o sea uno sólo, eso es un “Homicidio Industrial”, como calificamos en 2006 el de Pasta de Conchos.
Por eso hay mucha inconformidad y enojo entre los familiares de los mineros que laboran en esa mina, y entre los mismos trabajadores que sobrevivieron, tanto por las pésimas e inhumanas condiciones de seguridad industrial en las que trabajan los mineros, como porque la empresa Grupo Acerero del Norte desde que ocurrió el siniestro les ha escondido sistemáticamente la información a ellos, e incluso, que es lo más grave y despreciable del asunto, porque ha amenazado a los trabajadores a que guarden absoluto silencio sobre esta nueva tragedia, y si declaran algo a quien sea, no les pagarán el reparto de utilidades que por ley les corresponde, lo cual es un verdadero abuso contra su integridad como hombres libres.
A ellos los quieren tener esclavizados las empresas antisociales e irresponsables como ésta y como Grupo Peñoles de Alberto Bailleres González y Grupo México de Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, las cuales en los tres casos han creado “minas de sangre” y han contado con la abierta complicidad del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón.
Para evitar más “Homicidios Industriales” debemos seguir pugnando ante el Congreso de la Unión y los otros Poderes de la República, ante los organismos internacionales de salud y del trabajo, ante las propias empresas, y ante quien sea, para que con urgencia se promulgue una ley que penalice y castigue severamente, hasta con cárcel, a los empresarios que no instalen condiciones de seguridad industrial suficientes para preservar la vida, la integridad y la salud de los trabajadores mineros.
Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben hacernos caso, y aprobar una legislación en este sentido, que reordene la explotación económica de las minas, ya que hoy la avaricia y la ambición empresarial, junto con la incapacidad gubernamental, han convertido a este tan importante sector de la actividad económica en un desastre y un desorden desde el punto de vista de la seguridad industrial.
Esta propuesta del Comité Ejecutivo Nacional que me honro en presidir, y del Sindicato Nacional de Mineros, no debe ser echada en saco roto, como ha sucedido hasta hoy. Si por buena voluntad, según lo hemos registrado, las empresas mineras son incapaces de brindar esa seguridad industrial, debe ser por un mandato legal que las penalice en el caso de no cumplir con sus obligaciones. Sólo así se podrán corregir estas graves fallas, que el gremio minero trabajador no está dispuesto a seguir tolerando.
A todos los trabajadores mineros, metalúrgicos y siderúrgicos de México les enviamos un mensaje de solidaridad, y les decimos que seguiremos en la lucha hasta que se nos haga justicia tanto en la demanda de seguridad industrial e higiene que hemos planteado, como en la solución integral del largo conflicto minero que ya suma 5 años de duración y que dio comienzo, precisamente, con la explosión de la mina de carbón de Pasta de Conchos y con la perversa e ilegal persecución política contra el Sindicato Nacional de Mineros, sus afiliados y sus dirigentes.
Barroterán nos viene a confirmar, como lo hemos tenido claro desde el primer momento, que la búsqueda de la justicia todavía no termina, y que estando unidos lograremos salir adelante sin escuchar las calumnias ni los ataques perversos de personajes siniestros, cobardes y corruptos, que atacan enfermiza y ciegamente a nuestra Organización Sindical y a nuestros Dirigentes Nacionales.
Les envío un saludo sincero, lleno de recuerdos en esta fecha, y de tristeza por tanta impunidad, así como mi solidaridad absoluta en esta lucha, en la que no descansaremos hasta que se haga justicia y se recupere el respeto y la dignidad de los trabajadores mineros de México.
