La lucha contra la
corrupción
Napoleón
Gómez Urrutia
Jueves 21
de marzo de 2013
Entramos en México, después de los simbólicos primeros 100
días del gobierno actual, a la etapa de la realización de propósitos, aunque
éstos al parecer no se hayan agotado. Diversas reformas están a la vista y no
es preciso abundar en ellas, ya que son de amplio conocimiento público. Los
asuntos energéticos y los educativos, así como los de la política fiscal y
hacendaria, han tenido relevancia. No parecen temas ligeros, sino cada uno de
ellos muy cargado de importancia para el futuro inmediato del país.
Uno de los asuntos básicos, que en mi artículo
anterior comenté, es el de la nueva estrategia de lucha frente a la corrupción.
Contra lo que en algunos círculos se dice equivocadamente, México no es un país
de corruptos, ni en él predominan las transas. De no ser así la nación se
hubiera ya ido por el despeñadero. En nuestro país, pese a lo extendidos que
están los malos hábitos sociales, existe un tronco muy firme de honestidad y
entereza. Las comunidades pequeñas o medianas del país así lo demuestran
permanentemente, y en ellas prevalecen la marginación y el abandono en sus más
variados niveles. Lo cual indica que en la pobreza no predomina la falta de
honestidad, sino más bien la explotación y la discriminación. El pueblo
mexicano habitante de esas comunidades, que son la mayoría de las que existen,
es honrado y está bien dispuesto a luchar contra la corrupción cuando sus
líderes y sus gobernantes van en ese camino de manera firme y creíble, con
demostraciones eficientes, ejemplares.
Una falta importante en los propósitos del Pacto
por México es sin duda esta, la lucha contra los malos manejos. No se trata de
aplicar recetas cosméticas a la situación, de meras palabras o de únicamente
intenciones, como en anteriores inicios de sexenio se planteó, sino de
establecer una verdadera estrategia para que el país reduzca en la medida de lo
posible esas pésimas costumbres, en paralelo a cambios profundos en el sistema
de educación. Muchos esfuerzos honestos en el gobierno, que siempre los ha
habido, se hunden en la incredulidad hacia su existencia, particularmente
cuando no son parejos, sino selectivos o cargados de una clara persecución
política obsesiva y enfermiza, que no se aplica a empresarios o políticos.
Los sindicatos democráticos y autónomos, entre los
cuales se encuentra el de los mineros, han sido obstaculizados en parte por
esta imagen negativa que les proyectan otras organizaciones donde no se
practican ni la honestidad ni la dignidad. Hemos sido víctimas de una suerte de
complejo maligno y perverso que tiende a etiquetar con el mismo marbete a unos
y a otros, dentro de un feroz ataque contra los sindicatos y la clase
trabajadora en general, sin detenerse en estudiar cada caso en particular, con
la verdad y con datos en la mano.
Recientemente se inició una campaña contra los
mineros en la que se pretende inventar una supuesta colaboración con la defensa
jurídica y legal de una dirigente magisterial de las acusaciones penales de que
es objeto. Y debemos decir que no es la organización minera ni su líder quienes
han asumido esta colaboración, sino simplemente el abogado, que nos defiende
eficazmente; es quien ha tomado ese caso por así convenir a sus intereses
profesionales. No se contamine, pues, la lucha de los mineros con otras
situaciones.
Los esfuerzos contra la corrupción a todos los
niveles y en todos los sectores deben tener un apartado especial en el programa
del actual gobierno. No es posible que los mineros hayan sido perseguidos
políticamente durante más de siete años, y a la fecha no haya visos de cambio
en esa agresión demencial, promovida por algunos inescrupulosos enriquecidos de
la minería que exactamente pretenden conjurar las acusaciones contra su propia
corrupción atribuyéndosela a otros como los mineros. Y menos aún cuando esa
minoría absoluta de empresarios no representa el sentir ni la política de la
inmensa mayoría de las compañías que operan en este estratégico sector de la
economía del país.
Urge que el actual gobierno se desprenda de
posturas escapistas y afronte directamente la problemática del sector minero,
metalúrgico y siderúrgico. Sobre todo cuando advertimos que algunos personajes
de este sector no cejan en su persecución, de nuevo judicial y siempre
vergonzosa, contra el sindicato minero y sus dirigentes, y cuando un juez de
consigna se presta a revivir artificialmente una orden de aprehensión que ya
decenas de juzgadores y tribunales han declarado infundada en más de cuatro
ocasiones por ser inconstitucional.
El hecho de que a pesar de la persecución política
el sindicato minero ha obtenido continuamente los mayores éxitos en sus
revisiones de salarios y prestaciones con las empresas con las que sostiene
relaciones laborales debería ser una prueba de la honestidad y transparencia
del organismo sindical, así como del reconocimiento que a su líder nacional le
otorgan los trabajadores y la inmensa mayoría de las compañías del sector. En
lo que ha transcurrido de 2013 ha habido 10 revisiones salariales o
contractuales, y en todas ellas, en promedio, la organización minera ha
obtenido incrementos globales de 14 por ciento, muy por encima del índice de
inflación y muy superior a los aumentos que obtienen los otros gremios
sindicales, tal como durante los últimos siete años lo ha logrado.
La nueva acusación de ese juez, seguramente
motivada por intereses no jurídicos ni profesionales, tiene el significado de
que la corrupción de los barones de la minería, enriquecidos con base en la
explotación desmedida, están tratando cínica y retadoramente de amedrentar al
gobierno actual para que éste no tenga la intención de poner orden legal en la
situación del sector y le haga justicia a los mineros y a su organización
sindical. Esta es una nueva presión ilegítima que los gobernantes de hoy deben
resistir y no ceder a ella. Con esto se demostrará que es un propósito firme la
estrategia de lucha contra la corrupción.
