TRES VECES ILUSO
Carlos de Buen
El Semanario, 22 diciembre 2008
Hace unos 20 meses dediqué un artículo al problema minero (“Crónica del Conflicto Minero”, en El Semanario del 27 de abril de 2007)
Desde entonces advertí que era abogado del Sindicato Minero y de Napoleón Gómez Urrutia. Hoy vuelvo al tema, seguro de que no hay conflicto de intereses en tanto no pretenda utilizar este medio para influir en las decisiones jurisdiccionales. Pero además, el problema es trascendental y sucede que la cuestión laboral es la que me corresponde tratar mayormente en este espacio. El lector podrá poner en tela de juicio mi opinión y los hechos que invoco. Respecto de éstos, no afirmo nada que no sea verificable.
En mi última colaboración (“El líder equivocado”, en El Semanario del 27 de noviembre de 2008), critiqué a Venustiano Carranza y lo califiqué de cobarde por haber revivido un viejo decreto para condenar a muerte a los electricistas y tranviarios que estallaron una huelga en 1916. Hechos recientes me hacen recordarlo nuevamente.
El Gobierno Federal ha jugado un papel protagónico desde que inició el conflicto minero. El 17 de febrero de 2006, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) usó documentos falsos para destituir a Napoleón Gómez Urrutia y demás dirigentes del Sindicato y poner en su lugar a los elegidos por el patrón, Grupo México. Entonces era su titular Francisco Javier Salazar, personaje siniestro que obviamente contaba con la simpatía de Vicente Fox, aquel sujeto narcisista, histriónico (La Rota dixit) e irresponsable (eso lo digo yo).
El problema se complicó con el derrumbe de la mina de Pasta de Conchos en donde murieron 65 mineros. No fue un accidente, pues no existían las condiciones mínimas de seguridad y la Inspección Federal del Trabajo, es decir, la propia STPS, lo toleraba.
En efecto, Grupo México y la Secretaría son cómplices en la ilegal destitución de los dirigentes y corresponsables de la muerte de los mineros.
La jugada no les salió bien, pues el Poder Judicial Federal amparó al Sindicato y a sus dirigentes, quienes recuperaron los cargos de los que habían sido despojados. No digo que recuperaron también el liderazgo, porque ese no lo han perdido.
Los cómplices se han dedicado además a promover y patrocinar numerosas denuncias penales en contra de los líderes. Han sido desestimadas una a una, pero no falta quien presente una nueva ni un juez a modo que emita una orden de aprehensión, para mantenerlos en jaque.
Vino el cambio de gobierno y con él mi ilusa esperanza de que se solucionara el conflicto con apego a derecho y respeto a la autonomía sindical, creyendo lo que ofrecía el nuevo Secretario, Javier Lozano, a quien el tiempo se encargó de desmentir. Las pláticas celebradas en sus oficinas, a las que solía acudir Fernando Gómez Mont en representación de Grupo México, fracasaron cuando Lozano expresó públicamente su animadversión por Napoleón.
Siguieron demandas para terminar las relaciones de trabajo y cambiar al Sindicato por uno blanco, despidos y amenazas a los trabajadores. A la agresión se sumaron Altos Hornos de México y Alonso Ancira, probablemente presionado por alguna cuenta pendiente con el Gobierno.
La defensa del Sindicato se ha producido fundamentalmente en los tribunales, pero también en las minas y así, el 30 de julio de 2007 se fueron a la huelga los mineros de Cananea, Taxco y Sombrerete. Estallar una huelga no es un delito como parecen entenderlo los funcionarios y algunos periodistas; es un derecho constitucional y no es fácil estallarlas ni mucho menos sostenerlas. Los trabajadores sufren mucho más que los empresarios, pero es su último recurso.
Como era de esperarse, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) ha declarado inexistentes las huelgas cada vez que ha podido, pero el Sindicato ha obtenido siempre sentencias de amparo favorables.
Las negociaciones están detenidas, porque la Empresa y el Gobierno apuestan todo a la derrota de Napoleón y los mineros. Para ello, no revivieron un decreto como Carranza, pero han hecho otras cosas y hay que reconocer que no les ha faltado imaginación, pues designar al abogado de Grupo México como secretario de Gobernación es, cuando menos, novedoso.
Confieso que otra vez fui iluso y creí que la llegada de Gómez Mont a la Secretaría de Gobernación era una buena oportunidad para resolver conciliatoriamente el asunto y evitar así el inminente conflicto de intereses, pero a unos cuantos días de haber tomado posesión, se aseguraron las cuentas bancarias del Sindicato, dos de sus principales dirigentes fueron injustamente encarcelados y la JFCA declaró inexistente la huelga de Cananea, por tercera ocasión, con un argumento ridículo, en el que no abundo para no litigar aquí el juicio de amparo.
La intención es obvia: privar al Sindicato de sus recursos para debilitar las huelgas, su apoyo a las viudas de Pasta de Conchos, su defensa jurídica y cualquier otro medio de acción; apresar a dos valientes y auténticos líderes, que lo son a carta cabal y amedrentar así a los demás dirigentes sindicales, y golpear a los trabajadores de Cananea, la más importantes de las minas en huelga, que es además símbolo fundamental de la lucha obrera en México.
Con el aparato represor a su disposición, la gestión del secretario de Gobernación es mucho más aparatosa que la que hacía desde su bufete, pero igualmente inútil para solucionar el conflicto. Las acciones del Gobierno en contra de los trabajadores y su convencida defensa de los intereses patronales son clara muestra de que quienes mandan en México son los poderosos empresarios que pueden asesinar mineros y defraudar al fisco, sin perder la protección del Presidente, quien según parece, al jurar cumplir y hacer cumplir la Constitución, se olvidó cuando menos del artículo 123. Y yo, tres veces iluso, creí que actuaba bajo engaño.
Carlos de Buen
El Semanario, 22 diciembre 2008
Hace unos 20 meses dediqué un artículo al problema minero (“Crónica del Conflicto Minero”, en El Semanario del 27 de abril de 2007)
Desde entonces advertí que era abogado del Sindicato Minero y de Napoleón Gómez Urrutia. Hoy vuelvo al tema, seguro de que no hay conflicto de intereses en tanto no pretenda utilizar este medio para influir en las decisiones jurisdiccionales. Pero además, el problema es trascendental y sucede que la cuestión laboral es la que me corresponde tratar mayormente en este espacio. El lector podrá poner en tela de juicio mi opinión y los hechos que invoco. Respecto de éstos, no afirmo nada que no sea verificable.
En mi última colaboración (“El líder equivocado”, en El Semanario del 27 de noviembre de 2008), critiqué a Venustiano Carranza y lo califiqué de cobarde por haber revivido un viejo decreto para condenar a muerte a los electricistas y tranviarios que estallaron una huelga en 1916. Hechos recientes me hacen recordarlo nuevamente.
El Gobierno Federal ha jugado un papel protagónico desde que inició el conflicto minero. El 17 de febrero de 2006, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) usó documentos falsos para destituir a Napoleón Gómez Urrutia y demás dirigentes del Sindicato y poner en su lugar a los elegidos por el patrón, Grupo México. Entonces era su titular Francisco Javier Salazar, personaje siniestro que obviamente contaba con la simpatía de Vicente Fox, aquel sujeto narcisista, histriónico (La Rota dixit) e irresponsable (eso lo digo yo).
El problema se complicó con el derrumbe de la mina de Pasta de Conchos en donde murieron 65 mineros. No fue un accidente, pues no existían las condiciones mínimas de seguridad y la Inspección Federal del Trabajo, es decir, la propia STPS, lo toleraba.
En efecto, Grupo México y la Secretaría son cómplices en la ilegal destitución de los dirigentes y corresponsables de la muerte de los mineros.
La jugada no les salió bien, pues el Poder Judicial Federal amparó al Sindicato y a sus dirigentes, quienes recuperaron los cargos de los que habían sido despojados. No digo que recuperaron también el liderazgo, porque ese no lo han perdido.
Los cómplices se han dedicado además a promover y patrocinar numerosas denuncias penales en contra de los líderes. Han sido desestimadas una a una, pero no falta quien presente una nueva ni un juez a modo que emita una orden de aprehensión, para mantenerlos en jaque.
Vino el cambio de gobierno y con él mi ilusa esperanza de que se solucionara el conflicto con apego a derecho y respeto a la autonomía sindical, creyendo lo que ofrecía el nuevo Secretario, Javier Lozano, a quien el tiempo se encargó de desmentir. Las pláticas celebradas en sus oficinas, a las que solía acudir Fernando Gómez Mont en representación de Grupo México, fracasaron cuando Lozano expresó públicamente su animadversión por Napoleón.
Siguieron demandas para terminar las relaciones de trabajo y cambiar al Sindicato por uno blanco, despidos y amenazas a los trabajadores. A la agresión se sumaron Altos Hornos de México y Alonso Ancira, probablemente presionado por alguna cuenta pendiente con el Gobierno.
La defensa del Sindicato se ha producido fundamentalmente en los tribunales, pero también en las minas y así, el 30 de julio de 2007 se fueron a la huelga los mineros de Cananea, Taxco y Sombrerete. Estallar una huelga no es un delito como parecen entenderlo los funcionarios y algunos periodistas; es un derecho constitucional y no es fácil estallarlas ni mucho menos sostenerlas. Los trabajadores sufren mucho más que los empresarios, pero es su último recurso.
Como era de esperarse, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) ha declarado inexistentes las huelgas cada vez que ha podido, pero el Sindicato ha obtenido siempre sentencias de amparo favorables.
Las negociaciones están detenidas, porque la Empresa y el Gobierno apuestan todo a la derrota de Napoleón y los mineros. Para ello, no revivieron un decreto como Carranza, pero han hecho otras cosas y hay que reconocer que no les ha faltado imaginación, pues designar al abogado de Grupo México como secretario de Gobernación es, cuando menos, novedoso.
Confieso que otra vez fui iluso y creí que la llegada de Gómez Mont a la Secretaría de Gobernación era una buena oportunidad para resolver conciliatoriamente el asunto y evitar así el inminente conflicto de intereses, pero a unos cuantos días de haber tomado posesión, se aseguraron las cuentas bancarias del Sindicato, dos de sus principales dirigentes fueron injustamente encarcelados y la JFCA declaró inexistente la huelga de Cananea, por tercera ocasión, con un argumento ridículo, en el que no abundo para no litigar aquí el juicio de amparo.
La intención es obvia: privar al Sindicato de sus recursos para debilitar las huelgas, su apoyo a las viudas de Pasta de Conchos, su defensa jurídica y cualquier otro medio de acción; apresar a dos valientes y auténticos líderes, que lo son a carta cabal y amedrentar así a los demás dirigentes sindicales, y golpear a los trabajadores de Cananea, la más importantes de las minas en huelga, que es además símbolo fundamental de la lucha obrera en México.
Con el aparato represor a su disposición, la gestión del secretario de Gobernación es mucho más aparatosa que la que hacía desde su bufete, pero igualmente inútil para solucionar el conflicto. Las acciones del Gobierno en contra de los trabajadores y su convencida defensa de los intereses patronales son clara muestra de que quienes mandan en México son los poderosos empresarios que pueden asesinar mineros y defraudar al fisco, sin perder la protección del Presidente, quien según parece, al jurar cumplir y hacer cumplir la Constitución, se olvidó cuando menos del artículo 123. Y yo, tres veces iluso, creí que actuaba bajo engaño.
