SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALÚRGICOS, SIDERÚRGICOS Y SIMILARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA
--BOLETÍN INFORMATIVO--
31/2009
Jueves 16 de abril de 2009
*Sigue vigente la huelga en Cananea; las autoridades, legalmente impedidas para tomar por la fuerza las instalaciones de la mina.
*La justicia federal concede la suspensión en contra de los actos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y de Grupo México.
*A salvo los derechos de los trabajadores de Cananea
*Preocupa la invasión de la PFP en la comunidad de Cananea, así como la violencia que pudiera suscitarse.
El día de hoy el Juez Segundo de Distrito en Materia Laboral en el Distrito Federal admitió la demanda promovida por el Secretario General de la Sección 65, Sergio Tolano Lizárraga, en contra de los actos arbitrarios de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Grupo México, las autoridades federales y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el uso de argucias totalmente ilegales, resolvieron dar por terminada la relación individual y colectiva de trabajo respecto de Mexicana de Cananea, SA de CV.
Por ello, Sergio Tolano Lizárraga, Secretario General de la Sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM), en legítima defensa de sus intereses y para salvaguardar sus garantías constitucionales, interpuso juicio de amparo en contra del laudo y de los perniciosos efectos que de él emanan.
La Justicia de la Unión a través del Juez Segundo de Distrito en Materia Laboral, procedió a admitir la demanda de garantías señalada y ordenó que de manera inmediata e irrevocable se suspenda cualquier acto jurídico o de hecho que se pretenda llevar a cabo por las autoridades o por la empresa como consecuencia del laudo impugnado.
Ante esta resolución de la Justicia Federal, las autoridades y la empresa se encuentran, a partir de hoy, legalmente impedidas para tomar las instalaciones donde se ubica la fuente de trabajo, ya que lo contrario sería una violación directa a lo resuelto por la autoridad judicial federal, y sería, además, constitutivo de un delito federal.
El Sindicato Nacional de Mineros también está por promover las acciones legales correspondientes; eso sin que sea óbice para que los trabajadores en lo particular no permitirán que sus derechos sean pisoteados muy a pesar de lo que pueda pensar Grupo México.
La batalla por el reconocimiento legal de los derechos de los trabajadores y de su dirigencia sindical continúa, aún en contra de cualesquier maquinaciones a las que acudan Grupo México y el Gobierno Federal.
Es lamentable y vergonzoso que Grupo México y el Gobierno Federal hayan difundido versiones, haciendo uso de todo su aparato mediático, donde se jactaron de haber terminado de la relación laboral individual y colectiva, misma que hoy está más viva que nunca.
Desde luego se espera que la Policía Federal Preventiva, que se encuentra hoy en Cananea, no cometa el error de actuar al servicio de Grupo México y, por el contrario, se ajuste al marco de nuestra Constitución Política.
El laudo de la JFCA impugnado es absolutamente contrario a la Constitución Política y al derecho de huelga. Fue por ello que se promovió juicio de Amparo.
--BOLETÍN INFORMATIVO--
31/2009
Jueves 16 de abril de 2009
*Sigue vigente la huelga en Cananea; las autoridades, legalmente impedidas para tomar por la fuerza las instalaciones de la mina.
*La justicia federal concede la suspensión en contra de los actos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y de Grupo México.
*A salvo los derechos de los trabajadores de Cananea
*Preocupa la invasión de la PFP en la comunidad de Cananea, así como la violencia que pudiera suscitarse.
El día de hoy el Juez Segundo de Distrito en Materia Laboral en el Distrito Federal admitió la demanda promovida por el Secretario General de la Sección 65, Sergio Tolano Lizárraga, en contra de los actos arbitrarios de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Grupo México, las autoridades federales y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el uso de argucias totalmente ilegales, resolvieron dar por terminada la relación individual y colectiva de trabajo respecto de Mexicana de Cananea, SA de CV.
Por ello, Sergio Tolano Lizárraga, Secretario General de la Sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM), en legítima defensa de sus intereses y para salvaguardar sus garantías constitucionales, interpuso juicio de amparo en contra del laudo y de los perniciosos efectos que de él emanan.
La Justicia de la Unión a través del Juez Segundo de Distrito en Materia Laboral, procedió a admitir la demanda de garantías señalada y ordenó que de manera inmediata e irrevocable se suspenda cualquier acto jurídico o de hecho que se pretenda llevar a cabo por las autoridades o por la empresa como consecuencia del laudo impugnado.
Ante esta resolución de la Justicia Federal, las autoridades y la empresa se encuentran, a partir de hoy, legalmente impedidas para tomar las instalaciones donde se ubica la fuente de trabajo, ya que lo contrario sería una violación directa a lo resuelto por la autoridad judicial federal, y sería, además, constitutivo de un delito federal.
El Sindicato Nacional de Mineros también está por promover las acciones legales correspondientes; eso sin que sea óbice para que los trabajadores en lo particular no permitirán que sus derechos sean pisoteados muy a pesar de lo que pueda pensar Grupo México.
La batalla por el reconocimiento legal de los derechos de los trabajadores y de su dirigencia sindical continúa, aún en contra de cualesquier maquinaciones a las que acudan Grupo México y el Gobierno Federal.
Es lamentable y vergonzoso que Grupo México y el Gobierno Federal hayan difundido versiones, haciendo uso de todo su aparato mediático, donde se jactaron de haber terminado de la relación laboral individual y colectiva, misma que hoy está más viva que nunca.
Desde luego se espera que la Policía Federal Preventiva, que se encuentra hoy en Cananea, no cometa el error de actuar al servicio de Grupo México y, por el contrario, se ajuste al marco de nuestra Constitución Política.
El laudo de la JFCA impugnado es absolutamente contrario a la Constitución Política y al derecho de huelga. Fue por ello que se promovió juicio de Amparo.
