LA VERDAD DEL CONFLICTO MINERO EN MÉXICO
Lunes 10 de agosto de 2009
Es importante que nuestros distinguidos visitantes extranjeros, que dirigen los destinos de nuestros hermanos países de Canadá y Estados Unidos, conozcan los motivos por los que muchos líderes, organizaciones sindicales, legisladores y personajes públicos en sus naciones los han buscado para que intervengan con motivo del conflicto minero en México. Se hacen votos para que el Presidente de México también analice con objetividad la problemática que aquí se expone.
Es un hecho público y notorio que Grupo México (de Germán Feliciano Larrea Mota-Velasco), ha gastado una fortuna en televisión, radio y prensa escrita para generar en la opinión pública la siguiente percepción:
“Que Napoleón Gómez Urrutia dispuso de 55 millones de dólares de un Fideicomiso propiedad de los trabajadores mineros.”
Cuando una mentira se dice cien veces (haciendo gala de derroche al contratar los espacios más caros en los medios escritos y sobretodo electrónicos), se va convirtiendo paulatinamente en verdad en la percepción pública.
Pero la percepción no cambia la realidad de las cosas, y ésta es simplemente la siguiente:
“Grupo México con el apoyo del Gobierno Federal quiso imponer a Elías Morales como Secretario General del Sindicato, substituyendo a Napoleón Gómez Urrutia y el Comité Ejecutivo Nacional, quiénes gozan del respaldo de lo trabajadores. Para lograrlo, fabricaron acusaciones penales reiterando las mismas en distintos fueros y Estados (siendo siempre por los mismos hechos aún cuando ello está prohibido constitucionalmente), con el propósito de transitar sin obstáculos a esa nueva “dirigencia” que pretendieron imponer. Como las cosas no les salieron bien, ahora lo que quieren es que se entregue el Sindicato a Grupo México, y el Gobierno, aún cuando existen sentencias que acreditan que no se cometió delito alguno, sigue haciendo ilegales pesquisas (que México había enterrado) y formulando nuevas acusaciones por los mismos hechos; poniendo el aparato estatal a disposición de Germán Larrea y su empresa, pero usando siempre a Elías Morales en una ya evidente persecución política.”
Para algunos actores gubernamentales, entre los que destaca el Secretario del Trabajo Javier Lozano Alarcón, es fácil el insistir en que no existe una persecución política en contra de Napoleón Gómez Urrutia y otros miembros del Sindicato Nacional, entre ellos Juan Linares, quién se encuentra indebidamente recluido.
Sin embargo, tal persecución política lamentablemente existe en un País que se dice democrático y respetuoso de los Derechos Humanos (aún cuando en el Mundo se diga lo contrario), y se podrá acreditar ante las autoridades canadienses –en su caso- y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de manera objetiva. El Gobierno Federal y de manera muy concreta la Secretaría del Trabajo, de la mano de Grupo México (y este a su vez de Elías Morales), han hecho un uso indebido del Derecho Penal para conseguir objetivos igualmente indebidos en el ámbito laboral. Por ende, desvincular un problema del otro es simplemente la manera de pretender eludir responsabilidades propias de los abusos de autoridad en que se ha incurrido. Sería interesante ver cómo se responden los siguientes cuestionamientos:
¿Cómo van a explicar que la Secretaría del Trabajo haya reconocido al incondicional de Grupo México, Elías Morales Hernández (en un tiempo record de menos de dos horas), como Secretario General del Sindicato, con base en documentos que presentó y en los que se falsificaron firmas del Primer Vocal del Consejo General de Vigilancia y Justicia del SINDICATO, Juan Luis Zúñiga, (lo que está probado por peritos e incluso reconocido por la Procuraduría General de la República)?
¿Cómo explicar que se “robaron” el expediente de averiguación previa de falsificación de firmas de las propias oficinas de la PGR?
¿Por qué tres años después, no existe investigación alguna por parte de PGR, menos aún responsables de la falsificación de firmas?
¿Qué motivo existe para que el Gobierno Federal proteja a Grupo México y sus directivos de la responsabilidad penal (de comisión por omisión) que les corresponde, congelando la averiguación previa federal 4085/07/08 relativa a los 65 mineros muertos en Pasta de Conchos como producto de su criminal negligencia?
¿Cómo es que insisten que se cometió un delito bancario (113 bis de la Ley de Instituciones de Crédito), cuando el órgano técnico que es la Comisión Nacional Bancaria, resolvió -en un documento que por cierto fue también sustraído de la averiguación previa y se tuvo que obtener en un juicio de amparo-, que “la conducta no se ubica en la hipótesis típica prevista y mencionada por el artículo 113 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito, ni en ningún otro tipo penal contenido en esta Ley…”?
¿Cómo explicarán que supuestamente existen operaciones ilegales y que los recursos son de los denunciantes (Elías Morales), cuándo el Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito confirmó la negativa de órdenes de aprehensión asegurando precisamente lo contrario?
¿Cómo justificarán que en México no hay represiones gubernamentales cuando hay un video en el que PFP dispara a mineros desarmados en Michoacán desde un helicóptero?
¿De que forma podrán justificar que PGR, ante su fracaso, haya enviado a varios Estados de la República copias simples de su averiguación inicial (aquella que dio lugar a negativa de órdenes de aprehensión federales), para obtener ahora órdenes de aprehensión locales por los mismos?
¿Se puede decir que no hay una persecución ilegal cuando el Gobernador de Coahuila Humberto Moreira hizo público en entrevista con el periodista Jacobo Zabludovsky y con cobertura mediática nacional, que fue citado a Los Pinos y el propio entonces Presidente Vicente Fox Quesada junto con los Secretarios de Gobernación y del Trabajo lo presionaron para que “le buscara un delito” y encarcelara a Napoleón Gómez Urrutia y cubriera las responsabilidades del entonces Secretario del Trabajo con motivo de la explosión de la mina de Pasta de Conchos, manifestando que él se negó a ello en razón de que Napoleón Gómez Urrutia no había cometido delito alguno?
¿Cómo justificar lo que acusó Moreira? "En mi estado no tenía ningún delito Napoleón, (Fox) me dijo 'vamos buscándole', le dije que no tenía nada. 'No jalas (le advirtió el ex mandatario)'; no, es que no tiene nada en mi estado", acusó el gobernador de Coahuila.
Si el Gobernador Moreira se negó, otros no lo hicieron. ¿Quién podrá explicarle a una autoridad canadiense imparcial que una Juez en Sonora y un Juez en San Luis Potosí dictaron órdenes de aprehensión por los mismos hechos (que por cierto fueron canceladas como producto de sentencias de amparo favorables) y coincidentemente redactaron sus órdenes de manera literalmente idéntica e incluso con las mismas faltas de ortografía?
¿De qué forma podrán explicar que se acusó a los delegados fiduciarios de Scotiabank Inverlat por los mismos hechos que se le atribuyen al Licenciado Gómez Urrutia y demás miembros del Sindicato y resulta que la Justicia Federal determinó que NO SE COMETIÓ DELITO ALGUNO con motivo del fideicomiso minero?
¿Qué contestará el Gobierno Federal cuándo se le pregunte el motivo de haber tolerado se transmitieran spots millonarios en dólares pagados por Grupo México (aunque en el spot se diga increíblemente que fueron pagados por mineros), en los que se dice que Napoleón Gómez Urrutia robó 55 millones de dólares en clara violación a la dignidad de la persona y la presunción de inocencia?
¿Cómo expondrán que existe un supuesto fraude cuándo la Convención Nacional (máximo órgano de un Sindicato en el que estuvieron todas sus secciones) aprobó de manera unánime las cuentas y negó que existiera cualquier tipo de daño patrimonial?
¿Qué dirán con relación al hecho de que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Iberoamericana (ambas de reconocida y probada solvencia académica) rindieron opiniones en el sentido de que el Fideicomiso Minero se creó, modificó y extinguió conforme a Derecho, a diferencia de lo que el Gobierno Federal, Grupo México y Elías Morales pregonan?
¿De qué forma podrán explicar que exactamente por los mismos hechos por los que acusan en el ámbito federal al Licenciado Napoleón Gómez Urrutia se presentaron denuncias ante la Procuraduría del Distrito Federal y esta resolvió NO EJERCER ACCIÓN PENAL EN SU CONTRA Y ARCHIVAR tres averiguaciones previas (FDF/T/T1/794/08-10; FDF/T/T1/854/07-11 y FDF/T/T3/884/06-11)?
¿Cómo van a explicar que el propio Ministerio Público del Distrito Federal determinó que los denunciantes (otra vez Elías Morales), no son víctimas de daño patrimonial alguno y por ende no existe siquiera querella en tanto los recursos del fideicomiso pertenecen al Sindicato?
¿Quién explicará que el Poder Judicial Federal, en abril de 2007, ordenó en sentencia de amparo reconocer a Napoleón Gómez Urrutia como Secretario General, señalando las ilegalidades en la Secretaría del Trabajo cuando otorgó la Toma de Nota a Elías Morales?
¿Cómo es que a pesar de ello nuevamente la Secretaría del Trabajo negó la Toma de Nota a Napoleón Gómez Urrutia, en junio de 2008, aun cuando fue reelecto unánimemente, lo que hoy se encuentra en juicio de amparo en revisión?
¿Qué explicación razonable podrán dar ante el hecho incontrovertible de que Elías Morales es realmente dirigido por Grupo México en sus acciones penales y que su posición no es el de una víctima real, ya que lo que busca es privilegiar los intereses de esa empresa?
¿Cómo responderán ante el hecho de que la Juez 18º Penal del Distrito Federal dictó auto de libertad a Juan Linares Montufar por los mismos hechos por los que está INJUSTAMENTE recluido con motivo de la acusación federal y que incluso la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia ya resolvió también favorablemente para el señor Linares el recurso de apelación presentado por la Procuraduría capitalina?¿Qué dirán con relación a que dicha Juez también negó la orden de aprehensión en contra de Napoleón Gómez Urrutia en cumplimiento a una sentencia de amparo por los mismos hechos imputados en el ámbito federal?
¿Qué respuesta lógica se puede dar ante el hecho de que Gregorio Pérez Romo estuvo recluido durante tres años y su proceso concluyó con sentencia absolutoria de inocencia plena, ya que NO SE COMETIÓ DELITO ALGUNO CON MOTIVO DEL FIDEICOMISO MINERO?
¿Qué podrán decirle a las autoridades canadienses ante el hecho de que la Novena Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal resolvió que el Sindicato Minero es titular de los recursos provenientes del Fideicomiso 10964526 (antes F9645-2) y por ende no existe ni puede existir afectación patrimonial a los denunciantes con motivo de los actos de disposición que hubiere hecho en el ejercicio de la autonomía y libertad sindical que México adoptó como Ley Suprema?¿Cuántas veces hay que ganar el mismo asunto y por los mismos hechos?
¿De que modo pretenden explicar que el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito ya se pronunció en Pleno en el sentido de que las acusaciones locales guardan directa relación fáctica con la federal e incluso todas nacen de la misma averiguación previa?
¿Cómo explicar que SIEDO en lugar de perseguir delincuencia organizada, prioridad presidencial, haya asegurado (sin motivo y sin que siquiera existiera denuncia,), TODAS las cuentas del Sindicato en el afán del Gobierno de impedir que se sufraguen los gastos de las huelgas en Cananea, Taxco y Sombrerete que se han mantenido con tanto esfuerzo por dos años?
¿De qué forma expondrán en Canadá que algunos medios de comunicación difunden difamatorias notas y entrevistas de Grupo México y Elías Morales, pero cuando se les pide derecho de réplica (legal y periodísticamente reconocido), se nos niega sin motivo?¿Tendrá algo que ver el hecho de que Germán Larrea es Consejero en Televisa?
¿Por qué protege la PGR a Germán Larrea para que no comparezca a ser interrogado por la defensa de Juan Linares en su proceso federal? ¿Qué motivó que apelara la decisión judicial de hacerlo comparecer (la que por cierto también ya perdió)?
¿Cómo justificarán el que PGR ha sido incapaz (aún cuando dice haber usado todos los medios de investigación a su alcance) de presentar a Germán Larrea con uso de fuerza pública, como le ordenó el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y para ello remite informes que denotan que no ha hecho el menor esfuerzo real?
¿Cómo responderán ante el hecho de que Grupo México tiene trato con la PGR y el Ministerio Público adscrito al Juzgado en un asunto penal en el que supuestamente no es parte?
¿Qué explicación lógica hay para que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje haya dictado un laudo en una hora con veinte minutos, dejando sin trabajo a más de mil familias de Cananea y supuestamente analizando voluminosos expedientes de miles de fojas?
¿Cómo podrá explicarse que dicha Junta sólo notificó a los trabajadores de confianza (por cierto haciendo una notificación cada quince minutos aún cuando mediaban distancias que hacen imposible realizarlo) y no a los trabajadores sindicalizados, aun cuando se trataba de un proceso en el que perderían su relación laboral individual?
¿Quién podrá responder ante el hecho de que PGR pretendió obtener una orden de aprehensión en contra de Sergio Tolano, Secretario General de la Sección 65 (que también perdió), por el mero hecho de haberse amparado (como lo hicieron también más de mil trabajadores de Cananea), en contra del ilegal laudo que dio por terminadas las relaciones individuales y colectivas a petición de Grupo México?
¿Cómo explicar que en dicho procedimiento laboral la Junta se negó a recibir pruebas del Sindicato y admitió todas las de empresa, y aún ante tantas arbitrariedades cometidas el Secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, se pronuncie defendiendo el procedimiento y su laudo como si fuera parte de Grupo México?
¿Por qué enviaron con cargo al Erario a más de mil Policías Federales Preventivos a Cananea, los hospedaron en hoteles locales por casi dos semanas e incluso declararon por conducto de su Comandante que estaban revisando hospitales y quirófanos ya que desalojarían con violencia a los trabajadores mineros de las instalaciones de Grupo México?
¿Con qué lógica se puede sustentar que se desviaron 55 millones de dólares cuándo 200 millones de pesos fueron asegurados por autoridades laborales (lo que reconoce el Sub Secretario del Trabajo Álvaro Castro, quién por cierto también declara como si fuera Juez); cuando Elías Morales reconoció ante el Juez Penal Federal que sí se distribuyó (conforme determinó el Sindicato en ejercicio de su autonomía), entre los trabajadores sindicalizados en Sonora; y cuando la diferencia se encuentra en el patrimonio sindical?
¿Cómo pueden explicar que un despacho suizo contratado por las organizaciones sindicales internacionales determinó que no se desvió ni un centavo con motivo del Fideicomiso Minero, pero que aún así se insiste por el Secretario del Trabajo Lozano que se cometieron delitos como si fuera Juez y en total olvido de su posición institucional al hacer comentarios y formular boletines oficiales subidos de tono y, claro está, sin jamás reconocer el principio elemental de presunción de inocencia?
¿Por qué no solicitaban la extradición al Gobierno canadiense y tuvo que ser el Licenciado Napoleón Gómez Urrutia quién presentara un juicio de amparo ante la pasividad del Gobierno mexicano, en el que aseguró que tal omisión le paraba un perjuicio al no permitírsele enfrentarles ante Cortes canadienses imparciales?
Napoleón Gómez Urrutia siempre ha manifestado encontrarse en Vancouver, Canadá y nunca se ha ocultado. Todo lo contrario. No es un fugitivo como algunas autoridades mexicanas irresponsablemente afirman.
Responsablemente se ha presentado ante las autoridades canadienses y está siempre a sus órdenes para comparecer a las instancias que le requieran.
Ante todo lo aquí cuestionado, falta una sola pregunta más:
¿Qué no es evidente que estamos ante una clara e ilegal persecución política y un uso indebido del Poder Público al servicio de Grupo México y Germán Larrea?
Es momento, por el bien de México, de los trabajadores mineros y de la industria, de terminar este conflicto y que se hagan, ahora sí, verdaderos esfuerzos para ponerle fin en un marco de respeto recíproco y con interlocutores propositivos y razonables que partan de un análisis objetivo.
Lunes 10 de agosto de 2009
Es importante que nuestros distinguidos visitantes extranjeros, que dirigen los destinos de nuestros hermanos países de Canadá y Estados Unidos, conozcan los motivos por los que muchos líderes, organizaciones sindicales, legisladores y personajes públicos en sus naciones los han buscado para que intervengan con motivo del conflicto minero en México. Se hacen votos para que el Presidente de México también analice con objetividad la problemática que aquí se expone.
Es un hecho público y notorio que Grupo México (de Germán Feliciano Larrea Mota-Velasco), ha gastado una fortuna en televisión, radio y prensa escrita para generar en la opinión pública la siguiente percepción:
“Que Napoleón Gómez Urrutia dispuso de 55 millones de dólares de un Fideicomiso propiedad de los trabajadores mineros.”
Cuando una mentira se dice cien veces (haciendo gala de derroche al contratar los espacios más caros en los medios escritos y sobretodo electrónicos), se va convirtiendo paulatinamente en verdad en la percepción pública.
Pero la percepción no cambia la realidad de las cosas, y ésta es simplemente la siguiente:
“Grupo México con el apoyo del Gobierno Federal quiso imponer a Elías Morales como Secretario General del Sindicato, substituyendo a Napoleón Gómez Urrutia y el Comité Ejecutivo Nacional, quiénes gozan del respaldo de lo trabajadores. Para lograrlo, fabricaron acusaciones penales reiterando las mismas en distintos fueros y Estados (siendo siempre por los mismos hechos aún cuando ello está prohibido constitucionalmente), con el propósito de transitar sin obstáculos a esa nueva “dirigencia” que pretendieron imponer. Como las cosas no les salieron bien, ahora lo que quieren es que se entregue el Sindicato a Grupo México, y el Gobierno, aún cuando existen sentencias que acreditan que no se cometió delito alguno, sigue haciendo ilegales pesquisas (que México había enterrado) y formulando nuevas acusaciones por los mismos hechos; poniendo el aparato estatal a disposición de Germán Larrea y su empresa, pero usando siempre a Elías Morales en una ya evidente persecución política.”
Para algunos actores gubernamentales, entre los que destaca el Secretario del Trabajo Javier Lozano Alarcón, es fácil el insistir en que no existe una persecución política en contra de Napoleón Gómez Urrutia y otros miembros del Sindicato Nacional, entre ellos Juan Linares, quién se encuentra indebidamente recluido.
Sin embargo, tal persecución política lamentablemente existe en un País que se dice democrático y respetuoso de los Derechos Humanos (aún cuando en el Mundo se diga lo contrario), y se podrá acreditar ante las autoridades canadienses –en su caso- y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de manera objetiva. El Gobierno Federal y de manera muy concreta la Secretaría del Trabajo, de la mano de Grupo México (y este a su vez de Elías Morales), han hecho un uso indebido del Derecho Penal para conseguir objetivos igualmente indebidos en el ámbito laboral. Por ende, desvincular un problema del otro es simplemente la manera de pretender eludir responsabilidades propias de los abusos de autoridad en que se ha incurrido. Sería interesante ver cómo se responden los siguientes cuestionamientos:
¿Cómo van a explicar que la Secretaría del Trabajo haya reconocido al incondicional de Grupo México, Elías Morales Hernández (en un tiempo record de menos de dos horas), como Secretario General del Sindicato, con base en documentos que presentó y en los que se falsificaron firmas del Primer Vocal del Consejo General de Vigilancia y Justicia del SINDICATO, Juan Luis Zúñiga, (lo que está probado por peritos e incluso reconocido por la Procuraduría General de la República)?
¿Cómo explicar que se “robaron” el expediente de averiguación previa de falsificación de firmas de las propias oficinas de la PGR?
¿Por qué tres años después, no existe investigación alguna por parte de PGR, menos aún responsables de la falsificación de firmas?
¿Qué motivo existe para que el Gobierno Federal proteja a Grupo México y sus directivos de la responsabilidad penal (de comisión por omisión) que les corresponde, congelando la averiguación previa federal 4085/07/08 relativa a los 65 mineros muertos en Pasta de Conchos como producto de su criminal negligencia?
¿Cómo es que insisten que se cometió un delito bancario (113 bis de la Ley de Instituciones de Crédito), cuando el órgano técnico que es la Comisión Nacional Bancaria, resolvió -en un documento que por cierto fue también sustraído de la averiguación previa y se tuvo que obtener en un juicio de amparo-, que “la conducta no se ubica en la hipótesis típica prevista y mencionada por el artículo 113 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito, ni en ningún otro tipo penal contenido en esta Ley…”?
¿Cómo explicarán que supuestamente existen operaciones ilegales y que los recursos son de los denunciantes (Elías Morales), cuándo el Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito confirmó la negativa de órdenes de aprehensión asegurando precisamente lo contrario?
¿Cómo justificarán que en México no hay represiones gubernamentales cuando hay un video en el que PFP dispara a mineros desarmados en Michoacán desde un helicóptero?
¿De que forma podrán justificar que PGR, ante su fracaso, haya enviado a varios Estados de la República copias simples de su averiguación inicial (aquella que dio lugar a negativa de órdenes de aprehensión federales), para obtener ahora órdenes de aprehensión locales por los mismos?
¿Se puede decir que no hay una persecución ilegal cuando el Gobernador de Coahuila Humberto Moreira hizo público en entrevista con el periodista Jacobo Zabludovsky y con cobertura mediática nacional, que fue citado a Los Pinos y el propio entonces Presidente Vicente Fox Quesada junto con los Secretarios de Gobernación y del Trabajo lo presionaron para que “le buscara un delito” y encarcelara a Napoleón Gómez Urrutia y cubriera las responsabilidades del entonces Secretario del Trabajo con motivo de la explosión de la mina de Pasta de Conchos, manifestando que él se negó a ello en razón de que Napoleón Gómez Urrutia no había cometido delito alguno?
¿Cómo justificar lo que acusó Moreira? "En mi estado no tenía ningún delito Napoleón, (Fox) me dijo 'vamos buscándole', le dije que no tenía nada. 'No jalas (le advirtió el ex mandatario)'; no, es que no tiene nada en mi estado", acusó el gobernador de Coahuila.
Si el Gobernador Moreira se negó, otros no lo hicieron. ¿Quién podrá explicarle a una autoridad canadiense imparcial que una Juez en Sonora y un Juez en San Luis Potosí dictaron órdenes de aprehensión por los mismos hechos (que por cierto fueron canceladas como producto de sentencias de amparo favorables) y coincidentemente redactaron sus órdenes de manera literalmente idéntica e incluso con las mismas faltas de ortografía?
¿De qué forma podrán explicar que se acusó a los delegados fiduciarios de Scotiabank Inverlat por los mismos hechos que se le atribuyen al Licenciado Gómez Urrutia y demás miembros del Sindicato y resulta que la Justicia Federal determinó que NO SE COMETIÓ DELITO ALGUNO con motivo del fideicomiso minero?
¿Qué contestará el Gobierno Federal cuándo se le pregunte el motivo de haber tolerado se transmitieran spots millonarios en dólares pagados por Grupo México (aunque en el spot se diga increíblemente que fueron pagados por mineros), en los que se dice que Napoleón Gómez Urrutia robó 55 millones de dólares en clara violación a la dignidad de la persona y la presunción de inocencia?
¿Cómo expondrán que existe un supuesto fraude cuándo la Convención Nacional (máximo órgano de un Sindicato en el que estuvieron todas sus secciones) aprobó de manera unánime las cuentas y negó que existiera cualquier tipo de daño patrimonial?
¿Qué dirán con relación al hecho de que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Iberoamericana (ambas de reconocida y probada solvencia académica) rindieron opiniones en el sentido de que el Fideicomiso Minero se creó, modificó y extinguió conforme a Derecho, a diferencia de lo que el Gobierno Federal, Grupo México y Elías Morales pregonan?
¿De qué forma podrán explicar que exactamente por los mismos hechos por los que acusan en el ámbito federal al Licenciado Napoleón Gómez Urrutia se presentaron denuncias ante la Procuraduría del Distrito Federal y esta resolvió NO EJERCER ACCIÓN PENAL EN SU CONTRA Y ARCHIVAR tres averiguaciones previas (FDF/T/T1/794/08-10; FDF/T/T1/854/07-11 y FDF/T/T3/884/06-11)?
¿Cómo van a explicar que el propio Ministerio Público del Distrito Federal determinó que los denunciantes (otra vez Elías Morales), no son víctimas de daño patrimonial alguno y por ende no existe siquiera querella en tanto los recursos del fideicomiso pertenecen al Sindicato?
¿Quién explicará que el Poder Judicial Federal, en abril de 2007, ordenó en sentencia de amparo reconocer a Napoleón Gómez Urrutia como Secretario General, señalando las ilegalidades en la Secretaría del Trabajo cuando otorgó la Toma de Nota a Elías Morales?
¿Cómo es que a pesar de ello nuevamente la Secretaría del Trabajo negó la Toma de Nota a Napoleón Gómez Urrutia, en junio de 2008, aun cuando fue reelecto unánimemente, lo que hoy se encuentra en juicio de amparo en revisión?
¿Qué explicación razonable podrán dar ante el hecho incontrovertible de que Elías Morales es realmente dirigido por Grupo México en sus acciones penales y que su posición no es el de una víctima real, ya que lo que busca es privilegiar los intereses de esa empresa?
¿Cómo responderán ante el hecho de que la Juez 18º Penal del Distrito Federal dictó auto de libertad a Juan Linares Montufar por los mismos hechos por los que está INJUSTAMENTE recluido con motivo de la acusación federal y que incluso la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia ya resolvió también favorablemente para el señor Linares el recurso de apelación presentado por la Procuraduría capitalina?¿Qué dirán con relación a que dicha Juez también negó la orden de aprehensión en contra de Napoleón Gómez Urrutia en cumplimiento a una sentencia de amparo por los mismos hechos imputados en el ámbito federal?
¿Qué respuesta lógica se puede dar ante el hecho de que Gregorio Pérez Romo estuvo recluido durante tres años y su proceso concluyó con sentencia absolutoria de inocencia plena, ya que NO SE COMETIÓ DELITO ALGUNO CON MOTIVO DEL FIDEICOMISO MINERO?
¿Qué podrán decirle a las autoridades canadienses ante el hecho de que la Novena Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal resolvió que el Sindicato Minero es titular de los recursos provenientes del Fideicomiso 10964526 (antes F9645-2) y por ende no existe ni puede existir afectación patrimonial a los denunciantes con motivo de los actos de disposición que hubiere hecho en el ejercicio de la autonomía y libertad sindical que México adoptó como Ley Suprema?¿Cuántas veces hay que ganar el mismo asunto y por los mismos hechos?
¿De que modo pretenden explicar que el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito ya se pronunció en Pleno en el sentido de que las acusaciones locales guardan directa relación fáctica con la federal e incluso todas nacen de la misma averiguación previa?
¿Cómo explicar que SIEDO en lugar de perseguir delincuencia organizada, prioridad presidencial, haya asegurado (sin motivo y sin que siquiera existiera denuncia,), TODAS las cuentas del Sindicato en el afán del Gobierno de impedir que se sufraguen los gastos de las huelgas en Cananea, Taxco y Sombrerete que se han mantenido con tanto esfuerzo por dos años?
¿De qué forma expondrán en Canadá que algunos medios de comunicación difunden difamatorias notas y entrevistas de Grupo México y Elías Morales, pero cuando se les pide derecho de réplica (legal y periodísticamente reconocido), se nos niega sin motivo?¿Tendrá algo que ver el hecho de que Germán Larrea es Consejero en Televisa?
¿Por qué protege la PGR a Germán Larrea para que no comparezca a ser interrogado por la defensa de Juan Linares en su proceso federal? ¿Qué motivó que apelara la decisión judicial de hacerlo comparecer (la que por cierto también ya perdió)?
¿Cómo justificarán el que PGR ha sido incapaz (aún cuando dice haber usado todos los medios de investigación a su alcance) de presentar a Germán Larrea con uso de fuerza pública, como le ordenó el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y para ello remite informes que denotan que no ha hecho el menor esfuerzo real?
¿Cómo responderán ante el hecho de que Grupo México tiene trato con la PGR y el Ministerio Público adscrito al Juzgado en un asunto penal en el que supuestamente no es parte?
¿Qué explicación lógica hay para que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje haya dictado un laudo en una hora con veinte minutos, dejando sin trabajo a más de mil familias de Cananea y supuestamente analizando voluminosos expedientes de miles de fojas?
¿Cómo podrá explicarse que dicha Junta sólo notificó a los trabajadores de confianza (por cierto haciendo una notificación cada quince minutos aún cuando mediaban distancias que hacen imposible realizarlo) y no a los trabajadores sindicalizados, aun cuando se trataba de un proceso en el que perderían su relación laboral individual?
¿Quién podrá responder ante el hecho de que PGR pretendió obtener una orden de aprehensión en contra de Sergio Tolano, Secretario General de la Sección 65 (que también perdió), por el mero hecho de haberse amparado (como lo hicieron también más de mil trabajadores de Cananea), en contra del ilegal laudo que dio por terminadas las relaciones individuales y colectivas a petición de Grupo México?
¿Cómo explicar que en dicho procedimiento laboral la Junta se negó a recibir pruebas del Sindicato y admitió todas las de empresa, y aún ante tantas arbitrariedades cometidas el Secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, se pronuncie defendiendo el procedimiento y su laudo como si fuera parte de Grupo México?
¿Por qué enviaron con cargo al Erario a más de mil Policías Federales Preventivos a Cananea, los hospedaron en hoteles locales por casi dos semanas e incluso declararon por conducto de su Comandante que estaban revisando hospitales y quirófanos ya que desalojarían con violencia a los trabajadores mineros de las instalaciones de Grupo México?
¿Con qué lógica se puede sustentar que se desviaron 55 millones de dólares cuándo 200 millones de pesos fueron asegurados por autoridades laborales (lo que reconoce el Sub Secretario del Trabajo Álvaro Castro, quién por cierto también declara como si fuera Juez); cuando Elías Morales reconoció ante el Juez Penal Federal que sí se distribuyó (conforme determinó el Sindicato en ejercicio de su autonomía), entre los trabajadores sindicalizados en Sonora; y cuando la diferencia se encuentra en el patrimonio sindical?
¿Cómo pueden explicar que un despacho suizo contratado por las organizaciones sindicales internacionales determinó que no se desvió ni un centavo con motivo del Fideicomiso Minero, pero que aún así se insiste por el Secretario del Trabajo Lozano que se cometieron delitos como si fuera Juez y en total olvido de su posición institucional al hacer comentarios y formular boletines oficiales subidos de tono y, claro está, sin jamás reconocer el principio elemental de presunción de inocencia?
¿Por qué no solicitaban la extradición al Gobierno canadiense y tuvo que ser el Licenciado Napoleón Gómez Urrutia quién presentara un juicio de amparo ante la pasividad del Gobierno mexicano, en el que aseguró que tal omisión le paraba un perjuicio al no permitírsele enfrentarles ante Cortes canadienses imparciales?
Napoleón Gómez Urrutia siempre ha manifestado encontrarse en Vancouver, Canadá y nunca se ha ocultado. Todo lo contrario. No es un fugitivo como algunas autoridades mexicanas irresponsablemente afirman.
Responsablemente se ha presentado ante las autoridades canadienses y está siempre a sus órdenes para comparecer a las instancias que le requieran.
Ante todo lo aquí cuestionado, falta una sola pregunta más:
¿Qué no es evidente que estamos ante una clara e ilegal persecución política y un uso indebido del Poder Público al servicio de Grupo México y Germán Larrea?
Es momento, por el bien de México, de los trabajadores mineros y de la industria, de terminar este conflicto y que se hagan, ahora sí, verdaderos esfuerzos para ponerle fin en un marco de respeto recíproco y con interlocutores propositivos y razonables que partan de un análisis objetivo.
