SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALÚRGICOS, SIDERÚRGICOS Y SIMILARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA
--BOLETÍN INFORMATIVO--
103/2009
Domingo 29 de noviembre de 2009
*El Ministerio Público de Zacatecas determinó la acción penal contra Pavón Campos, y su aprehensión, “por homicidio con brutal ferocidad, lesiones graves y daño en las cosas”.
*La presencia de mineros en ese estado es para demandar pacífica y firmemente que se ejecute esa orden de aprehensión.
*En vez de eso, se les secuestra, se les niega la libertad de manifestación y el MP
no cumple con su propia determinación.
*El gobierno de Amalia García Medina se está convirtiendo en cómplice de la represión de derecha y el secuestro de mineros del día 25, por su permisividad en estos ilegales acontecimientos.
La presencia de varios centenares de mineros en Zacatecas, procedentes de distintos puntos del país, se origina en la demanda de justicia para el caso del asesinato del compañero Juventino Flores Salas, ocurrido el 10 de junio pasado en Fresnillo, Zacatecas, ejecutado por grupos armados de delincuentes y drogadictos pagados por Grupo Peñoles, que golpearon con saña al occiso y lesionaron a varios compañeros más, cuando acudieron a esa ciudad minera a dialogar pacíficamente, ya que iban completamente desarmados, con sus hermanos trabajadores de la localidad sobre diversos diferendos de carácter sindical.
Los autores materiales del salvaje atentado a batazos, tubazos y pedradas, así como con armas de alto poder, contra Juventino Flores y otros compañeros mineros, son, según pruebas indudables, Carlos Pavón Campos, “la marrana”, su hermano Héctor y otros más, contra los que se exige la acción de la justicia.
En la conferencia de prensa efectuada por el Sindicato Nacional de Mineros el martes 17 de noviembre en la sede sindical de la ciudad de México, el abogado Marco del Toro, de la defensa legal de la agrupación, informó que “dándole continuidad a lo que informaban los compañeros con relación a la participación tan activa que le ha dado Grupo Peñoles al señor Carlos Pavón, les informo en este momento que el Ministerio Público del estado de Zacatecas ejerció acción penal en contra del señor Carlos Pavón por el delito de homicidio con brutal ferocidad, lesiones graves y daño en las cosas”(vehículos y autobuses, bienes personales y del Sindicato Minero, etc.)
Agregó que esto es una determinación del Ministerio Público zacatecano como resultado “de los acontecimientos ocurridos en Fresnillo, Zacatecas, el 10 de junio, en donde uno de los integrantes del Sindicato Minero perdió su vida y otros fueron lesionados”. También expresó su extrañeza de que la empresa Grupo Peñoles “decida darle su apoyo a Pavón, cuando hoy su situación legal es la que les acabo de comentar, existe una petición formal de orden de aprehensión por los delitos de homicidio con brutal ferocidad, lesiones y daño en las cosas”.
El no haber ejecutado la orden de aprehensión dictada por su propio Ministerio Público estatal, está convirtiendo al gobierno de Amalia García Medina, gobernadora de la entidad, de origen de izquierda, en cómplice tanto de los hechos violentos del 10 de junio, como de la represión derechista y el secuestro de mineros que acudieron el 25 de noviembre a esa entidad para demandar justicia en el asesinato del compañero Juventino Flores Salas, hecho de violencia en el cual quedaron heridos más de diez compañeros mineros de Secciones Sindicales de Zacatecas, Coahuila y Durango que acudieron a dialogar pacíficamente con los mineros de Fresnillo, ya que acudieron completamente desarmados.
El Sindicato Nacional de Mineros reitera vigorosamente su exigencia al gobierno de Zacatecas de que se haga justicia en este caso, se castigue a los autores intelectuales y materiales de esta agresión y se detenga a Pavón Campos por los graves delitos anteriormente señalados.
Asimismo, repudia estos actos vandálicos, tanto la golpiza del miércoles 10 de junio como el secuestro militar y policiaco de mineros en viaje a Zacatecas del 25 de noviembre, los califica como hechos de corte fascista de parte de Grupo Peñoles de Alberto Bailleres, del charro y traidor Carlos Pavón Campos y sus secuaces, y de los gobiernos federal y estatal, representados por los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, y las actuales autoridades de Zacatecas, y a todos ellos el Sindicato Minero los responsabiliza formalmente de otros actos de violencia o hechos de sangre que lleguen a ocurrir.
Repudiamos la conducta del gobierno de Zacatecas de Amalia García Medina, quien proviniendo de la izquierda, se doblega y suma a la peor política represiva de la derecha, originada en los sectores más reaccionarios del gobierno y de las empresas, contra los sindicatos independientes y democráticos de México.
Es un hecho evidente que los actos y omisiones repudiados son absolutamente violatorios de la Constitución General de la República, ya que se atenta contra las garantías fundamentales de los ciudadanos mexicanos, se privó ilegalmente de la libertad a mineros desarmados y se agreden las libertades de tránsito y de manifestación, que son derechos constitucionales. Consideramos que otro hecho muy grave es que con su inacción ante infracciones federales en esa entidad, el gobierno de Amalia García Medina está aceptando un atentado contra la soberanía del estado de Zacatecas, con lo que se vulnera gravemente el Pacto Federal.
