SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALÚRGICOS, SIDERÚRGICOS Y SIMILARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA
--URGENTE, URGENTE—
102/2009
Jueves 26 de noviembre de 2009.
*Se mantiene el ilegal secuestro de mineros en la ciudad de Zacatecas, al no dejarlos manifestarse en paz.
*Exigimos a la gobernadora Amalia García Medina, de izquierda, que no se sume a esta
política represiva de derecha, del gobierno federal y de la empresa Grupo Peñoles.
*Esta acción represiva vulnera el Pacto Federal y atenta contra las libertades de
expresión, de manifestación y de reunión.
*Responsabilizamos al gobierno de Felipe Calderón, al secretario Gómez Mont y a la gobernadora Amalia García por los hechos de violencia y sangre que se provoquen.
Durante la mañana de ayer, miércoles 25 de noviembre de 2009, como informamos oportunamente, once autobuses con representantes de las Secciones del Sindicato Nacional de Mineros fueron interceptados y secuestrados en los límites de la frontera del Estado de Zacatecas, por fuerzas públicas federales, estatales y municipales, para impedir su ingreso a esa entidad, a la cual acudieron para exigir pacíficamente justicia y, con ello, seguir el proceso penal que se sigue en la capital estatal para investigar y encontrar a los culpables del asesinato, en junio pasado, del compañero Juventino Flores Salas, quien ese mes fue vilmente golpeado a batazos, hasta morir, por seguidores del líder charro y traidor al Sindicato Minero, Carlos Pavón Campos, su hermano y otros.
Los mineros interceptados viajaron desde el martes 24 a Zacatecas, procedentes de diversos puntos del territorio nacional, en cumplimiento del Acuerdo No. 5 de la Tercera Asamblea Nacional de Secretarios Generales del Sindicato Minero, efectuada en la Ciudad de México, con el fin de promover pacíficamente que las autoridades estatales investiguen y consignen penalmente a los autores intelectuales y materiales de ese crimen, para lo cual ya está en curso una orden de consignación contra el mencionado traidor Carlos Pavón Campos, conocido en el gremio minero como “la marrana”.
Esta intercepción ilegal por parte de autoridades federales y estatales de Zacatecas, debida a instigaciones de la empresa Grupo Peñoles, de Alberto Bailleres, que utiliza en ello recursos mal habidos del lavado de dinero, de su complicidad con el crimen organizado y de sus evasiones fiscales, el Sindicato Nacional de Mineros la considera un claro comportamiento fascista del actual gobierno federal, cuando decide proceder a la represión de compañeros mineros trabajadores que pacíficamente buscan justicia a su compañero asesinado, y denuncia que esa acción de fuerzas militares es una violación total a las garantías constitucionales de libre tránsito, de libre manifestación y de libre expresión.
Esta situación ha seguido manifestándose el día de hoy, jueves 26, ya que si bien los compañeros de la caravana minera han podido acceder a la ciudad de Zacatecas, los tienen igualmente secuestrados, sin dejarlos trasladarse al centro de la ciudad, por medio de la Policía Federal y fuerzas armadas estatales, para impedirles expresar su derecho inalienable de manifestarse pacíficamente, lo cual ha ocasionado un gran encono entre los trabajadores mineros que sufren esa situación y que no están dispuestos a tolerar esta nueva arbitrariedad.
El Sindicato Nacional de Mineros responsabiliza formalmente al gobierno de Felipe Calderón, a las autoridades policiacas y militares federales y de Zacatecas y, sobre todo, a Grupo Peñoles, de cualquier violencia o hecho de sangre que ocurra en este atentado a las libertades. Pero, asimismo, reitera la grave responsabilidad que tiene en estos hechos el gobierno de Zacatecas, encabezado por Amalia García Medina, que ha actuado de la misma ilegal manera en esta circunstancia.
Repudiamos la conducta del gobierno de Zacatecas de Amalia García Medina, que proviniendo de la izquierda, se doblega a la peor y más derechista política represiva procedente de los sectores más reaccionarios de la política gubernamental y de las empresas.
El Sindicato Nacional de Mineros vuelve a exigir vigorosamente a las autoridades federales, estatales y locales, en especial al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y a la gobernadora Amalia García Medina, que no impidan la libre manifestación, que es absolutamente pacífica, de los compañeros mineros que acuden a Zacatecas para exigir justicia, y que ajusten sus actos a la Constitución General de la República, que en ninguno de sus artículos señala que pueda haber legalidad en la represión de sectores del pueblo que se manifiestan pacíficamente para exigir derechos.
Reiteramos que todo este hecho es un acto vandálico de carácter fascista de fuerzas policiacas y militares, absolutamente violatorio de la Constitución General de la República y de las garantías fundamentales de todos los ciudadanos mexicanos, al cual se está sumando el gobierno estatal que encabeza Amalia García Medina, el que, en vez de esa actitud, debía tomar una conducta correspondiente a su jurisdicción dentro del Pacto Federal, en el sentido de que esas actuaciones represivas reaccionarias del gobierno federal atentan contra la soberanía del Estado de Zacatecas y vulneran gravemente los postulados fundamentales del Pacto Federal.
Ante estos hechos, el Sindicato Nacional de Mineros manifiesta su más enérgica protesta por este atentado fascista a las libertades de tránsito, manifestación y expresión, y por el secuestro absolutamente ilegal de los compañeros mineros que están demandando justicia en Zacatecas.
