SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALÚRGICOS, SIDERÚRGICOS Y SIMILARES DE LA
REPÚBLICA MEXICANA
--BOLETÍN INFORMATIVO--
53/2011
Jueves 29 de septiembre de 2011
*“Charros” de Grupo Peñoles invaden la mina de La Sierrita de Mapimí, Durango, y paralizan sus actividades productivas.
*Evidente complicidad del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón con los invasores de Carlos “la marrana” Pavón.
*Los atacantes deben abandonar de inmediato la mina, y la empresa canadiense Excellon cumplir el Convenio con el Sindicato Nacional de Mineros del 18 de agosto, ante el gobernador Herrera Caldera.
Este miércoles 28 de septiembre, 15 elementos enviados por Grupo Peñoles del empresario Alberto Bailleres González, tomaron la mina de La Sierrita, ubicada en el municipio de Mapimí, Durango, y desde entonces la tienen cerrada. Esta mina pertenece a la empresa canadiense Excellon, San Pedro Resources, SA. Los elementos “charros” que la tienen secuestrada fueron organizados por Carlos Pavón, alias “la marrana”, desde Zacatecas, y pertenecen a las minas de Naica, Chihuahua, y de Torreón, Coahuila, que ni siquiera son del lugar invadido.
Esta es una toma absolutamente ilegal de la mina, ya que no hay en absoluto ninguna razón ni legal ni formal para que haya ocurrido, en lo cual se sabe que el gerente de recursos humanos de Excellon en el lugar, de nombre Pablo Gurrola, fue quien promovió directamente la invasión del centro de trabajo, lo que convierte esta acción en un paro patronal totalmente ilegal. La mina está paralizada y sus 130 trabajadores pertenecientes a la Sección 309 del Sindicato Nacional de Mineros que dirige el compañero Napoleón Gómez Urrutia, están en espera de que los invasores despejen el lugar y puedan seguir laborando.
Con este hecho la empresa canadiense Excellon, con oficinas centrales en Toronto, Canadá, está violando la Constitución Política de México, la Ley Federal del Trabajo, la autonomía y la libertad sindical de los trabajadores de la Sección 309 de La Sierrita, así como el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, firmado por México desde 1960, que establece la plena libertad de asociación sindical.
Pero sobre todo, se advierte que la acción fue preparada y está siendo apoyada por el secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, actuando en complicidad con Alberto Bailleres González del Grupo Peñoles, ya que fuerzas del ejército federal, en número superior a los 300 elementos fuertemente armados y equipados con armas largas está en el lugar con el obvio propósito de apoyar la invasión de la mina. Los elementos armados también pertenecen a la policía estatal de Durango y a la Policía Federal, así como a las mencionadas fuerzas del Ejército federal, lo cual confirma la evidente participación del gobierno federal en esta invasión.
Se trata de un ilegal paro patronal promovido por el gobierno, que está siendo instrumentado por el secretario del Trabajo Javier Lozano Alarcón, el cual viola el Convenio firmado el 18 de agosto entre el Sindicato Nacional de Mineros encabezado por el compañero Napoleón Gómez Urrutia, y dicha empresa, con la participación del gobernador del Estado de Durango, Jorge Herrera Caldera, y sus más altas autoridades laborales. En ese Convenio tanto la empresa Excellon como el Sindicato Nacional de Mineros establecieron el reconocimiento jurídico recíproco y la perspectiva de elaborar un Contrato Colectivo de Trabajo a la brevedad posible, contando como testigo al propio gobernador Herrera Caldera. Así que esta invasión es una clara violación a la palabra empeñada y firmada entre la empresa Excellon y el Sindicato Nacional de Mineros, atestiguada por el gobernador de Durango.
El Sindicato Nacional de Mineros exige el respeto total al Convenio firmado entre la empresa y la Organización Sindical el 18 de agosto pasado, las leyes del país y el Convenio 87 de la OIT, así como la salida inmediata de la mina de La Sierrita de Mapimí, Durango, de los “charros” que la tienen ilegalmente ocupada y hace responsables de esta invasión y de cualquier acto de violencia o desorden al Secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, a la empresa Excellon y a las fuerzas policiacas y militares apostadas en el lugar, tanto estatales como federales.
Señala, una vez más, que las fuerzas militares y policiacas son para combatir a los delincuentes y proteger a los ciudadanos y a los trabajadores, ya que el pueblo de México no les paga para proteger acciones ilegales ni de la empresas ni del propio gobierno federal y sus funcionarios antisindicales.
