SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALÚRGICOS, SIDERÚRGICOS Y SIMILARES DE LA
REPÚBLICA MEXICANA
--COMUNICADO DE PRENSA--
56/2011
Jueves 3 de noviembre de 2011
*Nuestra lucha en Cananea no ha terminado; continuará hasta obtener la justicia y la victoria definitiva.
*Irresponsables y falsas afirmaciones de Felipe Calderón ante los empresarios mineros en su convención de Acapulco.
*17 muertos y más de 100 heridos graves en sólo un año, con la bota en el cuello de los esquiroles, justifican nuestra huelga iniciada el 2007, que es legalmente inatacable.
*Un régimen de terror fascista es el que Germán Larrea y Felipe Calderón han implantado en la mina de Cananea.
El miércoles 26 de octubre, en el inicio de la 29 Convención Internacional de la Minería efectuada en Acapulco, Guerrero, el presidente Felipe Calderón Hinojosa, según las informaciones de prensa, irresponsable y falsamente “se congratuló de que la mina de Cananea, de Sonora, con gran tradición e historia, haya reabierto sus puertas al trabajo productivo y a la producción, después de haber visto cerradas sus puertas varios años con un gran daño a la economía”. Esto lo dijo en medio de grandes elogios a la actividad de las empresas mineras que operan en México, pero sin duda le informaron mal o él dio una versión sesgada y falsa de la verdadera situación que priva en Cananea.
No mencionó que en la mina de Cananea ha habido 17 muertes en el último año y 4 meses, ocasionadas por las condiciones de brutal esclavitud que desde siempre y especialmente a partir del 6 de junio de 2010 tiene establecidas la empresa Grupo México de Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, que incluyen la falta absoluta y criminal de medidas de seguridad y protección a la vida de quienes allí han estado laborando los últimos meses, que no son trabajadores de la Sección 65 del Sindicato Nacional de Mineros que dirige nuestro compañero Napoleón Gómez Urrutia, sino esquiroles contratados en muchas partes del país y hasta de Centroamérica por Grupo México. Sobre las muertes de esos trabajadores no hizo Calderón la menor mención en su discurso a los empresarios mineros.
Los Mineros preguntan cómo es posible que Calderón afirme que todo está bien en Cananea cuando se deja en el desamparo a las familias de esos 17 trabajadores, por qué nunca reclamó a Grupo México por no haber informado nunca de estas muertes ni de los más de 100 accidentes graves de trabajo que han ocurrido en el lapso iniciado el 6 de junio de 2010 cuando más de 3 mil elementos de las fuerzas públicas federales fuertemente armados invadieron ilegalmente la mina de Cananea para desalojar de allí a los trabajadores en huelga legal desde el 30 de julio de 2007 y establecer el régimen de terror y represión de corte fascista que allí instauraron.
Por qué, asimismo, no señaló que la huelga de los trabajadores de la Sección 65 del Sindicato Nacional de Mineros existe y está declarada definitivamente legal por instancias judiciales, cosa que siendo abogado no debía ignorar. Por qué habla de que se ha generado riqueza en esa mina pero no para los que hoy laboran como esclavos en la mina de Cananea, sino sólo para engrosar las utilidades de la empresa. La pregunta es para quién es la riqueza. Y por qué Calderón no mencionó el hecho tramposo de que apenas hace un año y meses el gobierno y Grupo México habían declarado la extinción de la relación laboral por una supuesta “causa de fuerza mayor”, operó la ocupación policiaca de la mina y de inmediato la empresa se dedicó a poner en marcha la producción con esquiroles, lo cual significa que es una falacia que el deterioro de las instalaciones de la mina hubieran obligado al cierre permanente del centro de trabajo, que ya se comprobó que no fue permanente y sólo fue una argucia ilegal para apoderarse con la fuerza pública de la mina, ya que por la vía del derecho no le fue ni le es posible hacerlo.
La actual situación en la Mina de Cananea explica el por qué de la huelga iniciada el 30 de julio de 2007 por los auténticos trabajadores de ese centro de trabajo y por el Sindicato Nacional de Mineros, en búsqueda de condiciones de seguridad industrial, higiene en el trabajo y protección a la salud de los trabajadores, así como preservación del medio ambiente.
Tampoco Calderón, quien en esa misma Convención elogió al actual gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, por haber supuestamente restablecido la producción en la mina de Cananea, Sonora, hizo mención al hecho de que este gobernador es un traidor a sus paisanos cananenses, ya que de allí es oriundo y prometió al asumir el cargo que velaría en todo por los intereses de los trabajadores y la población, cosa que no ha ocurrido. Tampoco dijo nada Calderón de que Javier Villarreal, líder de la CTM en Sonora, está actuando como deleznable “charro” al servicio del Grupo México, pretendiendo apoderarse del Contrato Colectivo vigente no para mejorarlo, sino para destruirlo.
Cómo es posible que en el país haya tanta inseguridad pública, con 55 mil muertos en la guerra anti-narco de Felipe Calderón y distraigan de 2 a 3 mil elementos policiacos federales para reprimir cotidianamente a los auténticos trabajadores de Cananea, con sueldos pagados no por la empresa sino por el pueblo de México a través de sus impuestos.
Señalan los trabajadores de Cananea que el gobierno de Estados Unidos, por otra parte, debiera revisar si los cuantiosos recursos que le está entregando al gobierno de Felipe Calderón para la lucha contra el narcotráfico, dentro del llamado Plan Mérida, realmente este gobernante los está utilizando para esa finalidad, o en verdad los usa para reprimir a los trabajadores que como ellos, los cananenses, protestan contra los atropellos del gobierno de Calderón. Los mineros de la Sección 65, con el apoyo de las demás Secciones y de las organizaciones mundiales de trabajadores, harán llegar esta demanda de cancelación de dicha asistencia económica al gobierno de Barack Obama.
Estas cosas, pese a que Grupo México y el gobierno de Felipe Calderón las ocultan y las encubren, se llegan a saber, por más resguardados por la Policía Federal que día con día acudan los esquiroles a laborar. Como el hecho de que a cada uno de esos trabajadores esquiroles, de cuyas necesidades económicas de subsistencia están abusando, le pagan 1,300 pesos a la semana por jornadas diarias de 12 horas de trabajo, lo cual confirma el carácter de campo de concentración en que Grupo México, con la complicidad del gobierno, ha convertido a la mina de Cananea, y a quien se inconforma simplemente lo echan fuera, además de haberlo obligado a firmar que está de acuerdo en exonerar a la empresa de toda responsabilidad en cualquier accidente o percance.
Antes de la huelga, los salarios de los auténticos trabajadores eran de los más altos en el país, pero ahora incluso esos sueldos de hambre que pagan no se quedan en Cananea, pues los trabajadores contratados ilegalmente por Grupo México los envían a sus lugares de origen en el país. Por añadidura, a un minero del carbón en Canadá le pagan 40 dólares la hora de trabajo, en tanto que a uno mexicano aquí sólo le dan 8 dólares por jornada, y la labor, maquinaria, tecnología, mercado y precios de minerales y de metales son los mismos, lo cual indica el grado total de explotación que prevalece en México. Preguntamos si eso hace posible afirmar que la población de Cananea ha resurgido, cuando además el 90% de quienes hoy allí laboran son de otras partes del país y hasta de Centroamérica, y pagados con sueldos de hambre.
Preguntamos por qué en las instalaciones de la mina de Cananea siguen operando a diario 1500 policías federales y mantienen un clima de terror y represión en el centro de trabajo. La semana pasada, hecho que naturalmente la empresa oculta, un trabajador se bajó a descansar desde una máquina que operaba y uno de los policías federales le dio culatazos y lo obligó a subir de nuevo, al grito de que “aquí no se viene a holgazanear”.
Desde que con fuerzas federales el gobierno y Grupo México hace más de un año desalojaron a los auténticos trabajadores, han cometido atrocidades imperdonables, empezado por cambiar el nombre de la Mina, antes Mexicana de Cananea, por el de Buenavista del Cobre, cerrar el Hospital de El Ronquillo y cortar la luz y el gas a las familias mineras, prestaciones estas últimas que son compromisos legales establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo que Grupo México pretende eliminar con trampas para aumentar sus utilidades, y no son dádivas graciosas, sino compromisos que el Sindicato Minero negoció y obtuvo hace ya tiempo en defensa de la salud y la vida de los trabajadores y sus familias.
Es clamor permanente de los genuinos trabajadores que tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores tomen la decisión firme de impulsar que el gobierno le retire las concesiones mineras a Grupo México, no sólo por el caso de Cananea, sino por el de Nacozari, el de Esqueda, ambos en Sonora, donde esta empresa atropella persistentemente los derechos fundamentales de los trabajadores, y el caso de la mina de Pasta de Conchos en Coahuila donde el 19 de febrero de 2006 perdieron la vida 65 compañeros mineros del carbón y a la fecha, más de 5 años después, el gobierno no da pasos para el rescate de los 63 cuerpos de mineros que yacen allí abandonados, para que sus familiares les puedan dar la digna sepultura a que tienen derecho, y el gobierno a través del propio Felipe Calderón siga solapando y encubriendo este Homicidio Industrial.
Ante todas estas situaciones y ante los encubridores y cómplices pronunciamientos presidenciales en el sentido de que todo está bien en Cananea, Los Mineros declaramos que Cananea no está acabada, sino en pie de lucha. Seguiremos en la huelga, que es absolutamente legal, y un laudo engañoso y falso de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje manejada por el siniestro Javier Lozano Alarcón, titular de la Secretaría del Trabajo y Protección Social, de dar por terminadas las relaciones de trabajo en Cananea, no hará posible que Los Mineros desistamos de nuestra justa lucha, apegada a la razón, al derecho y a la justicia. Seguiremos resistiendo hasta obtener la victoria definitiva. Acudiremos a todas las instancias internacionales que sean necesarias, y a las organizaciones mundiales de trabajadores que, en representación de más de 200 millones de sus afiliados, nos han brindado solidaridad y apoyo incondicionales para defender nuestra fuente de trabajo y hacer valer nuestra exigencia de justicia.
