SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALÚRGICOS,
SIDERÚRGICOS Y SIMILARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA
--BOLETÍN INFORMATIVO--
29/2012
Jueves 19 de julio de 2012
*Empecinamiento de Excellon en
su agresión a ejidatarios y mineros de
Bermejillo, Durango.
*Se acredita la necesidad de
que el gobierno le quite la concesión minera por sus múltiples violaciones a la ley laboral y a la
conservación ambiental.
*El ejido La Sierrita y los
mineros de La Platosa, firmes en su resistencia frente a los embates de la
empresa canadiense.
*Debe encontrarse y
castigarse penalmente a los funcionarios públicos de México que están detrás de
estos atentados a trabajadores.
La
empresa minera canadiense, Excellon Resources Inc, en su empecinada pretensión
de imponerse ilegalmente en el conflicto que sostiene con los ejidatarios de La
Sierrita y los trabajadores de la mina La Platosa, del municipio de Bermejillo,
en Durango, emitió el 16 de julio en Toronto, Canadá, sede de su empresa
matriz, un boletín de prensa en el que pretende lavarse la imagen de total
ilegalidad con la que ha actuado, y en el que acusa a su vez de “ilegal” la
toma de las instalaciones de esa mina por parte de campesinos y trabajadores
mineros en justa demanda de justicia.
Esa
ilegalidad de Excellon Resources Inc., manifestada en las múltiples violaciones
a la Ley Federal del Trabajo, al medio ambiente y a sus propios compromisos
contractuales con los campesinos del ejido La Sierrita y con sus trabajadores
mineros, acreditan la necesidad de que el gobierno le retire la concesión
minera con la que opera y deje de solapar los atropellos de esa compañía.
En su
boletín del 16 de julio, esa empresa señaló que “cuenta con el pleno apoyo de
los gobiernos estatal y federal sobre este tema y sigue trabajando con el
gobierno para ayudar a poner fin a esta acción tan pronto como sea posible”.
Ante esta afirmación de Excellon Resources, es preciso que los gobiernos
federal y del estado de Durango respondan si realmente están apoyando a la
empresa en su conflicto ilegal contra campesinos y mineros, pues su obligación
principal es hacia los gobernados, que son los propios duranguenses. Ambos
gobiernos están obligados a pronunciarse públicamente para negar que estén
apoyando a la empresa en sus propósitos de ilegalidad manifiesta, que es la
causa de la movilización campesina-minera al tomar la mina de La Platosa.
Pues
esta empresa ha estado señalando a nivel local de Durango que la Organización
No Gubernamental, PRODESC, está financiando el movimiento de los campesinos y
mineros, acusación que PRODESC ha señalado como absolutamente mentirosa. La
misma Excellon ha señalado equívocamente que el Sindicato Nacional de Mineros
es quien financia esta protesta minero-ejidal, lo cual es igualmente
calumnioso. Tal pareciera, según esas versiones, que los ejidatarios y los
trabajadores mineros no tuvieran criterio propio y hubieran de ser movidos por
entidades externas a ellos para demandar justicia.
Lo que es
un hecho verificable es que Excellon Resources Inc. ha mentido persistentemente
a lo largo de este conflicto. Mintió al firmar un convenio de colaboración y
entendimiento del 2008 con los ejidatarios de la Sierrita, en el cual les
ofreció supuestamente hacerlos socios de la empresa, y establecer diversos
servicios de beneficio para la población del ejido, así como privilegiar la
contratación de familiares de ejidatarios para trabajar en la mina La Platosa,
y crear un sistema de tratamiento de aguas residuales para limpiar la
contaminación de las que la mina utiliza en el lavado de los materiales que
extrae del suelo. Nunca ha cumplido con estos compromisos establecidos en 2008
y, al reclamarle los ejidatarios este incumplimiento, simplemente se ha negado a
todo diálogo.
Esto
hace sospechar a ejidatarios y mineros que hay funcionarios públicos de México
que están detrás de Excellon Resources Inc. para promover sus acciones
ilegales. Ni las autoridades federales ni las del estado de Durango pueden
mantenerse inactivas ni hacerse de la vista gorda ante esta presunción de
complicidades y deben investigar qué hay de todo ello, y castigar penalmente a
quienes resulten implicados en esta indebida intromisión, que impide se cumpla
con justicia el contrato firmado en el 2008 y, asimismo, viola la Ley Federal
del Trabajo y la Jurisprudencia 150/2008 de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, la cual establece que los recuentos de trabajadores para fines de
titularidad “deben ser secretos, libres y con garantías de seguridad”, lo que
no ocurrió en el recuento del 5 de julio..
Es
sumamente significativo que en su boletín de Toronto, Canadá, del lunes 16 de
julio, Excellon manifiesta que los trabajadores sindicalizados de la Sección
309 del Sindicato Nacional de Mineros hayan obtenido solamente un tercio de los
votos necesarios para adquirir el reconocimiento de la representación por la
parte trabajadora, cuando es un hecho notorio que la propia empresa recurrió,
una vez más ilegalmente, al uso de bandas de golpeadores para inclinar la
votación a favor de cualquiera de los dos sindicatos blancos que esa empresa
protege, así como al terrorismo empresarial, mediante amenazas de despido y
oferta de sobornos a los auténticos trabajadores que participaron en el
recuento del 5 de julio, con lo cual dicha votación resultó absolutamente
amañada y adversa a los intereses de los trabajadores. Pero más grave aún, que
Excellon Resources y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Durango
hayan permitido y promovido el voto de empleados de confianza, cuando un
recuento es solamente para que participen los trabajadores pertenecientes a la
organización sindical.
Otros
compromisos de establecidos en el convenio de 2008, que la empresa no ha
cumplido y para los que se niega siquiera a dialogar son, junto con la
construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales, el conseguir de
la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, los permisos necesarios para la
operación de esa planta, previamente a su edificación. Tampoco ha cumplido su
ofrecimiento de aportar recursos para fletar el acarreo de los minerales de la
mina, ni para instalar el comedor, ni para sufragar los gastos de transporte
del personal de la mina, que había prometido y firmado en el contrato referido.
Excellon
Resources Inc. está fuera de la ley, por todas estas evidencias. Pero además,
esa empresa ha ocupado arbitrariamente terrenos de vecinos de la comunidad,
para construir represas, líneas eléctricas y de barrenación, invadiendo sin
consulta alguna, tierras comunales o de pobladores para convertirlas en
tiraderos de desperdicios de la mina La Platosa, con alto contenido de arsénico
muy por encima de las normas que permite la Norma Oficial Mexicana al respecto.
Ni el
gobierno del estado de Durango ni Excellon se han presentado ante la comunidad,
por su temor de que los vecinos de la misma les reclamen su negligencia y
abusos, que se corrobora en el dato de que la empresa alega en su boletín
mencionado del 16 de julio que cuenta con toda la protección de los gobiernos
federal y estatal de Durango y pretende responsabilizar a las organizaciones
mexicanas e internacionales solidarias de este conflicto. De igual manera lo
viene haciendo su testaferro, Carlos Pavón, “la marrana” según lo califican los
trabajadores mineros, cuando los únicos responsables de esta agresión contra
trabajadores y ejidatarios son Robert More, vicepresidente de Operaciones en
México de Excellon, y Pablo Gurrola, subdirector de Relaciones Laborales de la
misma empresa, a los cuales se les deben fincar los cargos penales por sus
actividades ilegales en contra de ejidatarios y trabajadores mineros, las
cuales además dañan tanto a la comunidad como al ecosistema en el entorno de la
mina La Platosa.
