REFORMA LABORAL Y NEGLIGENCIA CRIMINAL
Napoleón Gómez
Urrutia
NGU, 19, Reforma laboral y negligencia criminal, publicado el
jueves 2 de octubre de 2012, La Jornada
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Durante
las últimas semanas dirigentes del PAN y del PRI han mencionado
insistentemente, con una gran ignorancia y mala fe, que el próximo mes de
septiembre los miembros de ambos partidos en el Congreso aprobarán una reforma
laboral que nadie conoce y por lo tanto la vuelven sospechosa. El hecho no presagia
nada bueno para la clase trabajadora. Aseguran que son promesas de campaña que
todos sabemos que los candidatos se hicieron a sí mismos y a sus cómplices, con
una grave irresponsabilidad de cara al pueblo de México.
Unos
y otros de los antes mencionados, han señalado que urge una reforma laboral,
porque dicen que de no haberla se está obstaculizando el progreso del país y el
crecimiento de la economía, y por dicha circunstancia no se crearán los empleos
suficientes ni se abrirán las expectativas de avance que, alegan, sólo se
lograrán con esa supuesta reforma laboral.
Lo
notable del asunto es que representantes y abogados del Consejo Coordinador
Empresarial, CCE, se están reuniendo con dirigentes de la CTM, o Confederación
de Trabajadores de México, con el propósito de llegar a acuerdos en ese
proyecto de reforma laboral. No informan del contenido de sus análisis o
deliberaciones, lo cual da pie a la desconfianza sobre el verdadero carácter de
sus encuentros, cuando el CCE y la CTM no se atreven a exponerlos a la luz
pública, como debiera ser en esta materia tan importante para el desarrollo
económico, político y social de México.
Lo
que parece evidente es que estos dos grupos pretenden tomar acuerdos en nombre
del país entero y de todas las fuerzas sociales, lo cual no pasa de ser una
simulación para llegar a arreglos cupulares de conveniencia, ya que la CTM ya
no representa a nadie en el ámbito de las organizaciones de trabajadores, sino
sólo a la cúpula de sus dirigentes formales, anquilosados en una imagen de un
poder que desde hace lustros ya no tiene. Los empresarios, pues, están
negociando con un grupo que sólo se representa a sí mismo, pero no a los
millones de trabajadores que hay en México, y mucho menos a los que están
agrupados en los sindicatos democráticos, independientes y autónomos del país,
como los mineros políticamente perseguidos con una perversidad sin límites, los
universitarios, los campesinos y ejidatarios, los telefonistas, los
tranviarios, los electricistas golpeados por la arbitraria e inconstitucional
desaparición de Luz y Fuerza del Centro, los maestros y muchos más.
Parece
obvio que aquella representación sindical, que en el pasado remoto fue una
fuerza auténtica de lucha, hoy está castrada de antemano por su falta de autenticidad
obrera y de un liderazgo democrático y sólido. Su política es, a lo largo y
ancho del país, de sumisión al sector de los patrones y de los dueños de las
empresas, así como a los gobiernos, sin importar su filiación ideológica o
partidaria. En cada centro de trabajo que se presenta un intento serio de
trabajadores por tener una representación auténtica y verdadera que defienda
sus intereses legítimos, aparecen los representantes de la CTM para ponerse a
las órdenes de los patrones y oponerse a los intereses legítimos de los
genuinos trabajadores para mediatizarlos, amenazándolos, golpeándolos y
criminalizando su esfuerzo.
En
ese proyecto de supuesta reforma laboral, en rigor una contrarreforma del
trabajo, impulsada por los representantes de la CTM, se plantea dar toda la
flexibilidad a los patrones para contratar o despedir a trabajadores sin
ninguna responsabilidad para las empresas; para aceptar o rechazar
representaciones sindicales; para legalizar el “outsourcing” y los sindicatos
de protección o blancos; para llenar de tantos y tan complicados requisitos el
ejercicio del derecho a la huelga, que de hecho lo anulen; para afectar los
salarios caídos de tal suerte que el derecho constitucional a la huelga,
universalmente aceptado como prerrogativa de los trabajadores para oponerse a
las injusticias de las empresas, sea sólo una declaración legal sin eficacia en
la realidad.
Con
estos argumentos, es indudable que la CTM se está reuniendo con los miembros
del CCE, sólo para autentificar las políticas antisindicales de los gobiernos
panistas en derrota, que hoy le quieren endosar al próximo gobierno. Con eso se
ignora que en otros países del mundo donde se aplicaron contrarreformas
laborales, hoy ya están de regreso de las mismas, pues en los hechos se
comprobó que esos proyectos entreguistas no eran viables, como en el caso de
España que generó un 25% de desempleo, el de Italia o el de Grecia, hoy sumidos
en profundas crisis sociales. Mientras allá están de regreso de la aventura
neoliberal de suprimir los auténticos derechos sindicales, en México insisten
en esa línea socialmente suicida.
Este
fenómeno tiene su repercusión en otros ámbitos de la realidad obrera. Al no
cumplirse las leyes laborales del país, quedan absolutamente desprotegidos muchos
trabajadores que prestan sus servicios en actividades de alto riesgo, como los
de la minería, cuyo efecto sólo en el estado de Coahuila llega a la cifra de
150 muertos en los últimos 6 años por negligencias criminales de los
empleadores y de los gobiernos federal y estatal que los solapa. Si se
cumpliera con los mandatos de las leyes laborales y de la Constitución, ninguna
de esas tragedias tendrían por qué producirse. En los “pocitos” de carbón,
tanto empresas como autoridades impiden la sindicalización y la protección de
sus trabajadores. Ante estas tragedias, nadie hace nada para remediarlas, pero
sobre todo para impedirlas, como lo demuestra la explosión en febrero de 2006
de la mina 8 de Pasta de Conchos, en que perecieron 65 trabajadores mineros, cuyos
responsables se mantienen en la impunidad. En este camino continuará habiendo
“homicidios industriales”. Por eso es urgente que se elaboren y promulguen
leyes que penalicen la negligencia criminal de las empresas y se castigue
ejemplarmente a los responsables, tanto de los inversionistas como del
gobierno.
Los
intentos de contrarreforma laboral, por un lado, y las impunidades
empresariales, por el otro, son las dos caras de una misma moneda: la de
la corrupción gubernamental y de las empresas antisociales, que México no
debe estar dispuesto a tolerar nunca más.