México, campo minado
Napoleón
Gómez Urrutia
Articulo de Napoleon
Gomez Urrutia publicada en el Diario “La Jornada” el jueves 13 de Septiembre.
La coyuntura política actual del país se resume en pocas
palabras. El gobierno panista que está dejando el poder ha sembrado una serie
de pendientes que pretende heredar al nuevo gobierno. Esto lo ha venido
haciendo Felipe Calderón de última hora, entre otras muchas cosas con su
proyecto “preferente” ante la Cámara de Diputados sobre una reforma laboral que
de entrada, o de salida, intenta lograr un nuevo estatuto del trabajo que no
deja lugar a dudas sobre su intención injusta y arbitraria contra los
trabajadores y los sindicatos, a los cuales durante todo su sexenio se ha
dedicado a golpear, minimizar o someter a una política antisocial de absoluto
corte empresarial.
Esta intención no puede ser más clara. Consiste en poner
de rodillas, mediante esa reforma, a los sindicatos y a los trabajadores frente
a los intereses más negativos de los empresarios, que además difícilmente podrá
ser aprobada en lo que resta de las labores legislativas de este año. Nunca las
improvisaciones han dado resultados positivos, sobre todo en campos tan
importantes y cruciales como el de las relaciones laborales, que afectan de
manera tan profunda el futuro del país y su desarrollo, y que debieran haber
sido motivo de una consulta respetuosa y profundamente democrática entre todos
los sectores involucrados. En este caso estamos ante la intención de un
“albazo” legislativo.
Con esta iniciativa, Calderón saca a relucir en todo su esplendor
su odio infinito a la clase trabajadora, donde incluso vendría a perjudicar, de
aprobarse su propuesta, a los sindicatos corporativos oficialistas que han
obedecido sus consignas sin cuestionarlas. Mal les paga.
Pero en muchos otros temas, que en el sexenio que está
por terminar el gobierno conservador no pudo resolver por evidente ineptitud,
por no haber preparado adecuadas estrategias o por haberse lanzado a ciegas a
una supuesta solución, también está queriendo dejar herencias que la nueva administración
no tiene por qué atribuirse. Dice el viejo dicho: “Dejad que los muertos
entierren a sus muertos”. Que no es el caso estricto de las decenas de miles de
personas que han perdido la vida en la equívoca y errónea guerra contra el
narcotráfico y el crimen organizado, a la cual no se le ve el final y que el
actual gobierno feneciente pretende que asuma como responsabilidad central el
que le seguirá a partir del 1º de diciembre de este año. Las decenas de miles
de muertos sólo son responsabilidad del gobierno de Felipe Calderón. Lo cual
significa que, simplemente, Calderón se pretende lavar las manos con el
gobernante que lo sustituirá, con actitudes por completo irresponsables y
faltas de seriedad republicana, propias del peor de los caudillajes autoritarios
que haya habido en la historia.
Esto es solamente en el aspecto de la seguridad pública,
pero en el campo social, como en la lucha contra la pobreza, la seguridad
social, el financiamiento al campo y a las industrias, el educativo, o en lo
económico como el financiero, la equitativa redistribución fiscal y el impulso
a las industrias medianas y pequeñas generadoras de empleos, los pendientes son
tantos que tal pareciera que este gobierno quién sabe qué anduvo haciendo estos
seis años que no tuvo el talento ni la madurez para hacer algo más importante
que sólo tratar de perpetuarse en el poder con estrategias mediáticas y de pura
apariencia, sólo para llenar la imagen pero que no alcanzan a cubrir la terca
realidad, que no es la de sus optimistas o maquilladas declaraciones.
De hecho, se trata de que están dejando minas explosivas
por todos lados, las mismas que se cobran tantas vidas después de terminadas
las conflagraciones bélicas. Al pueblo mexicano y al nuevo gobierno, los
anteriores detentadores del poder les están dejando un México como campo
minado. Igual o más letales son las bombas que se dejan sembradas en los campos
de combate bélicos, que las que se dejan sin solución en la arena política y
social de los países.
Depende de las nuevas autoridades el que puedan discernir
cuál debe ser su compromiso ante esas tremendas fallas e irresponsabilidades,
que la administración que iniciará en
diciembre próximo no puede ni debe asumir como propias, si actúa conforme a
derecho y a una estricta lógica política y moral, tal como se desea que los
nuevos gobernantes vayan a actuar a lo largo de los tiempos siguientes. Nada
sería más nocivo para la República que el día de mañana se asumieran las tareas
pendientes del gobierno anterior como si fueran las propias, cuando este no es
ni debe ser el caso, tanto por decencia administrativa como, sobre todo, por
ética política.
Las muestras de inconformidad y coraje que se perciben en
amplias capas del pueblo en la actualidad, se magnificarían a grados insospechables
si la nueva administración las asumiera como pendientes propios y no del
gobierno que la antecede. De asumir como propias esas deudas sociales,
seguramente se generará un mayor empobrecimiento popular y una mayor depresión
colectiva hasta llegar a sumir al país en un fracaso mayor.
El nuevo gobierno tiene que cobrar conciencia de que
México está frustrado e indignado, y que seguramente lo expresará con muchas
formas de inconformidad y coraje ante tanto abuso y explotación. Que a nadie le
quepa ninguna duda. Las nuevas autoridades están políticamente obligadas a
actuar con pies de plomo y veracidad en el campo minado que las anteriores
administraciones les están dejando.