SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS,
METALÚRGICOS, SIDERÚRGICOS Y SIMILARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA
--BOLETÍN INFORMATIVO--
51/2012
Miércoles 12
de septiembre de 2012
*Denuncia Sindicato Minero que 35 toneladas de explosivos están
sin resguardo en la mina de Sombrerete, con los graves peligros que eso supone.
*No ha intervenido la Secretaría de la Defensa, cual es su
obligación, Para poner bajo protección esos explosivos cuyo potencial
destructivo es enorme.
*Grupo México de Germán Feliciano Larrea con sus porros y drogadictos
invadió el 31 de agosto la mina y no hace nada para evitar un mal uso de ese
arsenal de explosivos.
En una carta del 11 de
septiembre de 2012 dirigida a diversos funcionarios del Poder Ejecutivo, el
Sindicato Nacional de Mineros denunció que en la mina de San Martín Sombrerete,
en Zacatecas, en huelga legítima y totalmente legal desde hace más de 5 años,
están acumuladas sin el adecuado resguardo 35 toneladas de explosivos
(artificios, mexamon y otros) que por su potencial pudieran destruir ciudades y
poblaciones enteras del estado de Zacatecas, debido a la negligencia de Grupo
México de Germán Feliciano Larrea Mota Velasco.
La mina de San Martín
Sombrerete, Zacatecas, fue invadida el 31 de agosto pasado por más de 300 “porros”,
golpeadores, drogadictos y paramilitares pagados por el Grupo México de Germán
Larrea, precisamente cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN,
está próxima a resolver el estado de la huelga en ese centro de trabajo. Con
esa agresión, Larrea Mota Velasco viola no solamente el estado de derecho y la
absoluta legalidad de esta huelga, desafiando así al gobierno al tomar la ley
por su propia mano, utilizando “porros” y paramilitares, ante la indiferencia
total de los gobiernos federal y estatal de Zacatecas. Una decisión de la SCJN
contraria a la legalidad de la huelga de Sombrerete no sólo haría que los
mineros injustamente la perdieran, sino que pondría en gravísimo peligro el
derecho de huelga para todos los trabajadores de México. Hay que recordar que
la huelga de Sombrerete fue iniciada por la Sección 201 del Sindicato Nacional
de Mineros por la negligencia y los abusos reiterados de Germán Feliciano
Larrea.
Por otra parte, mineros en huelga en ese centro de
trabajo, informaron que la Secretaría de la Defensa no había intervenido hasta
el martes 11 de septiembre para resguardar, como es su obligación legal, el
polvorín que se almacena allí, que cuando la mina está en operación sirve para
el trabajo de explotación y búsqueda de las vetas de mineral.
Los agresores del día 31 de agosto, pagados por el
Grupo México de Larrea, carecen, como es obvio, de cualquier capacitación en
materia de seguridad y, por el contrario, ajenos a cualquier responsabilidad,
se han dedicado a las francachelas, las borracheras y al uso de prostitutas y
de drogas que la misma empresa les ha hecho llegar, y esto consta en la
declaración de uno de los agresores, aprehendido por la policía municipal, a
quien además se le encontró en posesión de mariguana. Todo esto mide el grado
de arrogancia e impunidad con que se maneja Grupo México de Larrea contra
trabajadores que luchan por la justicia social y por la solución a sus demandas
dentro de la ley.
Los compañeros en huelga, ante las actitudes
provocadoras de los agresores, se mantienen a distancia para evitar
enfrentamientos.
Esta última denuncia fue
formulada por los dirigentes del Sindicato Minero Sergio Beltrán Reyes,
Secretario del Interior; Juan Linares Montúfar, Secretario del Consejo de
Vigilancia y Justicia; J. Jesús Jiménez, Secretario de Conflictos y de
Vivienda, y José Ángel Hernández Puente, Secretario Tesorero, en comunicación
que dirigieron a los secretarios de Gobernación, Alejandro Poiré Romero; del
Trabajo y Previsión Social, Rosalinda Vélez Juárez; y de Economía, Bruno
Ferrari García de Alba; así como a la procuradora General de la República,
Maricela Morales Ibáñez, y el gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes.
En esta carta le reseñan a los
diversos funcionarios “la irresponsabilidad de Industrial Minera México, del
Grupo México, que pone en peligro a la población de San Martín y la mina del
mismo lugar de Sombrerete, Zacatecas”. Les recuerdan que en la reunión
realizada con ellos el 10 de septiembre en la Secretaría de Gobernación
denunciaron los desmanes de los más de 300 invasores de la mina, que actúan
ebrios y drogados.
“La situación, le agregan en
su carta, se agrava más debido a que este fin de semana pasado, el viernes 7,
el sábado 8 y el domingo 9 de septiembre, la empresa emborrachó a sus golpeadores
y les llevó prostitutas en camionetas con las que hicieron escándalo todo el
fin de semana”, incluyendo este lunes 10. “Esta situación ilegal e
irresponsable de la empresa, la coronan con la CROC (Confederación Regional
Obrera y Campesina), a la que involucran en esta situación con supuestos
mineros, para demandar al Sindicato Minero la titularidad del Contrato
Colectivo de Trabajo, en plena huelga. La CROC se hace cómplice de agredir el
derecho constitucional de huelga”.
La solución, agregan, está en
la Segunda Sala de la SCJN en el expediente de amparo en revisión 689/2011.
Añaden que a lo largo de la huelga, iniciada por la Sección 201 del Sindicato
Minero el 30 de julio de 2007, “la empresa se ha negado a resolverla, sea
allanándose al pliego petitorio del Sindicato, pues sólo se trata de cumplir el
Contrato Colectivo de Trabajo, sea conciliando una solución entre las partes”.
Lejos de ello, la empresa ha
incumplido el acuerdo del 27 de julio de 2007, ante la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje, donde se acordó el personal de emergencia en la
huelga para darle mantenimiento a la mina, instalaciones y maquinaria, con el
fin de que no sufran deterioro o desgaste, para lo que se fijó entonces un
grupo permanente de 80 personas, 43 del Sindicato y 37 de confianza, pero en el
tiempo transcurrido de la huelga la empresa ha venido finiquitando al personal
sin sustituirlo, dejando sólo 10 trabajadores del Sindicato y 8 de confianza,
exponiendo la mina a un deterioro irracional, al grado de poner a un velador a
hacer labores de electricista, que ocasionó la muerte de Domingo Ricalday
Devora, electrocutado el 28 de abril de 2010.
La situación hoy se vuelve más
peligrosa por el almacenamiento sin control de las 35 toneladas de pólvora en
el interior de la mina subterránea, “de sumo peligro, y peor cuando su
vigilancia está en manos de delincuentes ebrios y drogados”. Hasta el 30 de
agosto de este 2012 la vigilancia estuvo bajo el cuidado del personal asignado
para ello, pero por la irresponsabilidad de la empresa “ahora está bajo el
falso cuidado de delincuentes ebrios y drogados, que incluye a supuestos
‘trabajadores’ de la CROC, los que ponen en peligro a la población de San
Martín y sus comunidades”. El potencial explosivo del polvorín de la mina es de
tal magnitud, que su impacto al explotar sería suficiente para destruir hasta
tres veces la ciudad de Zacatecas. “A ese grado llega la irresponsabilidad de
esa empresa”, agrega el Sindicato Minero.
Por todas estas razones, el Sindicato Nacional de
Mineros demanda a los funcionarios mencionados, incluido el gobernador de
Zacatecas, “a restablecer el Estado de Derecho y el orden, a respetar el orden
constitucional y universal de huelga, a respetar la vida e integridad física de
los mineros y sus familias en San Martín y de Sombrerete” y exigen que sean
“retirados los golpeadores que puso la empresa a la entrada de la mina”.
El Sindicato Nacional de Mineros, al denunciar esta
situación ante las autoridades referidas, hace responsables de cualquier
desastre, pérdidas de vidas o hechos de sangre a Germán Feliciano Larrea Mota
Velasco, a la empresa Grupo México y también al gobierno federal y al gobierno
de Zacatecas.
