SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALÚRGICOS, SIDERÚRGICOS Y SIMILARES DE LA REPÚBLICA
MEXICANA
4/2013
Jueves 17 de enero de 2013
*Denuncian
guardias de seguridad federal la inhumana esclavitud a que los tienen sometido
Grupo México y la Secretaría de Seguridad en Cananea.
*En el
diario Milenio señalan que los exponen a temperaturas de 5 y 10 grados bajo
cero, se están enfermando y no tienen pago oportuno de salarios.
*Esta
denuncia de los guardias comprueba rotundamente que la invasión de Cananea el 6
de junio de 2010 fue una ilegal agresión de Felipe Calderón, de Germán Larrea y
de los funcionarios que participaron en ella.
*Esperamos
que el nuevo gobierno ponga un alto a estas situaciones y se haga justicia a los
trabajadores mineros agredidos por la empresa y los panistas.
Las denuncias que reiteradamente ha hecho el Sindicato Nacional de
Mineros dirigido por Napoleón Gómez Urrutia desde que estalló la huelga en la
mina de Cananea el 30 de julio de 2007, contra la empresa concesionada Grupo
México de Germán Feliciano Larrea Mota Velasco por la insensibilidad y la
arbitrariedad con la que trata a sus trabajadores desde muchos años atrás, se
vieron plenamente confirmadas este miércoles 16 de enero del 2013 nada menos
que por los guardias federales que ilegalmente tiene esa empresa a su servicio
en dicho centro de trabajo, desde que éstos en junio de 2010 invadieron la mina
con lujo de fuerza y violencia y desalojaron a los trabajadores que sostenían
una huelga legal, por las ilegales instrucciones del gobierno de Felipe
Calderón.
El diario Milenio en nota de su reportera Erika Flores, publicó con
fecha de ayer, miércoles 16 de enero, la denuncia que 80 elementos de la
Policía Federal de Seguridad apostados en la mina de Cananea, formulan contra
las condiciones de inhumana esclavitud a que están sometidos bajo el ilegal y
falso pretexto de que fueron llevados allí, engañados y manipulados, para
supuestamente “garantizar la protección, custodia, vigilancia y seguridad de
personas, bienes e instalaciones de las dependencias, entidades de la
Administración Pública Federal, órganos de carácter federal de los Poderes
Ejecutivos, Legislativo y Judicial, organismos constitucionalmente autónomos”.
De esta cita se desprende que la empresa Grupo México de Larrea no es
absolutamente ninguna de las cosas a las que tiene que proteger la Secretaría
de Seguridad Federal y que sólo obedece a la arbitrariedad y violación a la ley
con que los gobiernos panistas se manejaron en plena complicidad con algunas
empresas y contra los trabajadores del sector minero, metalúrgico y siderúrgico
de México en los largos 12 años que estuvieron al frente del gobierno federal.
“Los elementos de seguridad --dice la nota de Milenio-- enfrentan
temperaturas de entre 5 y 10 grados bajo cero, lo que ha dejado decenas de
enfermos con males respiratorios, artritis y casos graves de hipotermia”,
porque “desempeñan su trabajo en un cuartel improvisado, --con cuartos
prefabricados con lámina y en cada habitación hay hasta 7 uniformados, donde
algunas ventanas cuentan con vidrios, pero otras no, por lo que los propios
policías las tuvieron que proteger con hule y madera, para conservar el calor,
y el agua para bañarse es fría-- con alimentos a base de arroz, frijol y
lechuga, más el retraso en sus pagos”, además de que “tras el cambio de
administración del gobierno federal y la desaparición de la Secretaría de
Seguridad Pública federal, ninguno de los elementos sabe a ciencia cierta quién
es ahora su jefe o mando superior, y sólo se les ha informado que fueron
absorbidos por la Secretaría de Gobernación”.
Esta
denuncia comprueba en su totalidad que la ilegal invasión por 4 mil elementos
de la Policía Federal el 6 de junio de 2010 fue tramada en complicidad entre
las Secretarías del Trabajo, que encabezaba el repudiado Javier Lozano Alarcón,
y de Economía, de Gerardo Ruiz Mateos, junto con el entonces secretario de
Gobernación, Fernando Gómez Mont, abogado del Grupo México de Larrea, y el
titular de la Secretaría de Seguridad Pública hoy desaparecida, Genaro García
Luna.
La acción policiaco-militar se produjo después de que unos meses antes
la Secretaría de Economía, al cargo de Gerardo Ruiz Mateos, había declarado que
“una causa de fuerza mayor” totalmente inexistente, había señalado “el fin de
la huelga” que para entonces acumulaba 3 años de estar vigente y con ello
procedieron a finiquitar, también atropellando la ley, la huelga legal
emplazada y en vigor, todo lo cual contó entonces con la vergonzosa aprobación
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hundió en la ignominia al
máximo tribunal de justicia del país.
La denuncia de los elementos de seguridad apostados en Cananea desnuda
la mentira y la corrupción gubernamental y empresarial de que su intervención
en esa mina era legal, cuando sólo se trató de un acto represivo
inconstitucional del gobierno de Calderón, en prosecución de otras ilegalidades
del gobierno anterior de Vicente Fox Quesada, contra los trabajadores agrupados
en el Sindicato Nacional de Mineros, por todo lo cual tarde o temprano los
culpables y responsables habrán de pagar ante la justicia.
El
Sindicato Nacional de Mineros dirigido por Napoleón Gómez Urrutia, y la Sección
65 de Cananea encabezada por Sergio Tolano Lizárraga, denunciaron en cada
momento estas agresiones continuadas y han llevado a tribunales
internacionales, como la Comisión Internacional de Derechos Humanos, el litigio
contra esta arbitrariedad del inescrupuloso patrón Larrea y de los no menos
inescrupulosos y corruptos funcionarios públicos que, como Javier Lozano
Alarcón, participaron en los hechos. Nuestro Sindicato nunca ha dejado de
luchar contra esta agresión de forajidos y lo seguirá haciendo hasta alcanzar
la justicia.
De
la misma manera que en solidaridad incondicional han dado su apoyo las
organizaciones internacionales de trabajadores como IndustriALL Global Union,
con 50 millones de afiliados en el planeta, los United Steelworkers de Estados
Unidos y Canadá, USW, la Federación Americana del Trabajo, AFL-CIO, de Estados
Unidos, y numerosísimas agrupaciones internacionales que agrupan en total a 200
millones de trabajadores.
El
gremio minero trabajador espera que el nuevo gobierno haga una investigación de
estos hechos y castigue a los responsables con todo el rigor de la ley, así
como que rectifique las alevosas agresiones sufridas de parte de los gobiernos
de Calderón y Fox, y del prepotente empresario Germán Feliciano Larrea Mota
Velasco, dueño de grupo México y de otros consorcios, al cual el gobierno debe
retirarle las concesiones mineras y otras por haber abusado de sus trabajadores
y por no administrarlas como corresponde en un estado de derecho.
