SINDICATO NACIONAL
DE TRABAJADORES MINEROS, METALÚRGICOS, SIDERÚRGICOS Y SIMILARES DE LA
REPÚBLICA MEXICANA
--BOLETÍN
INFORMATIVO--
5/2013
Lunes 21 de enero de 2013
*Grupo
México vuelve a mostrar su vulgar rostro inhumano y su negligencia criminal, al
esclavizar a los policías federales que en su nombre invadieron la mina de
Cananea en junio de 2010 y utilizaron para reprimir a los trabajadores.
*Denuncian
los guardias federales la inhumana explotación a que los tienen sometidos Grupo
México y la Secretaría de Seguridad Federal.
*Los
exponen a temperaturas de 5 y 10 grados bajo cero, se están enfermando, sufren
frecuentes arrestos arbitrarios y nunca
les pagan a tiempo sus salarios.
*La
denuncia de los guardias comprueba rotundamente que la invasión de Cananea el 6
de junio de 2010 fue una ilegal agresión de Felipe Calderón, de Germán Larrea y
de los funcionarios que participaron en ella.
*Esperamos
que el nuevo gobierno ponga un alto a estas situaciones y se haga justicia a
los trabajadores mineros agredidos por la empresa y los panistas.
Las denuncias que reiteradamente ha hecho el
Sindicato Nacional de Mineros dirigido por Napoleón Gómez Urrutia desde que
estalló la huelga en la mina de Cananea el 30 de julio de 2007, contra la
empresa concesionada Grupo México de Germán Feliciano Larrea Mota Velasco por
la insensibilidad y la arbitrariedad con la que trata a sus trabajadores desde
hace muchos años, se vieron plenamente confirmadas la semana pasada nada menos
que por los guardias federales que esa empresa, violando la ley, tiene a su
servicio en dicho centro de trabajo, desde que éstos en junio de 2010
invadieron la mina con lujo de fuerza y violencia y desalojaron a los
trabajadores que sostenían una huelga totalmente legal, invasión que fue movida
por las ilegales instrucciones del gobierno de Felipe Calderón.
Grupo México se confirma con estos hechos
como una de las empresas más anti éticas del mundo, ya que con la prepotencia
que acostumbra viola los derechos de sus trabajadores y ahora hasta los de sus
empleados represores, policías federales. Y donde el gobierno le regala a esa
compañía fondos del erario federal para financiar las acciones represivas
contra trabajadores, cuando esos cuerpos policiacos debían estar dedicados a
combatir el crimen y la violencia que flagela a diversas regiones del país, y
no a impedir la justa lucha de trabajadores por sus derechos y su dignidad.
Estas denuncias de los policías apostados en Cananea nos fueron
confirmadas por los compañeros Sergio Tolano Lizárraga, secretario general de
la Sección 65 del Sindicato Nacional de Mineros, y Jacinto Martínez Serna, de
la misma Sección 65, a quienes también les han llegado. Comprueban en su
totalidad que la ilegal invasión por 4 mil elementos de la Policía Federal y
del Ejército el 6 de junio de 2010 fue una acción tramada en complicidad entre
las Secretarías del Trabajo, que encabezaba el repudiado Javier Lozano Alarcón,
y de Economía, de Gerardo Ruiz Mateos, junto con el entonces secretario de
Gobernación, Fernando Gómez Mont, abogado penalista del Grupo México de Larrea,
y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública hoy desaparecida, Genaro
García Luna.
Varios
testimonios de guardias apostados en la mina de Cananea, dan cuenta de estas
arbitrariedades, con las que se exhibe el rostro inhumano de Grupo México y de
su dueño Germán Feliciano Larrea Mota Velasco. En diversos medios de la
capital, los estados y cibernéticos se informa sobre este atrabiliario
proceder. Dato común a todas esas denuncias de la semana pasada, es que 80
elementos de la Policía Federal de Seguridad apostados en la mina de Cananea,
son los que revelaron las condiciones de inhumana esclavitud a que están
sometidos, engañados y manipulados, bajo el ilegal y falso pretexto de que
fueron llevados allí para “garantizar la protección, custodia, vigilancia y
seguridad de personas, bienes e instalaciones de las dependencias, entidades de
la Administración Pública Federal, órganos de carácter federal de los Poderes
Ejecutivos, Legislativo y Judicial, organismos constitucionalmente autónomos”,
como señala su normatividad como cuerpo policiaco del gobierno.
De
esta cita se desprende que la empresa Grupo México de Larrea no es
absolutamente ninguna entidad o dependencia a las que está obligada a proteger
la Secretaría de Seguridad Federal y que la acción policiaca sólo obedece a la
arbitrariedad y violación a la ley con que los gobiernos panistas se manejaron
en plena complicidad con algunas empresas en contra de los trabajadores del
sector minero, metalúrgico y siderúrgico de México en los largos 12 años que
estuvieron al frente del gobierno federal.
Un
guardia que encubre su nombre real bajo el de Luis Robles, por temor a
represalias de parte del organismo federal de seguridad, hizo llegar a diversos
medios unas denuncias que esa dependencia ni siquiera quiso escuchar cuando él
se las planteó. Señala que tuvo que retornar al DF y llegando a las
instalaciones del Servicio de Protección Federal en la avenida Miguel Ángel de
Quevedo, le negaron el acceso y un tal señor Muñoz le negó cualquier
posibilidad de quejarse por los malos tratos que todos los guardias reciben de
parte de la empresa Grupo México y de esa misma corporación. En ese trato
abundan los abusos que se manifiestan en arrestos injustos y sin fundamento, en
medio de condiciones de temperatura nocivas para la salud, de 5 o 10 grados
bajo cero. “Los fríos en esa región ya comenzaron y hay muchos casos de
problemas respiratorios e infecciones en garganta”, dijo este guardia federal.
Otro
testimonio de un policía que no dio su nombre por el mismo temor a represalias
de la dependencia oficial de seguridad, indica que hay graves casos de
hipotermia, ya que viven en cuarteles improvisados, con cuartos prefabricados
de lámina y en cada habitación hay hasta 7 uniformados, donde no todas las
ventanas cuentan con vidrios, por lo que los mismos policías las tuvieron que
proteger con hules y madera para conservar el calor. El agua, que no abunda
además de que no es potable, está siempre muy fría, casi como hielo. Los
alimentos son a base de arroz, frijol y lechuga, totalmente inadecuados para
las temperaturas que se sufren. Los comandantes de ellos se embriagan a cada
rato y se pasean impunes en medio de sus acosos sexuales contra mujeres
policías, que no los denuncian por temor a perder su empleo. Lo más grave es
que siempre hay retraso en los pagos de sus sueldos, además de que tras el
cambio de administración del gobierno federal y la desaparición de la
Secretaría de Seguridad Pública federal, ninguno de los elementos policiacos
sabe quién es ahora su jefe o mando superior, y sólo se les informa que fueron
absorbidos por la Secretaría de Gobernación.
La
acción policiaco-militar de junio de 2010 se produjo después de que unos meses
antes la Secretaría de Economía, al cargo de Gerardo Ruiz Mateos, había
declarado que “una causa de fuerza mayor” totalmente inexistente, había
señalado “el fin de la huelga” que para entonces acumulaba 3 años de estar
vigente y con ello procedieron a finiquitar, también atropellando la ley, la
huelga legal emplazada y en vigor, y desaparecer la contratación colectiva e
individual, todo lo cual contó entonces con la vergonzosa aprobación de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hundió en la ignominia al máximo tribunal
de justicia del país.
Las denuncias de
los elementos de seguridad apostados en Cananea desnudan la mentira y la
corrupción gubernamental y empresarial de que su intervención en esa mina era
legal, cuando sólo se trató de un acto represivo inconstitucional del gobierno
de Calderón, en prosecución de otras ilegalidades del gobierno anterior de
Vicente Fox Quesada, contra los trabajadores agrupados en el Sindicato Nacional
de Mineros, por todo lo cual tarde o temprano los culpables y responsables habrán
de pagar su condena ante la justicia.
El Sindicato Nacional de Mineros dirigido por Napoleón Gómez
Urrutia, y la Seción 65 de Cananea encabezada por Sergio Tolano Lizárraga,
denunciaron en cada momento estas agresiones continuadas y han llevado a tribunales
internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el
litigio contra esta arbitrariedad del inescrupuloso patrón Larrea y de los no
menos inescrupulosos y corruptos funcionarios públicos que, como Javier Lozano
Alarcón, participaron en tales hechos. Nuestro Sindicato nunca ha dejado de
luchar contra esta agresión de forajidos y lo seguirá haciendo hasta alcanzar
la justicia.
De
la misma manera que en solidaridad incondicional le han dado su apoyo a los
mineros de Cananea, las organizaciones internacionales de trabajadores como la
IndustriALL Global Union, con 50 millones de afiliados en el planeta; los
United Steelworkers de Estados Unidos y Canadá, USW; la Federación Americana
del Trabajo, AFL-CIO, de Estados Unidos, y numerosísimas agrupaciones
internacionales que agrupan en total a 200 millones de trabajadores.
El gremio minero trabajador espera que el nuevo gobierno haga una
investigación puntual de estos hechos y castigue a los responsables con todo el
rigor de la ley, y que rectifique las alevosas agresiones sufridas de parte de
los gobiernos de Calderón y Fox, así como del prepotente empresario Germán
Feliciano Larrea Mota Velasco, dueño de Grupo México y de otros consorcios, al
cual el gobierno debe retirarle las concesiones mineras y otras por haber
abusado de sus trabajadores y por no administrarlas como corresponde en un
estado de derecho.
