Colaboración
de NGU al periódico La Jornada
7 marzo 2013
Sección:
Opinión
pagína: 30
La nueva estrategia
Napoleón Gómez Urrutia
Jueves
7 de marzo de 2013
Al tomar la determinación de
detener a la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación,
el gobierno actual asume el compromiso de cambiar el país, comenzando por
establecer una política de combate a la corrupción y la impunidad. Este es un
mensaje claro de una de las decisiones que más han sacudido recientemente a
nuestro país, pero no sólo debe serlo indiscriminadamente hacia los sindicatos,
a los cuales les han soltado en contra los más bajos instintos, sino también
hacia innumerables políticos, empresarios, periodistas y medios de
comunicación, jueces, magistrados y ministros, despachos de abogados,
sacerdotes, cámaras empresariales y otros más.
El Presidente lo está
haciendo así porque lo prometió ante toda una nación cansada de injusticias,
desigualdades y sin estado de derecho, que iba enfilada hacia el fracaso, como
en sus propias circunstancias y momentos y para su país lo advirtieron los
presidentes de Estados Unidos John F. Kennedy y Barack H. Obama. México,
además, no tiene otra alternativa y el mundo político, laboral, financiero y
cultural está observando. La confianza se obtiene moralizando a la sociedad y
al gobierno, interpretando y aplicando correctamente la justicia, que debe ser
transparente.
Su ineptitud y corrupciones
han provocado que los gobiernos panistas de Vicente Fox y de Felipe Calderón se
sumerjan en el olvido y la mediocridad. La oportunidad histórica para este
gobierno es una, y para nada debe ir por el camino de la persecución y el
linchamiento de la clase trabajadora y sus líderes honestos y democráticos. Se
requiere mayor firmeza en los principios y en los valores éticos que los que
tienen muchos de los que atacan al magisterio. El mensaje debe ser muy claro.
No debe significar una venganza política, sino una estrategia para controlar la
ambición desmedida, la opulencia insultante, pero también, en otro orden y en
otros espacios, para corregir la explotación irracional de los recursos
naturales de la nación con base en las concesiones y los permisos, los
chantajes, la información privilegiada y el tráfico de influencias, que sólo
son accesibles con la cercanía a los altos círculos del poder.
La justicia no debe ser
selectiva porque entonces no es justicia. Ahí está el caso de algunos grupos
empresariales que han sido señalados en este espacio, que no pagan impuestos o
que mínimamente lo hacen, tal como lo publicó con datos duros en este mismo
diario La Jornada el distinguido columnista Carlos Fernández-Vega en
enero de 2010, donde claramente se observa un adeudo fiscal de 42 empresas por
223 mil 707.9 millones de pesos, entre las cuales destacan algunas del sector
minero como Grupo México de Germán Larrea con una deuda de 11 mil 939.1
millones, Grupo Peñoles de Alberto Bailleres con 6 mil 124.14 millones
pendientes y Altos Hornos de México de Alonso Ancira Elizondo con 6 mil 666
millones sin pagar a esa fecha.
Para la Secretaría de
Hacienda sería muy fácil exigir el pago de esos adeudos, que en muchos casos
son fraudes comprobados, lo cual llega al extremo de ni siquiera pagar
impuestos al vender sus empresas. Por otra parte, algunos de esos mismos
consorcios han recibido cientos de concesiones mineras y otras canonjías, al
grado de que más de 25 por ciento del territorio nacional ya ha sido
concesionado a compañías mexicanas y extranjeras. Es decir, la hipocresía de
algunos empresarios y de algunos medios de comunicación ha hecho de la
estrategia de mediatización y linchamiento social una red de complicidad en los
negocios, y de influencia política, en ambos casos basados en la manipulación y
la confusión de la población. La verdad es que muy pocos de esos atacantes
pasarían la prueba de la transparencia y el escrutinio social, porque traen las
manos sucias.
Algunos de esos empresarios
son tan cínicos y prepotentes que se expresan con desprecio y sarcasmo de los
políticos en el poder, a quienes solamente utilizan para su propio beneficio.
Todavía se dan el lujo de anunciar grandes inversiones en su propio provecho,
para impresionar a políticos improvisados y superficiales que en el fondo no
tienen noción o sensibilidad para identificar y resolver las necesidades
sociales, porque sólo les preocupa su poder y sus ganancias, sin ningún amor a
México. Son personajes siniestros que en un artículo pasado califiqué como
cuerpos sin alma. Por el lado de la política, ahí están los casos de corrupción
descarada de los gobiernos recientes del PAN, encabezados por Vicente Fox y
Felipe Calderón, y algunos de otros partidos.
En el caso actual, se ha
buscado satanizar a un solo sector de la sociedad, el de la clase trabajadora.
A muchos se les olvida que precisamente los sindicatos han sido, con todo y sus
fallas, el factor de equilibrio, estabilidad y paz social durante muchas
décadas. Soslayan que los trabajadores tienen todo el derecho a actuar de
acuerdo con la Constitución, la Ley Federal del Trabajo y el Convenio 87 de la
OIT, y que los dueños de los sindicatos son los trabajadores, como en las
empresas son los accionistas.
México desea que este caso
tan comentado sea el comienzo de un cambio verdadero para eliminar o combatir
la impunidad y hacer respetar el estado de derecho, y no un caso selectivo. Es
el momento político para establecer esa estrategia con visión de Estado, en que
se evite desatar la persecución y los peores instintos de los mexicanos que
reaccionan así por la frustración y la impotencia, ante lo que se percibe como
la falta de un país con un mejor futuro.