SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALÚRGICOS, SIDERÚRGICOS Y SIMILARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA
--BOLETÍN INFORMATIVO--
09/2009
Martes 10 de febrero de 2009
*Precisa la defensa legal del Sindicato Nacional de Mineros las múltiples incongruencias de la PGR y de la SRE, en su anunciada solicitud a Canadá de extradición de Napoleón Gómez Urrutia (NGU).
*Contrario a declaraciones oficiales, no hay comprobación de que tal solicitud se le haya presentado ya a ese gobierno.
*Germán Larrea Mota Velasco fue citado al Juzgado del Reclusorio Norte del DF, para mañana miércoles 11.
El Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en el Reclusorio Norte del Distrito Federal, citó para mañana miércoles 11, a las 11:30 horas, a comparecer al empresario Germán Larrea Mota Velasco, para ser interrogado por la defensa legal del Sindicato Nacional de Mineros. Esta cita incluye a su hermano Genaro Larrea Mota Velasco y a Xavier García de Quevedo, director de una de las empresas de Grupo México. La expectativa es que ahora sí se presente el dueño de Grupo México, no menosprecie a los tribunales mexicanos y se conduzca como lo hizo en Estados Unidos el año pasado, en que sí compareció ante el conflicto que dicha empresa sostiene con la ASARCO, American Smelting and Refining Company.
Por su parte, el abogado Marco del Toro Carazo, de la defensa legal del Sindicato Nacional de Mineros, informó que hoy presentó ante el Juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, un nuevo alegato en el cual precisa las múltiples incongruencias legales y de procedimiento en que han incurrido la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores, en su anunciada, pero hasta hoy no comprobada, solicitud al gobierno de Canadá de extradición del compañero Napoleón Gómez Urrutia.
En su alegato, el abogado Del Toro hizo ver cómo la Procuraduría General de la República, su Dirección de Comunicación Social y “un vocero” de la embajada de México en Canadá han estado proporcionando informaciones falsas y contradictorias sobre este asunto y con ello mintiéndole y desorientando a la opinión pública.
Reitera el abogado Del Toro que, a pesar de las declaraciones de esas dependencias oficiales federales, subsiste el hecho de que ambas cometieron omisión en cuanto que no presentaron al gobierno canadiense la solicitud de extradición que alegan haber ejecutado, sino que sólo “dicen haberlo hecho ante autoridades mexicanas, lo que deviene en un contrasentido”, ya que informaron que esa solicitud formal sólo se la enviaron al embajador de México en Canadá, “que desde luego ni es canadiense ni mucho menos es autoridad en ese país”.
O sea, Del Toro señala al Juez que esas dependencias simplemente negaron el acto reclamado, esto es, el no haber solicitado a Canadá la extradición durante tres años, en perjuicio del derecho a la defensa del compañero Gómez Urrutia, sino hasta que el Sindicato interpuso un amparo que abrió la puerta a la formalización de dicha solicitud, por lo cual subsiste la omisión que originalmente reconoció la SRE “y que ahora pretende negar bajo un razonamiento que no tiene sustento jurídico ni mucho menos lógico”.
Por tanto, la omisión oficial reclamada por el Sindicato Minero “es cierta”. De los propios informes de la PGR y la SRE se desprende la omisión de presentar solicitud formal de extradición al gobierno de Canadá, “a pesar de encontrarse obligados a ello, con lo que se causa un perjuicio personal y directo al quejoso, en tanto se le impide ejercer los derechos de defensa a los que hace referencia el Tratado de Extradición celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y Canadá, que es Ley Suprema de México en términos del Artículo 133 constitucional”.
Para abundamiento, el abogado Del Toro señaló la inconcebible pifia absoluta que significó haber informado la SRE públicamente al Juez que la valija diplomática con la solicitud formal de extradición le llegó a la embajada de México el 24 de enero de 2009, “procediéndose a presentar la misma a las autoridades canadienses el 30 de diciembre de 2008”, o sea, según esta secuencia, la solicitud fue presentada al gobierno de Canadá 25 días antes de que la misma llegara a la embajada mexicana. Eso, aunque en otro boletín posterior, sin dar cuenta del grave yerro cronológico cometido, corrigieron que la fecha de llegada de la solicitud a la embajada de México ocurrió el 24 de diciembre de 2008.
Asimismo, prosigue Del Toro en su alegato ante el Juez de Amparo en Materia Penal, hay incongruencias significativas en las fechas que las dependencias alegan haber actuado. Mientras la SRE informó que entregó a Canadá la solicitud el 30 de diciembre de 2008, “un vocero” de la embajada mexicana en aquel país señaló, según la agencia Notimex, que no fue sino hasta el viernes pasado (30 de enero de 2009), que fue entregada la solicitud a las autoridades de ese país, con la documentación jurídica y diplomática que ampara el pedido de extradición. O sea, prosiguió el baile desordenado de las fechas: la SRE dice que la solicitud fue entregada el 30 de diciembre de 2008, en tanto que ese “vocero” no identificado de la embajada indica que ello no ocurrió sino hasta el 30 de enero de 2009.
Otra incongruencia, indicó el abogado Del Toro fue que la PGR dijo que “el gobierno de México, por conducto de la Cancillería, solicitó de manera formal a su homólogo de Canadá la extradición de Napoleón Gómez Urrutia, con fecha 30 de diciembre de 2008”, cuando ese “vocero” de la embajada mexicana indicó que tal pedido no fue presentado en esa fecha.
Dice Del Toro al Juez: “Persiste la falta de veracidad”, y agrega: “..aun cuando todas las autoridades (PGR y SRE) se han pronunciado aseverando que no es cierto que se hayan abstenido de presentar la solicitud formal de extradición ante las autoridades canadienses, resulta muy claro que ello no es así a la luz de sus propios informes justificados complementarios y primigenios”.
O sea, ambas dependencias “ahora refieren que en lugar de haber presentado la solicitud formal de extradición ante las autoridades canadienses, lo hicieron ante una instancia nacional”. Lo cual es un absurdo, acotó Del Toro.
En consecuencia, el Sindicato Nacional de Mineros insiste al Juez que requiera a las dos dependencias oficiales señaladas “para que sean claros y precisos en aceptar o negar el acto reclamado (la omisión para formalizar la solicitud de extradición) y apoyar, en caso de negar el acto reclamado, con las documentales correspondientes”. Por ello le solicita al Juez que “se tenga por cierto el acto reclamado” por el Sindicato Minero, “en el sentido de que es cierto que las autoridades responsables incurren en omisión a esta fecha (10 de febrero) de presentar la solicitud formal de extradición a las autoridades canadienses...”
El abogado defensor del Sindicato Minero concluyó señalando al Juez Décimo de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, que esas “autoridades responsables (PGR y SRE) tienen la carga de la prueba y por ello se encuentran obligadas a exhibir copias de la solicitud formal de extradición..., en la que conste su recepción por las autoridades canadienses”.
--BOLETÍN INFORMATIVO--
09/2009
Martes 10 de febrero de 2009
*Precisa la defensa legal del Sindicato Nacional de Mineros las múltiples incongruencias de la PGR y de la SRE, en su anunciada solicitud a Canadá de extradición de Napoleón Gómez Urrutia (NGU).
*Contrario a declaraciones oficiales, no hay comprobación de que tal solicitud se le haya presentado ya a ese gobierno.
*Germán Larrea Mota Velasco fue citado al Juzgado del Reclusorio Norte del DF, para mañana miércoles 11.
El Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en el Reclusorio Norte del Distrito Federal, citó para mañana miércoles 11, a las 11:30 horas, a comparecer al empresario Germán Larrea Mota Velasco, para ser interrogado por la defensa legal del Sindicato Nacional de Mineros. Esta cita incluye a su hermano Genaro Larrea Mota Velasco y a Xavier García de Quevedo, director de una de las empresas de Grupo México. La expectativa es que ahora sí se presente el dueño de Grupo México, no menosprecie a los tribunales mexicanos y se conduzca como lo hizo en Estados Unidos el año pasado, en que sí compareció ante el conflicto que dicha empresa sostiene con la ASARCO, American Smelting and Refining Company.
Por su parte, el abogado Marco del Toro Carazo, de la defensa legal del Sindicato Nacional de Mineros, informó que hoy presentó ante el Juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, un nuevo alegato en el cual precisa las múltiples incongruencias legales y de procedimiento en que han incurrido la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores, en su anunciada, pero hasta hoy no comprobada, solicitud al gobierno de Canadá de extradición del compañero Napoleón Gómez Urrutia.
En su alegato, el abogado Del Toro hizo ver cómo la Procuraduría General de la República, su Dirección de Comunicación Social y “un vocero” de la embajada de México en Canadá han estado proporcionando informaciones falsas y contradictorias sobre este asunto y con ello mintiéndole y desorientando a la opinión pública.
Reitera el abogado Del Toro que, a pesar de las declaraciones de esas dependencias oficiales federales, subsiste el hecho de que ambas cometieron omisión en cuanto que no presentaron al gobierno canadiense la solicitud de extradición que alegan haber ejecutado, sino que sólo “dicen haberlo hecho ante autoridades mexicanas, lo que deviene en un contrasentido”, ya que informaron que esa solicitud formal sólo se la enviaron al embajador de México en Canadá, “que desde luego ni es canadiense ni mucho menos es autoridad en ese país”.
O sea, Del Toro señala al Juez que esas dependencias simplemente negaron el acto reclamado, esto es, el no haber solicitado a Canadá la extradición durante tres años, en perjuicio del derecho a la defensa del compañero Gómez Urrutia, sino hasta que el Sindicato interpuso un amparo que abrió la puerta a la formalización de dicha solicitud, por lo cual subsiste la omisión que originalmente reconoció la SRE “y que ahora pretende negar bajo un razonamiento que no tiene sustento jurídico ni mucho menos lógico”.
Por tanto, la omisión oficial reclamada por el Sindicato Minero “es cierta”. De los propios informes de la PGR y la SRE se desprende la omisión de presentar solicitud formal de extradición al gobierno de Canadá, “a pesar de encontrarse obligados a ello, con lo que se causa un perjuicio personal y directo al quejoso, en tanto se le impide ejercer los derechos de defensa a los que hace referencia el Tratado de Extradición celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y Canadá, que es Ley Suprema de México en términos del Artículo 133 constitucional”.
Para abundamiento, el abogado Del Toro señaló la inconcebible pifia absoluta que significó haber informado la SRE públicamente al Juez que la valija diplomática con la solicitud formal de extradición le llegó a la embajada de México el 24 de enero de 2009, “procediéndose a presentar la misma a las autoridades canadienses el 30 de diciembre de 2008”, o sea, según esta secuencia, la solicitud fue presentada al gobierno de Canadá 25 días antes de que la misma llegara a la embajada mexicana. Eso, aunque en otro boletín posterior, sin dar cuenta del grave yerro cronológico cometido, corrigieron que la fecha de llegada de la solicitud a la embajada de México ocurrió el 24 de diciembre de 2008.
Asimismo, prosigue Del Toro en su alegato ante el Juez de Amparo en Materia Penal, hay incongruencias significativas en las fechas que las dependencias alegan haber actuado. Mientras la SRE informó que entregó a Canadá la solicitud el 30 de diciembre de 2008, “un vocero” de la embajada mexicana en aquel país señaló, según la agencia Notimex, que no fue sino hasta el viernes pasado (30 de enero de 2009), que fue entregada la solicitud a las autoridades de ese país, con la documentación jurídica y diplomática que ampara el pedido de extradición. O sea, prosiguió el baile desordenado de las fechas: la SRE dice que la solicitud fue entregada el 30 de diciembre de 2008, en tanto que ese “vocero” no identificado de la embajada indica que ello no ocurrió sino hasta el 30 de enero de 2009.
Otra incongruencia, indicó el abogado Del Toro fue que la PGR dijo que “el gobierno de México, por conducto de la Cancillería, solicitó de manera formal a su homólogo de Canadá la extradición de Napoleón Gómez Urrutia, con fecha 30 de diciembre de 2008”, cuando ese “vocero” de la embajada mexicana indicó que tal pedido no fue presentado en esa fecha.
Dice Del Toro al Juez: “Persiste la falta de veracidad”, y agrega: “..aun cuando todas las autoridades (PGR y SRE) se han pronunciado aseverando que no es cierto que se hayan abstenido de presentar la solicitud formal de extradición ante las autoridades canadienses, resulta muy claro que ello no es así a la luz de sus propios informes justificados complementarios y primigenios”.
O sea, ambas dependencias “ahora refieren que en lugar de haber presentado la solicitud formal de extradición ante las autoridades canadienses, lo hicieron ante una instancia nacional”. Lo cual es un absurdo, acotó Del Toro.
En consecuencia, el Sindicato Nacional de Mineros insiste al Juez que requiera a las dos dependencias oficiales señaladas “para que sean claros y precisos en aceptar o negar el acto reclamado (la omisión para formalizar la solicitud de extradición) y apoyar, en caso de negar el acto reclamado, con las documentales correspondientes”. Por ello le solicita al Juez que “se tenga por cierto el acto reclamado” por el Sindicato Minero, “en el sentido de que es cierto que las autoridades responsables incurren en omisión a esta fecha (10 de febrero) de presentar la solicitud formal de extradición a las autoridades canadienses...”
El abogado defensor del Sindicato Minero concluyó señalando al Juez Décimo de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, que esas “autoridades responsables (PGR y SRE) tienen la carga de la prueba y por ello se encuentran obligadas a exhibir copias de la solicitud formal de extradición..., en la que conste su recepción por las autoridades canadienses”.
