Impunidad empresarial
Napoleón Gómez Urrutia
Publicada en “La Jornada”
del día de hoy
La irresponsabilidad se ha apoderado de México conforme los más adinerados
y poderosos deciden crecientemente el destino del país y dejan sin
posibilidades de defensa a los que venden su fuerza de trabajo. Se supone que
la nuestra es una República democrática, representativa y federal, pero en la
práctica no funciona como tal en muchos aspectos. Opera más que nunca bajo el
injusto modelo de gran concentración de la riqueza, la cual provoca la
agudización de la pobreza e incrementa las desigualdades sociales entre los
pobladores de nuestro país.
Las relaciones laborales entre empleadores y asalariados son grave
muestra de ello. Los intereses particulares de los poderosos en muchos casos se
han impuesto a los trabajadores, porque estos han sido abandonados por el
Estado y por un sindicalismo corporativo, tradicional y antidemocrático que
pervirtió su función original y se ha dejado vencer por la complicidad entre
empresarios y gobierno.
Lo que ocurre estos días en Coahuila, tanto en la región carbonífera
como en la ciudad industrial de Monclova, así como en Zacatecas y en Durango,
revela que ha llegado muy lejos el abuso de los empresarios sin escrúpulos
sociales, junto con los respectivos gobiernos estatales y municipales. En
Coahuila, los charros espurios impuestos actúan con desenfreno, con el apoyo
del Grupo Acerero del Norte (GAN), cuyo director, Alonso Ancira Elizondo, es
uno de los empresarios más arrogantes, que se ha convertido en uno de los
enemigos de los derechos e intereses de los trabajadores. Este funesto y
malagradecido personaje está en el mismo nivel que el muy rapaz Germán Larrea
Mota Velasco, dueño del Grupo México, quien permanece impune de su homicidio
industrial en la mina de carbón de Pasta de Conchos, ocurrido en 2006, en el
mismo Coahuila. Germán Larrea hace maniobras financieras con las que ha
traicionado y cometido fraudes contra sus mismos socios dentro del Grupo
México, utilizando a su otra firma, la Southern Perú Copper Corporation. Lo
mismo pretendió hacer con los inversionistas estadunidenses de Asarco (American
Smelting and Refining Company). Es decir, la corrupción y el cinismo en todo su
esplendor.
El gobierno coahuilense –con los hermanos Moreira Valdés al frente– y
ese tipo de empresarios han desarrollado una asociación cómplice que pretende
dominar y controlar la vida entera de los coahuilenses. El percance ocurrido el
3 de agosto de 2012 en la mina 7 de la empresa Minerales del Norte, SA
(Minosa), que es parte del GAN de Alonso Ancira Elizondo, donde fallecieron
seis trabajadores por negligencia empresarial extrema, aplastados por toneladas
de rocas, muestra lo absolutamente lesivo que es la existencia de esa
complicidad. Hoy, los Moreira y Ancira se sienten y actúan como los nuevos
caciques neoporfiristas de Coahuila.
El GAN de Alonso Ancira, en vez de proteger a sus trabajadores, como lo
obligan la Constitución, la Ley Federal del Trabajo y los contratos colectivos
de trabajo, ha aplicado todas las maniobras para que los mineros no hagan valer
su protesta ni sus demandas de seguridad industrial, sino que además pretende
que los miembros de la sección sindical 303 de ese centro de trabajo, abandonen
su justa decisión de reincorporarse a plenitud de derechos al sindicato
nacional de mineros, del cual esa mafia político-empresarial los sacó con
amenazas de todo tipo, recurriendo al terrorismo empresarial.
A tal grado llega la actitud irracional de Ancira, que a pesar de que el
sindicato nacional de mineros logró que la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social (STPS) cerrara la mina a partir del 7 de agosto, para exigir que se
corrijan las 107 fallas graves detectadas por esta dependencia, y hasta que
existan condiciones adecuadas y seguras para reanudar labores, se negó a pagar
los salarios de hambre de 96 pesos diarios con los cuales los mineros arriesgan
la vida y salud en condiciones infrahumanas. En conjunto, esta actitud es un
abierto desafío al gobierno federal, que lo pone al margen de la ley y coloca
en debilidad a la propia administración pública nacional ante la arrogancia violenta
y desafiante de este sujeto.
En efecto, la violencia fue la respuesta de Alonso Ancira a la orden de
la STPS de pagar los salarios de los trabajadores, dado que el cierre de la
mina no es imputable a ellos. Ancira decidió tomar la mina por su propia mano,
con lujo de violencia, con la complicidad de los Moreira, para así no cumplir
la orden de la STPS. Utilizó a más de 600 delincuentes y golpeadores pagados
para desalojar a los auténticos mineros en protesta de la mina 7, dejando
heridos gravemente a 10 de estos, todo ante la mirada indiferente del
gobernador Rubén Moreira. Y la pregunta es evidente: ¿cuántas muertes más
habrán de ocurrir para que las cosas cambien en el país?
Este sujeto ha contado con la complicidad abierta de grupos
confesionales que han presionado a los trabajadores de la mina 7 a obedecer al
empresario sin ética, quien ha dicho: prefiero cerrar la mina a que regresen
los genuinos trabajadores mineros, a los territorios que él ha convertido en
verdaderos campos de concentración.
Ancira Elizondo es un empresario sin ética ni escrúpulos, que obtuvo de
las privatizaciones de hace tres sexenios un emporio minero-industrial con más
de 35 minas y plantas en Coahuila y en el resto del país, incluido Altos Hornos
de México, valuadas en libros en 20 mil millones de dólares, en sólo 105
millones de dólares, que ni siquiera se sabe si ya se los pagó al gobierno.
Ello independientemente de que lleva cerca de 10 años en suspensión de pagos.
No
cabe duda que esa combinación cómplice entre gobernantes y negociantes de este
tipo ha provocado el aumento de la irresponsabilidad y la impunidad empresarial
en México. Por el bien de la sociedad, es necesario acabar con este deterioro
moral y cumplir los grandes compromisos que debe enfrentar el próximo gobierno.