TRAICIÓN Y
CRIMEN CONTRA LA CLASE TRABAJADORA
Napoleón Gómez Urrutia
Publicada en el periódico La
Jornada
Jueves 27 de septiembre de
2012; p. 20
Cada vez son más numerosas las voces
de organizaciones y personajes que se pronuncian vigorosamente en contra de la
iniciativa de reforma laboral de Felipe Calderón Hinojosa, las cuales siguen
creciendo día con día ante la indiferencia y terquedad del gobierno y de muchos
diputados y senadores. La inconformidad y la indignación recorren a la sociedad
mexicana. Esa infame iniciativa denuncia claramente la irresponsabilidad
política y el odio profundo del actual presidente hacia la clase trabajadora
mexicana, en la cual se trasluce su parcialidad sumisa hacia los intereses
empresariales que en México han medrado con la explotación de la mano de obra y
los recursos naturales, hasta acumular riquezas de unos cuantos que aplastan lo
que debiera ser una distribución justa y correcta del ingreso nacional.
Una comisión de la 61 Legislatura en
la H. Cámara de Diputados se ha apresurado para tener listo el dictamen sobre
la propuesta de Calderón, el cual se conocerá en medio del descontento que la
iniciativa ha despertado, por sus inocultables intenciones de condenar a los
trabajadores a una esclavitud disfrazada, cuyos efectos le habrán de explotar,
cual bomba de tiempo social, al siguiente gobierno. Sería una irresponsabilidad
tan grande como la de Felipe Calderón, que el nuevo gobierno que se inicia el
1º de diciembre próximo asumiera como propia ésta, que ha sido certeramente
calificada como contrarreforma laboral. Algunos de sus promotores no saben o
pretenden ignorar los funestos resultados que le traerá a la paz social de
México, y obstinadamente se empeñan en continuar en su indigno propósito de
aprobarla.
Ello ocurre porque se han negado a
estudiar el fracaso y los efectos tan negativos que medidas similares han
traído a países como Grecia, España, Irlanda o Italia actualmente, o
Latinoamérica en años recientes. Esas naciones buscan regresar de donde a los
mexicanos apenas nos quieren llevar.
Este intento de nueva agresión contra
los trabajadores y los sindicatos es producto de la lucha de clases, pero en
este caso al revés: no para favorecer el bienestar, sino para revertirlo en la
historia hasta los tiempos del régimen elitista de Porfirio Díaz, cuando las
mayorías mexicanas tenían la bota en el cuello de la explotación despiadada de
los patrones ricos e insensibles. Estamos ante la negra perspectiva de un
retorno a 1910. Históricamente, es una ignominia la que pretenden realizar Calderón,
sus aliados políticos y sus jefes, los empresarios.
Siendo muy grave para la República
este panorama, también lo es que la infame iniciativa de Calderón no plantea
una reforma patronal y gubernamental, esta sí muy urgente, que cambie la
ideología de la ambición personal desmedida hacia la solidaridad entre los
mexicanos, y que meta al orden legal al sector empresarial, a las instituciones
y a los políticos que lucran con la explotación del trabajo humano y abusan
desde hace décadas de su posición privilegiada.
Una reforma patronal y gubernamental
es absolutamente necesaria para la salud de la Nación. Los desmanes que
frecuentemente cometen muchos empresarios e innumerables funcionarios públicos
en su papel de empleadores, no sólo contra sus trabajadores sino contra la
nación, son motivo desde hace muchos años de profunda preocupación. Las fugas
de capital al extranjero son uno de ellos, con recursos que surgieron de la
explotación abusiva de la mano de obra y del solapamiento de los gobiernos
hacia esta nefasta práctica, que significa que esos capitales van a financiar
el crecimiento de otras economías y dejan la nuestra abandonada a su propia
suerte. Los muy bajos impuestos que pagan las empresas poderosas es otro abuso
más, donde incluso esos gobernantes los premian, retornándoles cantidades
increíbles de la muy baja tributación que aquellas pagan al fisco, con lo cual
propician la corrupción y engañan a los trabajadores para evitar cubrir el 10
por ciento de las utilidades reales a que están obligados por ley. Los ejemplos
están por todas partes. Es muy urgente, por lo tanto, una reforma patronal y
gubernamental antes que una laboral, que obligue a los empresarios a
transparentar las utilidades reales que obtienen y su pago proporcional a los
trabajadores. El nuevo gobierno está obligado a gobernar para todos, y no puede
hacerlo más que en esa línea de acción y de conducta.
Es indignante que muchos de los que
hablan o escriben hoy y apoyan esta iniciativa, le exijan a los sindicatos
transparencia y rendición de cuentas y dejen a los patrones a salvo de
cualquier obligación similar. En esos medios de comunicación no se les exige
someterse a esta misma conducta ni rendir cuentas claras de su proceder,
acomodados en la complicidad con los políticos poderosos. En cuanto al
Sindicato Nacional de Mineros, y estoy seguro que en muchas organizaciones más,
desde su nacimiento –en 1934–, nosotros sí les rendimos siempre cuentas
transparentes a quienes, de acuerdo con nuestros Estatutos, son los
depositarios únicos de esa facultad, los trabajadores, no una autoridad que
cuando menos ha sido siempre sospechosa de no rendirle cuentas claras al pueblo
de México. Este es el caso de los arqueos de caja permanentes, las auditorías
contables y financieras que realiza el consejo general de vigilancia y
justicia, así como los informes obligados por Estatutos, que son transparentes
en cada convención nacional, para el estudio y aprobación de todos los
delegados.
La iniciativa de Calderón es
absolutamente discriminatoria. Lo justo es que los patrones deben ser obligados
al mismo régimen de transparencia de sus manejos y recursos que le están
exigiendo a los sindicatos. La reforma patronal que se necesita debe incluir la
exigencia de la toma de nota para los dirigentes de las asociaciones de
empresarios y para los patrones que representan, con el fin de saber si todos
ellos cumplen con las leyes, si transparentan y están al corriente en sus
obligaciones fiscales, si acatan sus compromisos legales en materia de
seguridad industrial y protección de la salud, así como en la siempre ausente
protección del medio ambiente. Es preciso que su incumplimiento genere castigos
penales verdaderamente severos a los patrones o funcionarios públicos que
violen las leyes en cualquier ámbito de la actividad económica nacional.
Es exigencia social que los hombres de
empresa se comprometan con el país, lo mismo que los funcionarios públicos que
los solapan. Esa es la médula de un sistema democrático, lo demás son engaños y
demagogia que seguramente generarán fuerte inestabilidad y crisis social para
el país. Si desafortunadamente llegara a suceder, que nunca se nos olviden los
nombres de los que hoy, por intereses personales o de grupo, están traicionando
y actuando en contra de los derechos de la clase trabajadora, de la población y
de México en su conjunto.